El Constitucional mantiene la suspensión de la paga extra de Navidad a los funcionarios vascos

• Opina que abonarla afectaría a la coherencia de la política económica estatal
• El anterior Gobierno socialista vasco decidió pagar la extra de 2012
• El tribunal atiende el recurso de Madrid sin analizar el conflicto de competencias
• Tampoco se prejuzga la constitucionalidad de eliminar esa paga adicional

El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de la paga extra de diciembre de 2012 a los funcionarios vascos al considerar que levantar esta medida "tendría efectos desfavorables" para la "necesaria coherencia de la política económica del Estado" que "exige un carácter unitario".

Esta decisión ha sido acordada en un auto hecho público en el que el Tribunal Constitucional no entra a analizar el fondo del conflicto de competencias entre los Gobiernos central y vasco por esta cuestión y tampoco enjuicia la constitucionalidad de la supresión de la citada paga.

El Gobierno de Mariano Rajoy acordó vía decreto en julio de 2012 eliminar la paga de la extra de Navidad a los empleados públicos dentro de un paquete de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El anterior Ejecutivo socialista vasco ordenó en una de sus últimas decisiones pagar esta extra y el Gobierno central planteó entonces un conflicto de competencias ante el Constitucional.

Cuando éste lo admitió a trámite, el 11 de diciembre de 2012, el abono de la extra quedó paralizado al decretarse su suspensión cautelar.

Ahora, en un auto fechado el pasado 23 de abril, el Constitucional se pronuncia sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar y opta por su mantenimiento recogiendo los argumentos que en su día trasladó el Abogado del Estado.

Así, el alto tribunal considera que el levantamiento de la suspensión "podría poner en peligro la efectividad de una medida de política económica general relacionada con el conjunto de la política estatal encaminada a lograr la contención del déficit y el endeudamiento".

"Tratamiento uniforme"

Recuerda que la adopción de decisiones unitarias en materia de política económica es "una consecuencia de la necesidad de dar un tratamiento uniforme a determinados problemas" con base en el objetivo de "interés general" y de evitar a que se produzca un "resultado disfuncional y disgregador" en España.

Añade que no se puede calificar de "excesivo o desproporcionado" continuar con la suspensión aunque reconoce que se trata "de la imposición de un sacrificio desde el punto de vista retributivo a todos los empleados públicos".

Además, el Constitucional asegura que la "eficacia" de este "sacrificio", tanto en "el plano material de contribuir a la reducción del déficit público del año 2012 como en el de la credibilidad internacional de España como nación que cumple sus compromisos financieros", se "revela como de suficiente entidad como para justificar el mantenimiento de la medida hasta la decisión final del presente proceso".

"Se evitan situaciones de desigualdad"

Agrega que con su decisión se "evita la consecuencia extravagante de generar situaciones de desigualdad a favor" de los funcionarios vascos con respecto al resto de empleados públicos de las diferentes administraciones del Estado.

El Constitucional concluye finalmente que los "posibles perjuicios a los intereses generales" que podría suponer el levantamiento de la suspensión "son suficientes" para que se "pronuncie, en fase cautelar, y aún sin anticipar la resolución de fondo" a favor del mantenimiento de la suspensión en su día acordada.

El conflicto por la paga extra de Navidad ha sido heredado por el actual Gobierno Vasco, del PNV, que el pasado 14 de abril recurrió ante el Tribunal Constitucional cinco artículos del citado decreto ley de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo central al considerar que en él se invaden competencias propias.

Entre otros puntos, se recurrió la supresión de la extra, los días libres de los empleados públicos y la regulación de los horarios comerciales. 

Adelantar la extra de junio

Debido a este conflicto abierto, el Ejecutivo del PNV elaboró una ley -que fue aprobada el pasado diciembre por el Parlamento vasco- que permite abonar en enero la paga extra de junio y adelantar la de diciembre al comienzo del verano.

Además de País Vasco, el Parlamento de Navarra aprobó pagar un complemento salarial a los funcionarios equivalente a la paga extra de Navidad, una decisión también recurrida por el Gobierno ante el Constitucional.

Antes de eso, el presidente de Extremadura, el popular José Antonio Monago, amagó con abonar la extra a los empleados públicos de su comunidad, lo que le valió una advertencia del Ejecutivo de Rajoy.