Francia aprueba una reforma laboral que flexibiliza jornada y salario para mantener el empleo

• Es la primera reforma del mercado laboral francés en 30 años
• Hollande quiere reducir el paro, que no era tan alto desde 1997

El Parlamento francés ha aprobado definitivamente el proyecto de ley sobre la reforma laboral, con el que el presidente galo, François Hollande, quiere combatir el récord de paro -3.224.600 desempleados- y la falta de competitividad de las empresas francesas.

El Senado ha dado el visto bueno a la norma con 168 votos a favor y 33 en contra. El texto convierte en ley el acuerdo nacional interprofesional negociado entre la patronal y tres sindicatos, la CFDT, la CFTC y la CFE-CGC. Otras dos centrales, la CGT y Fuerza Obrera rechazaron firmar el pacto.

La reforma laboral de Francia - la primera en 30 años- prevé que las empresas puedan negociar bajadas de salarios a cambio de mantener las plantillas, lo que provocó manifestaciones de los sindicatos contrarios a la norma.

Más flexibilidad y más derechos

Las empresas ganan en flexibilidad ya que el texto permite a las compañías con "graves dificultades coyunturales" negociar durante dos años bajadas de jornada y sueldos con el compromiso de mantener los puestos de trabajo.

Los trabajadores franceses consiguen nuevos derechos con la generalización de un seguro complementario de salud antes del 1 de enero de 2016 y la creación de "derechos recargables" a la hora de cobrar una prestación de desempleo. Es decir, podrán sumar los periodos acumulados en empresas diferentes que generan el derecho al paro. Los empleados también tendrán una cuenta personal de formación para mejorar su cualificación.

La reforma penaliza los contratos de duración determinada, establece que los trabajos a tiempo parcial deberán ser como mínimo de 24 horas semanales e instaura el derecho a la "movilidad voluntaria asegurada" cuyo equivalente en España es la excedencia con reserva del puesto de trabajo.

El acuerdo además refuerza los planes de salvaguarda del empleo, que deberán pactarse con los sindicatos mayoritarios, y obliga a buscar un comprador en caso de cierre de una fábrica.