La Audiencia Nacional sube las penas por estafa continuada a los encargados de Fórum y Afinsa

• Los jueces Ruz y Pedraz defienden una pena de hasta 13 años y medio
• Les atribuyen blanqueo de capitales, insolvencia punible y cuentas falsas

Los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Santiago Pedraz han elevado las penas que imputan a los responsables de las sociedades filatélicas Fórum y Afinsa, al considerar que podrían haber cometido un delito continuado de estafa, castigado con hasta 13 años y medio de cárcel.

En un auto notificado este martes, el juez Ruz transforma las diligencias en sumario, al superar el delito continuado de estafa el límite de nueve años de cárcel establecido para los procedimientos abreviados, y les atribuye además los de blanqueo de capitales, falseamiento de cuentas anuales e insolvencia punible.

Ruz defiende la posibilidad de aplicar la pena superior correspondiente al delito de estafa en dos grados tras constatar que el fraude alcanzó "una notoria gravedad", ya que asciende a 3.702.770,423 euros, y que existen "múltiples perjudicados" por la misma, al haberse identificado a 269.203 titulares de contratos filatélicos.

El juez, que también destaca en su resolución que "muchos de los clientes habrían realizado su inversión por un importe superior a los 50.000 euros", libra los oficios oportunos para que un segundo perito analice los informes que obran en la causa, que se encuentra en la fase final de la instrucción.

Pedraz, por su parte, transformó en sumario las diligencias que seguía contra los responsables de Afinsa en un auto dictado el pasado 22 de marzo, según informaron fuentes jurídicas.

Dinero en paraísos fiscales

En mayo de 2012, la Fiscalía Anticorrupción dio por finalizadas estas investigaciones a pesar de no haber encontrado el dinero de los clientes, que presuntamente se ha evadido a paraísos fiscales, según explicaron a Europa Press fuentes fiscales.

Las dos entidades, que tenían cerca de 480.000 clientes perjudicados que perdieron 4.800 millones de euros, fueron intervenidas judicialmente el 9 de mayo de 2006.

Las dos causas suman más de una treintena de imputados por presuntos delitos de estafa, contra la Hacienda Pública, administración desleal, blanqueo de capitales, insolvencia punible y falsedad documental.