La sentencia que anula el cálculo de pensiones a tiempo parcial supondrá 1.900 millones al año

• Este es el coste estimado si no se establece un nuevo modelo
• Ahora se debe calcular la pensión bajo el precepto "día trabajado día cotizado"
• Solo las reclamaciones de pensiones no concedidas supondrían 1.500 millones
• Empleo ve "grave" la sentencia y dice que introduce "inseguridad jurídica"
• La ley permite retrasar el reconocimiento de la pensión hasta tres meses

La sentencia que anula el cálculo de pensiones a tiempo parcial supondrá 1.900 millones al año

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha avanzado este martes que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el sistema de cálculo de la pensión para empleados a tiempo parcial podría tener un coste anual del orden de 1.900 millones de euros si no se establece un nuevo modelo.

En su intervención en la comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso,    Burgos ha destacado que la sentencia obliga a que ahora para calcular  la futura pensión de un trabajador a tiempo parcial se aplique el  precepto de "día trabajado día cotizado".

Luego, en declaraciones a la prensa, Burgos ha destacado que la "nulidad radical" de la sentencia  afecta tanto al cobro de las pensiones como a la percepción de  subsidios. Preguntado por qué alternativa estudia la Seguridad Social hasta que el Gobierno apruebe un nuevo sistema de cómputo, Burgos ha respondido que la ley permite retrasar el reconocimiento de la pensión hasta tres meses.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha cifrado en unos 82.000 los trabajadores a tiempo parcial afectados en 2012 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado nulo el sistema de cálculo que se les aplica para fijar su pensión. Según sus estimaciones,  los afectados por el no reconocimiento de su pensión en 2012 ascenderían a unos 50.000, a los que habría que sumar otros 32.000 a los que no se les paga un subsidio.

Más dinero en pensiones

Para el secretario de Estado el fallo  introduce "inseguridad jurídica",  ya que, ha explicado, fija que le  corresponde a los órganos judiciales  "la tarea de determinar la  normativa aplicable acudiendo a las normas  interpretativas del derecho" en el caso de las reclamaciones de    prestaciones desde 1995, puesto que la sentencia tiene efecto  retroactivo

Burgos, que ha asegurado que al Gobierno le parece "grave" la sentencia, ha pronosticado que  generará "dispares interpretaciones ante la inexistencia de un criterio que colme la laguna  legal existente".

Hay que recordar que el TC declaró nulo el método empleado para calcular  el tiempo cotizado de los trabajadores a tiempo parcial, lo que  conlleva, entre otros efectos respecto de la cuantía de las pensiones o  el cumplimiento de los períodos de carencia, con lo que se aumenta el  número de pensiones a reconocer.

“No hay lugar a dudas del potente impacto económico sobre el sistema que supone esta sentencia“

Según ha añadido Tomás Burgos, las reclamaciones de pensiones no concedidas en los años anteriores -salvo aquellas que tienen sentencia firme en contra- supondrían un gasto no inferior a los 1.500 millones de euros anuales en el pago de las reclamaciones de los que tendrían que haber  accedido a la pensión desde el año 1995, cuando entró en vigor la norma  actual.

Mientras el número de nuevas pensiones a reconocer anualmente se traduciría en un aumento de gasto anual próximo a los 100 millones de euros, cifra que es acumulativa en el tiempo con las nuevas altas que se produzcan cada año.

En suma, el sistema llegaría a tener un aumento de gasto anual del orden de 1.900 millones de euros. “No hay lugar a dudas del potente impacto económico sobre el sistema que supone esta sentencia”, sostuvo Burgos.

Un sistema injusto

Según ha explicado, el sistema transitorio a aplicar en   las nuevas altas también guarda inequidades. Como ejemplo, ha   indicado que un trabajador a tiempo completo que cotice por la base   mínima (641,3 euros) verá reconocida un pensión de 618 euros  mensuales,  el 96,5% de su salario mínimo, mientras que un trabajador  a tiempo  parcial obtendría el 240% de su retribución media.

“La ampliación de los derechos de unos no puede llevar a  la  injusticia para otros“

Por ello, ha recordado que la aplicación de un sistema de día   cotizado por día trabajado será "especialmente lesivo" para los   trabajadores que acumulan su trabajo a tiempo parcial en el fin de   semana o en otros periodos concretos, ya que contabilizarían a la  larga muchos menos cotizados.

De esta forma, Burgos ha vuelto a insistir en que hay que evitar  que  la revisión de este sistema de cotización no derive en otro aún  más  injusto. "La ampliación de los derechos de unos no puede llevar a  la  injusticia para otros", ha añadido.

Negociaciones en marcha

Burgos ha llamado a acelerar los trabajos para que "a la   tercera sea la vencida", tras dos sentencias en contra del actual   sistema, la segunda de ellas la del Tribunal Constitucional. "No se  puede  volver a fallar", ha dicho.

La preocupación del Ejecutivo ha llevado, según ha dicho Burgos, a abrir un proceso de diálogo social y político para acordar una solución a este asunto, que “adecuando los niveles de protección del tiempo parcial no incluya despropósitos que terminen por desajustar completamente el sistema”, abriendo nuevas discriminaciones y dejando en nada los principios de contributividad y equidad básicos para un sistema como el español.

El acuerdo entre Gobierno y agentes políticos y sociales debería permitir, además, dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional; dotar de mayores niveles de sostenibilidad y viabilidad al sistema de prestaciones económicas; y evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como la desincentivación de la cotización al Sistema de la Seguridad Social.