La juez Alaya prorroga el secreto sumarial en los ERE por posibles "nuevas líneas de investigación"

• La magistrada señala que las informaciones "están resultando muy relevantes"
• Se esperan datos "sobre transacciones" que revelarían el origen de los fondos
• Gráfico: Quién es quién en el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos supuestamente gestionados por la Junta de Andalucía ha prorrogado por sexto mes el secreto sumarial, ya que el análisis de la "ingente" documentación  intervenida por la Guardia Civil en la segunda fase de la investigación puede derivar en la apertura de  "nuevas líneas de investigación" sobre la desviación de fondos públicos.

La  juez de Instrucción número 6 de Sevilla justifica la prórroga del secreto en   que "todavía se están recibiendo respuestas a las solicitudes  enviadas" y en concreto se refiere a datos sobre los "soportes documentales de  varias  transacciones que revelarían el origen de los fondos objeto de  las  mismas". Así lo señala en el auto, por el que prorroga el secreto en el caso de los ERE, al que cita Europa Press.

Según la magistrada, las informaciones recibidas hasta el momento  sobre este extremo "están resultando muy relevantes para la  investigación, amén de la ingente documentación intervenida en los  registros efectuados, cuyo análisis detenido podría abrir nuevas  líneas de investigación".

Declaraciones y escritos pendientes de análisis

La juez pone de manifiesto que tal y como ya expuso en  el último auto de prórroga, "la importante operación policial llevada  a efecto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,  amparada por el secreto parcial, aún no ha concluido", ya que "está  pendiente que por dicha Unidad se analicen escritos presentados que  guardan relación con declaraciones aún pendientes".

El auto se refiere a las declaraciones todavía pendientes del administrador de Uniter, José  González Mata, y del abogado Carlos Leal, del bufete Estudios  Jurídicos Villasís.

Así, la juez decide prorrogar el secreto un mes más "en aras de  salvaguardar el buen fin" de la instrucción "y evitar la  manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba,  o incluso que parte interesada pudiera influir en alguno de los  implicados o testigos, anulando con todo ello la acción policial y  judicial que se viene llevando a efecto".

La investigación tiene por objetivo "determinar en definitiva si  hubo desviación de fondos públicos procedentes de la Junta de  Andalucía hacia fines distintos de los legalmente establecidos",  recuerda Mercedes Alaya en su auto.

Segunda fase de investigación en el caso de los ERE

La magistrada, igualmente, insta a la UCO "para que emplee la  máxima diligencia, dando cuenta periódica del avance de sus  investigaciones", centradas en indagar quiénes son los "verdaderos"  beneficiarios de los fondos públicos investigados y el supuesto cobro  de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las  pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

En un auto dictado el pasado mes de abril, la juez ya aseguró que  las diligencias desarrolladas por la UCO dentro de la operación  'Heracles' "van a suponer un punto y seguido a las diligencias de  averiguación" que practica la Benemérita, "pues mucha de la  documentación intervenida se encuentra en soporte informático y es  claro que del análisis de esta documentación podrán derivarse nuevas  diligencias asociadas".

Dentro de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia  Civil de forma simultánea en siete provincias españolas fueron  detenidas 22 personas --de las que cuatro ingresaron en prisión--,  mientras que otras nueve que ya figuraban como imputadas fueron  llamadas a declarar ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla,  quien mandó a prisión a tres de ellas.

En total, ingresaron en prisión siete personas, entre las que  destacan el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social  Francisco Javier Guerrero; el 'conseguidor' de los ERE y  exsindicalista de UGT Juan Lanzas, o exdirectivos de Vitalia.  Actualmente, sólo seis permanecen en la cárcel, ya que Ismael Sierra,  cuñado de Lanzas, consiguió abandonar la prisión tras abonar una  fianza de 50.000 euros.