El Supremo ve indicios para sentar en el banquillo al juez que "asesoraba" en el caso ITV

• Ahora, el fiscal podrá pedir la apertura de juicio oral o el sobreseimiento
• Así lo ha confirmado el TS en un auto que permite seguir con la causa
• Se le investiga por supuesto "asesoramiento de favor a empresarios"
• En la trama está imputado el exsecretario general de CDC, Oriol Pujol

El Tribunal Supremo ha permitido al juez pedir la apertura del juicio  oral contra el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  (TSJC) Joaquín Ortiz Blanco, investigado por su presunta relación con la  trama para la concesión irregular de licencias de ITV en Cataluña.

Lo ha hecho en un auto que permite continuar con la causa por un presunto delito relativo a las negociaciones y actividades prohibidas  a los funcionarios, y traslada la causa al fiscal para que en diez días  solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o  el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de  diligencias complementarias.

El TS abrió la investigación a Ortiz después de que el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona viese indicios de que realizaba "asesoramiento en interés y al servicio" de  los empresarios del sector Ricard P. y Enric M., cuando estos  presentaron varios recursos en la Sala que él preside contra  resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones de ITV.

Conversaciones  telefónicas intervenidas y testigos llevaron a la juez de instrucción a  sospechar que estos empresarios contactaban con Ortiz para buscar "la fórmula más rápida y buena", indicando expresamente que no realizaban ninguna propuesta sin antes consultarla con él.

Se trata de la trama en la que un grupo de empresarios pretendían supuestamente obtener concesiones irregulares de ITV y por la que también está imputado el exsecretario general de CDC, Oriol Pujol.

Ortiz  Blanco es presidente de la Sección 5 de la Sala Contencioso  Administrativo del TSJC, competente para decidir los recursos en materia  de seguridad industrial, y por lo tanto "en todas las cuestiones  relacionadas con la concesión y aprovechamiento de las estaciones de ITV", recuerda el auto del Supremo.

Al  menos hasta mediados de 2012, el juez mantenía una relación de amistad  con Ricard P., administrador de la empresa Certio ITV SL, y con Enric  M., que tenía intereses en esta entidad, hasta el punto de que hicieron juntos un viaje a Dubrovnik en abril de 2010, además de quedar para comer en numerosas ocasiones.

Entre  2010 y 2011, el juez y Ricard P. se enviaron numerosos correos  electrónicos relacionados con asuntos de las ITV que deberían ser  resueltos por la sala del primero.

"Le he dado mi OK"

Aunque  el Supremo ve "relevante a los efectos de la imputación" del juez su  mediación en distintos momentos, pone especial énfasis en la  presentación por parte de Certio de un recurso contencioso  administrativo en el juzgado de Ortiz pidiendo la paralización cautelar de la adjudicación de un lote de estaciones.

Antes  de presentarlo, Ricard P. le envió por correo un borrador del recurso  al que Ortiz respondió: "Le he dado mi OK. Confírmale que por vuestra  parte puede presentarlo. Ya hablaremos despacio. Un abrazo, Joaquín";  ese día, presentó el recurso con el mismo texto.

“Ya hablaremos despacio. Un abrazo“

"En  varias ocasiones orientó a los citados Ricard P. y Enric M. acerca de  la posible solución de las cuestiones existentes exponiendo su punto de  vista sobre el particular,  lo que permitía a estos adoptar con antelación las decisiones que tuvieran por conveniente", concluye el Supremo.

Pese  a estar investigado, el juez ha continuado dictando varias sentencias  sobre la adjudicaciones de estaciones de ITV y no se le ha apartado de  su cargo.