Internacionalización de pymes y formación dual, nuevas tareas de las Cámaras de Comercio

• Se fija en el anteproyecto de la nueva ley aprobada por el Consejo de Ministros
• El Gobierno creará un comité de expertos para mejorar el gobierno corporativo

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de la nueva Ley de  Cámaras de Comercio, que orienta a esos organismos hacia el apoyo a las empresas en campos como la internacionalización, el arbitraje o la formación profesional dual.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la nueva norma quiere "aprovechar el potencial de las Cámaras, la red que tienen, la formación y la experiencia para colaborar en la internacionalización de las pymes y la implantación de la formación dual como elemento básico de la mejora de la formación profesional" con la que el Ejecutivo  pretende reducir el paro juvenil.

Papel en la nueva formación profesional dual

En ese aspecto, la referencia del Consejo  de Ministros señala que "las Cámaras podrán desempeñar un papel similar al que desarrollan las Cámaras alemanas". El texto del anteproyecto contempla como función "participar, con las administraciones competentes, en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo, incluida en las enseñanzas de la formación profesional, en especial en la selección de centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación".

Además, las Cámaras podrán prestar servicio a las empresas sobre comprobación del cumplimiento de los requisitos legales, innovación y simplificación administrativa en los procedimientos de inicio y desarrollo de actividades económicas y empresariales o la implantación de la economía digital en las empresas.

Entre las nuevas funciones también destacan la mediación y el arbitraje, un tipo de resolución de conflictos que, según la referencia, "es cada vez más demandado en el ámbito mercantil" que "revierte en una importante disminución de la carga de trabajo de los jueces y tribunales".

Por su parte, el presidente de las Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, ha dicho que la nueva ley de Cámaras supone "un revulsivo y una ilusión muy importante" y ha subrayado que servirá para ayudar a las pymes a salir al exterior y para generar empleo.

Teruel ha celebrado que se reconozca el nuevo estatus jurídico, "que se iba dilatando" y ha valorado que el anteproyecto recoja la vocación de servicio que han tenido las Cámaras desde su nacimiento hace 125 años y que refleje de forma "muy marcada" sus competencias.

Nuevo marco de financiación

En cuanto a la financiación de las Cámaras, la ley no contempla la  recuperación del recurso cameral permanente (la cuota que pagaban todas las empresas y que eliminó el Gobierno de Zapatero en diciembre de 2010) y establece que la  financiación de estos organismos se basará en los ingresos que se  generen por los servicios que presten y por las aportaciones  voluntarias de empresas.

De acuerdo con este nuevo régimen de financiación -que atiende una demanda de las propias Cámaras, según la vicepresidenta-, la ley les permite incentivar las contribuciones voluntarias pudiendo dar,  si así lo estiman conveniente, una mayor representatividad en sus órganos de  gobierno a las  empresas que hayan realizado aportaciones.

No obstante, la norma precisa que estos incentivos estarán  limitados, ya que se mantiene la obligación de mantener la representación mayoritaria  en los órganos directivos de todas las empresas a través de un proceso electoral  basado en el sufragio universal y la elección democrática de dichos  órganos.

Por otro lado, se elimina la obligación de que exista, al menos, una Cámara por provincia. Según explica la referencia del Consejo, no se fija por ley un mapa cameral concreto y serán las propias Cámaras, "en función de la demanda de las empresas y junto con la administración tutelante (la comunidad autónoma para las que estén localizadas en su territorio) las que determinen las ubicaciones finales".

Se crea la Cámara de Comercio de España

Una vez aprobada la nueva ley en el Parlamento, la vicepresidenta ha destacado que el actual Consejo Superior de Cámaras de Comercio "se convertirá en la Cámara de Comercio de España, que será el órgano de representación de todas las Cámaras y tendrá en su mano el desarrollo efectivo de los dos planes" definidos para enfocar sus nuevas tareas: el plan de internacionalización y el de competitividad.

Según Sáenz de Santamaría, esta nueva estructura será "una marca comercial de gran fuerza: tiene potencia y estructura para serlo y puede ayudar mucho a abrir la puerta a las PYMES hacia esos mercados internacionales".

En concreto, el Plan Cameral de Internacionalización se va a  ejecutar bajo la dirección del Ministerio de Economía y  Competitividad, en colaboración con las Cámaras de Comercio, tanto las nacionales como las del exterior, cuyo número de prevé ampliar. Así, la ley incide en diversos aspectos "para mejorar sensiblemente el funcionamiento y la coordinación de la presencia institucional comercial de España en el exterior y establece un vínculo permanente entre las Cámaras Oficiales de España en el exterior con la Cámara de España", se lee en la referencia.

Por su parte, el Plan de Competitividad incluirá el conjunto de  las funciones públicas que deben desarrollar las Cámaras en apoyo de  las empresas españolas, con especial consideración a las pequeñas y  medianas. Su finalidad es ordenar y ejecutar, de acuerdo con las  prioridades de la política económica del Gobierno, todas aquellas  actuaciones que incidan de manera efectiva en la mejora de la  competitividad de las empresas.

Una comisión de expertos para mejorar el gobierno corporativo

Además, el Consejo de Ministros ha acordado también la creación  de una comisión de expertos para estudiar las modificaciones necesarias para mejorar el marco actual para el gobierno corporativo.

La comisión estará encabezada por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, e integrada por la vicepresidenta del regulador bursátil, seis representantes del sector privado y cuatro del Gobierno.

El  Gobierno de Mariano Rajoy ha incluido la reforma de las normas de gobierno corporativo en el Programa Nacional de Reformas actualizado para este año. Con las modificaciones se pretende mejorar la eficacia y la responsabilidad  en la gestión de las sociedades españolas y, al mismo tiempo, situar los  estándares nacionales al más alto nivel de cumplimiento, como ha destacado la vicepresidenta.

Entre otros aspectos, la vicepresidenta ha destacado que se valorará el papel de las juntas de accionistas en el control de las políticas de retribución de los miembros del consejo y de la alta dirección.

Además, se pondrá el acento en que la función de los administradores sea la de incrementar el valor de la compañía y lograr la adecuada retribución al accionista, así como que la información que suministra a los accionistas sea "veraz y comprensible".

En paralelo, se buscará establecer reglas "claras" sobre los mecanismos que permiten al Consejo de Administración influir en la junta, con el fin de evitar "conflictos de interés" y amparar a los accionistas minoritarios, al tiempo que se revisará la responsabilidad derivada de las actuaciones de los administradores.

El objetivo final, ha asegurado Saenz de Santamaría, es lograr el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno corporativo en la administración de las empresas españolas para lograr la confianza de los accionistas e inversores nacionales y extranjeros.

Esa comisión de expertos deberá remitir en el plazo de cuatro meses un estudio que analice el marco actual y que proponga" cuantas medidas se consideren necesarias" para mejorarlo. Con ese informe como base, el Gobierno se compromete a cambiar la norma en un plazo de dos meses tras la presentación del estudio.

Además, se impulsará la elaboración de un nuevo código de buenas prácticas para las empresas cotizadas que mejore el actual y la de otro para las sociedades no cotizadas, que ahora no tienen ninguno. "Esto último ya es autorregulación y el plazo es más amplio", ha admitido la vicepresidenta.

En la actualidad, el código de gobierno de las empresas -el bautizado como Código Conthe porque su impulsor fue Manuel Conthe, presidente en 2006 de la CNMV- incluye recomendaciones sobre buen gobierno corporativo, a las que las compañías pueden adherirse de forma voluntaria.