Financiación, reparto de los fondos y evaluación de la formación de parados

• La formación profesional para el empleo cuenta con 1.800 milllones este año
• La mayor parte se financia con la cuota de formación de cotizaciones sociales
• La gestión de políticas activas se realiza, en gran parte, en las comunidades
• Los sindicatos denuncian la lentitud en la supervisión de la gestión autonómica

La formación de los parados se incluye en las llamadas políticas activas de empleo y -como otra de las patas de esas políticas: la formación de trabajadores ocupados- se está financiando en gran medida con la cuota de formación profesional de las cotizaciones de empresas (0,6%) y empleados (0,1%). La reforma de este sistema de políticas activas se pretende aprobar este viernes en el Consejo de Ministros, aunque el Ministerio de Empleo ya ha adelantado algunos rasgos, como el de mejorar la vinculación entre políticas activas y pasivas.

Esa financiación de la formación profesional se gestiona desde distintos organismos: el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por un lado y, por otro, las comunidades autónomas.

Dentro de la gestión Estatal, la Fundación Tripartita –integrada por sindicatos, CEOE/Cepyme y Gobierno central- se encarga de evaluar con criterios técnicos las solicitudes de subvenciones de empresas, sindicatos y entidades públicas y privadas para ejecutar planes de formación para trabajadores ocupados (que ahora admiten hasta un 40% de parados) para que el SEPE decida qué programas se financian.

En torno a 1.800 millones de euros para formación para el empleo

Con la recaudación de las cuotas de formación se han conseguido 1.860 millones de euros para este año (según datos del Servicio Público de Empleo Estatal proporcionados por CCOO).

En los Presupuestos Generales del Estado se especifica que esas cuotas son "la principal fuente de financiación de la formación profesional para el empleo" y que, de ellas, la mitad se destinará a "la formación de la demanda [la pedida por las empresas], la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, formación en las Administraciones Públicas y los gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Tripartita".  (Ver pág. 227 del capítulo de Fomento del empleo en el Informe Económico y Financiero de los PGE).

"El 50% restante se destinará inicialmente a financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados y los programas públicos de empleo y formación", concluye el informe.

Aparte de las cuotas, el Fondo Social Europeo (FSE) y el Estado aportan recursos, aunque no se concreta la contribución del Estado más allá de la entrega de la recaudación de la cuota de formación.

Según ese informe de los Presupuestos del Estado, se han solicitado 650 millones al fondo europeo, "que se prevé van a financiar en 2013 determinadas acciones que inciden en el gasto en políticas activas del SEPE". Sin embargo, no se detalla cuántos se destinarán específicamente a formación de ocupados y desempleados.

Con esas fuentes, pero sin concretar cuánto llega desde cada una, los PGE cifran en 1.801 millones de euros los fondos que se dedicarán este año a formación para el empleo.

Según los datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y recopilados por CCOO (ver cuadro en .pdf), en 2013 deberían dedicarse 1.777,39 millones estrictamente a la formación profesional, un 16% menos que en 2012 (2.116,8 millones). En esa cantidad no se incluye el dinero dedicado a gastos corrientes y de funcionamiento.

De ellos, 825,19 millones se destinarían a formar parados (1.197,93 millones en 2012) y otros 952,2 a la formación continua de ocupados (918,87 millones el año pasado). A eso se añadirían otros 246,5 millones para oportunidades de formación o empleo, una partida que puede destinarse indistintamente a uno u otro fin.

Críticas de sindicatos y patronal

Los sindicatos UGT y CC.OO. dudan de que se esté destinando la totalidad de esos fondos a formación, tanto a nivel estatal como autonómico. RTVE.es ha tratado de obtener, sin éxito, la versión del Ministerio de  Empleo sobre este punto y el resto del sistema de políticas activas.

Francisco Moreno, de la Secretaría Confederal de Formación de CC.OO. indica que “el problema más grave es que se han utilizado fondos de formación para otras cosas”. Entre otras cosas, CC.OO. y UGT sospechan que se usan para financiar parte del Plan Prepara, los 400 euros que se pagan a parados sin otra prestación y que se vinculó en sus orígenes a la formación.

Sobre ese punto, la secretaria de Formación de UGT recuerda que “la cuota de formación es finalista y debe utilizarse para lo que se ha recaudado”, tal y como ha fijado el Tribunal Constitucional en siete sentencias recientes relativas a la formación profesional.

La patronal CEOE va más lejos y subraya que esas  sentencias determinan que la financiación de las políticas activas  destinadas  a desempleados "debe provenir de los  Presupuestos Generales  del Estado" y no de la cuota de formación, cuyos fondos "deben  reorientarse, prioritariamente, para la formación de ocupados, en aras a  mantener el puesto de trabajo".

Fondos a disposición de las comunidades

Pero esas cifras globales -que varían un poco según se consulten unas fuentes u otras-, se complican después de repartirse entre las comunidades.

Según el cuadro de CC.OO. con datos del SEPE, las autonomías dispondrían este año de en torno a 620 millones de euros para formar desempleados.

En la Conferencia Sectorial del 11 de abril que repartió entre las autonomías los fondos de formación para este año, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cifró en 1.342,58 millones de euros los recursos disponibles para distribuir entre las comunidades para el conjunto de políticas activas, pero no se especificó qué parte de ese dinero se destinaría a formar parados.

Para tratar de conocer la situación actual, RTVE.es solicitó información a las 17 autonomías, pero solo contestaron tres: País Vasco, Madrid y Cantabria, lo que impide hacer un análisis global.

En la misma reunión sectorial con las comunidades, Báñez también reiteró que este año, por primera vez, parte de la financiación para formación se ha distribuido entre las comunidades autónomas en función de los resultados obtenidos en los objetivos marcados anualmente desde el Gobierno central.

Esos objetivos fueron tres en 2012, según recoge el informe de los PGE: “Impulsar la activación de los desempleados, incentivando el pronto retorno a la ocupación; contribuir al envejecimiento activo y facilitar la activación de los trabajadores de más edad, y reforzar el sistema de políticas activas sobre la base del principio de eficiencia, permitiendo que los limitados recursos disponibles se destinen a aquellas iniciativas más útiles para desarrollar la empleabilidad de los trabajadores”.

Así, la ministra explicó este martes en el Senado que, este año, el grado de cumplimiento de esos objetivos condicionará el reparto del 15% de los fondos disponibles. Ese porcentaje subirá hasta el 40% en 2014.

Supervisión y evaluación de resultados

La distribución de ese 40% del dinero se hará en función de los logros en los cuatro objetivos marcados por Empleo para este ejercicio: mejorar la empleabilidad de los jóvenes y el apoyo al emprendimiento; mejorar la empleabilidad de colectivos como los parados de larga duración, los mayores de 55 años y los receptores del Prepara; mejorar la calidad de la formación para el empleo, y mejorar la vinculación de políticas activas y pasivas.

Esto implicará que el Estado evalúe el cumplimiento de cada autonomía, que deberá justificar el uso de esos fondos.

Hasta ahora, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas supervisan la formación de ocupados y la pequeña parte de la dirigida a desempleados que gestiona directamente el SEPE.

La formación de parados gestionada por las autonomías debería controlarse desde el propio SEPE y los tribunales de cuentas autonómicos.

“En algunas comunidades se ha hecho ese control y otras van a empezar la supervisión este año”, explica Francisco Moreno, de CC.OO.  Desde UGT, Teresa Muñoz asegura que “la supervisión por parte del Estado de la utilización de los fondos de formación es muy lenta y va con dos años de retraso”.

Ese retraso en la información, añade Moreno, “es un problema para el SEPE, que es el responsable ante la UE de la gestión de lo recibido del Fondo Social Europeo y necesita los datos anuales para justificar su acción”.