Una diputada del PSM llama "corrupto" a González y este anuncia que se querellará

• El presidente de la Comunidad también ha llamado "corrupta" a Menéndez
• El juez de Gürtel pregunta al fiscal si debe realizar nuevos interrogatorios
• El Gobierno de Madrid ha defendido la actuación de Aguirre en Gürtel
• Madrid fraccionó contratos con empresas de Gürtel para evitar concursos

La diputada del PSOE de la Asamble a de Madrid Maru Menéndez ha sido expulsada del parlamento regional por llamar "corrupto" al presidente de la Comunidad, José Igancio González. Tras el incidente, este ha anunciado que se querellará contra la socialista.

Menéndez ha aprovechado una pregunta dirigida al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, para tildar a González de presidente "corrupto" y vincularle al caso Gürtel.

La Unidad de Auxilio Judicial de la AN reveló en un informe que la Comunidad fraccionó hasta 104 contratos con empresas de Gürtel para evitar los concursos públicos.

El presidente madrileño ha exigido que retirara el calificativo y, ante su negativa, ha anunciado que va a interponer una querella y ha llamado a la diputada, a su vez, "corrupta". "Si es así vaya a los tribunales que no tengo ningún miedo", ha insistido González.

Precisamente, minutos antes el presidente regional ha reclamado a la diputada socialista que ponga sobre la mesa las razones por las que le ha acusado de "corrupto" en el pleno de la Asamblea de Madrid.

En respuesta al presidente, Menéndez también le ha pedido que retire esas acusaciones y ha asegurado que ella tiene "toda la tranquilidad, la honestidad y ningún informe de la UDEF" que le vincule con ninguna supuesta contratación irregular.

Ruz pregunta al fiscal si debe realizar nuevos interrogatorios

Mientras, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe realizar nuevos interrogatorios a raíz del informe que concluye que la Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de104 contratos con la red Gürtel.

Así consta en una providencia dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en la que pregunta a los representantes del Ministerio Público si consideran oportuna la práctica de nuevas diligencias de investigación para esclarecer los contratos adjudicados por el entorno del exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.

El informe de la Intervención General del Estado, al que tuvo acceso Europa Press, analiza un total de 686 operaciones por un importe de 6.484.080,07 euros adjudicados por la Administración autonómica que se concretaron en seis expedientes de contratación por un importe total de 1.148.271,62 euros y en 657 expedientes tramitados como contratos menores por un total de 5.335.808,45 euros.

En 104 casos, según recoge el dictamen, ha quedado "acreditado" el fraccionamiento de los contratos en varios servicios, siempre por una cuantía inferior a los 12.020,24 euros, con "la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que sería un concurso".

También se destaca que se llevaron a cabo actos "negociados sin publicidad" como la presentación del Plan Prisma o la fabricación del 'stand' de la feria Integramadrid 2008, en los que no se promovió "realmente" la concurrencia "vulnerando los principios aplicables a la contratación pública".

El Gobierno madrileño defiende a Aguirre

Asimismo, el portavoz del Gobierno de Madrid, Salvador Victoria, ha restado importancia al último informe sobre el caso Gürtel al señalar que "no es nuevo" y que ya en su día la expresidenta Esperanza Aguirre dio "ejemplo" al apartar "de forma inmediata y con contundencia" a los posibles implicados.

El portavoz del Gobierno regional ha defendido la actuación que llevó a cabo Esperanza Aguirre desde el momento en que saltó el caso Gürtel al recalcar que apartó de sus cargos a los posibles implicados, respetando siempre su presunción de inocencia.

Salvador Victoria ha considerado que esos contratos tuvieron una "incidencia insignificante", ya que suponen el 0,5 por mil del volumen de contratación de la región, y que además fueron fiscalizados "favorablemente" por la Comunidad.

También ha remarcado que aquellos contratos cumplían el requisito de tener los informes preceptivos, jurídicos o los correspondientes por parte de los centros directivos.