El Constitucional avala la indemnización de 6 millones a los familiares de las víctimas del Yak-42

• No admite a trámite el recurso promovido por la empresa Chapman Freeborn
• Apoya así la sentencia del Supremo que confirmó la condena a tres empresas

El Tribunal Constitucional avala la condena a tres empresas a indemnizar con más de seis millones de euros a las familias de los 62 militares que murieron en el accidente del Yak-42, según una providencia hecha pública este lunes.

El Alto Tribunal rechaza así, según cita Efe, el recurso de amparo promovido por la empresa alemana Chapman Freeborn contra la sentencia del Tribunal Supremo que en 2011 confirmó la condena a ésta y a otras dos empresas a indemnizar a las familias de las víctimas.

La sala segunda del Constitucional no ha admitido a trámite el recurso por "la manifiesta inexistencia" de la violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, necesario para ejercer dicha tutela.

En el caso de que el fiscal no interponga recurso de súplica en el plazo de tres días, el Tribunal Constitucional archivará estas actuaciones "sin más trámite".

"Una sucesión de contratos"

El Tribunal Supremo confirmó, el 13 de noviembre de 2012, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que en 2010 condenó a Chapman Freeborn y a otras dos empresas a indemnizar con más de seis millones de euros a las familias de los militares muertos en el accidente.

De esta forma, la Sala Primera de lo Civil del Supremo desestimó el recurso que interpuso contra esa sentencia la empresa alemana Chapman Freeborn que, junto a Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), fue la responsable de organizar el vuelo que se estrelló en Turquía cuando los militares regresaban a España desde Afganistán.

La sentencia de la Audiencia de Zaragoza estableció que la causa del accidente fue fruto de "una maniobra desastrosa" de los pilotos en un intento de aterrizaje de un modo técnicamente inadecuado a las circunstancias concurrentes.

UM Air fue la empresa encargada del transporte, "merced a una sucesión de contratos en la que intervino Chapman Freeborn" como transportista contractual, por lo que la Audiencia Provincial, y después el Supremo, la consideran responsable civil del accidente, junto a la compañía ucraniana y a la aseguradora Busin Joint.

El TS, al igual que hizo en su día la Audiencia, negó que el Estado fuera responsable "de la deficiente ejecución de la prestación del servicio de transporte por las empresas obligadas a realizarlo con seguridad".

Maniobra "temeraria"

El pasado mes de febrero el Constitucional también rechazó el recurso de las familias contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar definitivamente la causa abierta para investigar las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42.

En febrero de 2010 se celebró, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, el segundo juicio civil, ya que el primero había sido anulado por la Audiencia Provincial por un defecto de forma, contra las compañías que fletaron el vuelo, que fueron condenadas a pagar indemnizaciones por valor de 6.125.000 euros.

La sentencia estableció que un error humano, fruto de "una maniobra desastrosa", fue la causa del accidente en el que murieron los militares españoles y descartó la incidencia de otros agentes meteorológicos o de los controladores turcos. El fallo reconoció que era inconcebible e inexplicable la forma en que se hizo la maniobra de aproximación al aeropuerto, que calificó de "temeraria", y descartó la incidencia de otros agentes, meteorológicos o de los controladores turcos.

En marzo de 2010, el Tribunal Supremo confirmó la condena de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 3 años de prisión impuesta al general de Sanidad Vicente Navarro, quien falleció unos meses más tarde a causa de una enfermedad, y de 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capital Miguel Sáez por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en el accidente.