El Constitucional admite el recurso de Andalucía contra las normas para reducir el déficit eléctrico

• La Junta cree que perjudican a las energías renovables
• El Gobierno andaluz argumenta que vulneran principios de seguridad jurídica

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra algunas de las últimas normativas aprobadas por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa del sector eléctrico y, que, a juicio de la Junta, ponen en riesgo el sector renovable.

Según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el alto tribunal ha admitido a trámite este recurso contra varios artículos de diferentes normativas: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-ley 29/2012 y el Real Decreto-ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

Con la Ley 15/2012, el Gobierno introdujo nuevas tasas en el sistema: un impuesto del 7% a la producción eléctrica y tasas adicionales para la energía hidroeléctrica, el combustible nuclear gastado y la producción con gas y carbón.

Con esas medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en vigor desde enero de 2013, el Gobierno estima que recaudará este año un total de 2.981 millones de euros. Así, los tres nuevos impuestos (el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica e el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas) conseguirían 1.543 millones.

Por la modificación de los tipos impositivos del gas natural y del carbón se lograrían 1.235 millones extra, mientras que el canon de generación hidroeléctrica proporcionaría unos 298 millones.

La Junta andaluza considera que estos tributos afectan especialmente a las firmas del sector de las renovables y no tienen en cuenta las peculiaridades de estos negocios.

Andalucía cree que vulneran principios de seguridad jurídica

En cuanto al Real Decreto-ley 2/2013, donde se modifica la forma de actualización de la retribución para la producción renovable, el Ejecutivo andaluz alega que supone "un cambio de las reglas establecidas que habían condicionado las decisiones de inversión de los promotores" y vulnera los principios de "seguridad jurídica y de irretroactividad".

Sobre el Real Decreto-Ley 29/2012, que exige nuevos criterios a algunos proyectos de renovables para ser autorizados e inscritos en el registro, la Junta también cree que "contraviene tanto los principios de seguridad jurídica e irretroactividad como el principio constitucional de extraordinaria y urgente necesidad".

El objetivo de estas medidas aprobadas por el Gobierno es atajar el problema del déficit de tarifa, es decir, del desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico que acumula ya más de 28.000 millones de euros, después de sumar otros 5.600 millones en 2012.

A juicio del Gobierno andaluz, las principales actividades perjudicadas por estas normas son las renovables y afectan a inversiones de 12.000 millones que generarían 38.000 empleos en Andalucía.

El Gobierno prevé presentar una nueva batería de medidas con este fin el próximo mes de junio y tener lista una nueva reforma energética para otoño.