El juez considera "libertad de expresión" el escrache a Saénz de Santamaría y lo archiva
- La Justicia archiva la causa de forma provisional
- Cree que el objetivo de los participantes era solo expresar sus ideas
- Destaca que al no haber violencia, no es constitutivo de delito
- Lee el auto sobre el archivo del escrache a la vicepresidenta (.pdf)
La Justicia ha archivado provisionalmente la investigación sobre el escrache en el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, basándose en que tanto la libertad de expresión como el derecho de manifestación constituyen uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática.
El pasado 14 de abril, un juez de Madrid abrió diligencias previas contra el ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge y otras 26 personas más por un supuesto delito de "coacciones, amenazas y manifestación ilegal" por dicho escrache, llevado a cabo el pasado 5 de abril.
El texto -además de destacar lo fundamental de la libertad de expresión y del derecho de manifestación- indica que no aparece claro que hubiera actos de desobediencia o de ofensas a los agentes de la autoridad por parte de los manifestantes "ya que los denunciados se indentificaron sin poner problemas".
Expresa que -a la vista de los indicios recogidos y de las declaraciones de los denunciados- " no encuentra en su conducta un grave atentado contra la libertad, intimidad y seguridad de la vicepresidenta ni de su familia".
Destaca que el objetivo no era quebrantar por la fuerza la voluntad política de Santamaría sino "expresar en la vía pública la información e ideas del colectivo sobre la ejecución hipotecaria y la critica a la, por ellos considerada, inactividad de los políticos."
"No hubo violencia física ni restricción a la libertad"
El juez reconoce en el auto que los políticos "tienen sin duda derecho a ver protegida su intimidad", sobre todo en el marco de su vida privada, pero los "imperativos de esa protección deben ponderarse con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas".
El auto dice que no hubo violencia física ni restricción a la libertad de obrar de la familia de la vicepresidenta del Gobierno y resalta que la manifestación "duró solo 20 minutos".
El juez reconoce que la concentración delante del domicilio de un cargo público "es evidente que genera molestias", pero esas perturbaciones "no se encuadran dentro de la violencia o la fuerza en las cosas que requiere el tipo de las coacciones y sí en el ambito de la libertad de expresión y son consecuencia inevitable del ejercicio del derecho de manifestación".
Como conclusión expresa que "solo habría actos delictivos si los convocados no se hubieran manifestado o expresado pacíficamente".
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