Registran la vivienda del exalcalde de Ourense y propiedades de su pareja por el caso Pokemon

• Los agentes de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Tributaria, realizan los registros

El exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez el día que renunció al cargo

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera han registrado este miércoles la vivienda del exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez y propiedades a nombre de su pareja en Verín y Castrelo do Val, en el marco de la Operación Pokemon, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los registros han sido ordenados por la titular del Juzgado número uno de Lugo, Pilar de Lara, que investiga este presunto caso de corrupción para recabar información adicional sobre esta supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

El pasado mes de septiembre, Francisco Rodríguez fue  detenido en el marco de esta operación que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales. Tras prestar declaración ante la  jueza, salió en libertad bajo fianza  de 6.000 euros y quedó imputado  por cohecho y prevaricación, por lo que se vio forzado a  dimitir.

Según las fuentes de la investigación consultadas por Europa  Press, cuando se produjo la detención del exalcalde del PSOE no se  había registrado su vivienda, ubicada en el ourensano barrio de A  Ponte, pero ahora la jueza ha considerado que era necesaria una  inspección para buscar documentación.

Los agentes de Vigilancia Aduanera, que dependen de la Agencia Tributaria, se han trasladado a la residencia  del exalcalde muy a primera hora, según las fuentes consultadas, para  garantizar precisamente que Francisco Rodríguez estaba allí para  poder presenciar el registro, junto con el secretario judicial.

Pilar de Lara también ha ordenado registros en propiedades  ubicadas en Verín y Castrelo do Val que están a nombre de la pareja  sentimental del exalcalde, Mercedes A., quien es originaria de esa  zona ourensana, donde cuenta con bienes familiares.

Alcaldes imputados en el 'caso Pokemon'

El registro en la vivienda de Francisco Rodríguez se produce  apenas unas horas después de trascender un auto en el que la jueza  evidenciaba sus sospechas de que la empresa Cechalva, concesionaria  del servicio de la grúa en Lugo, sobornaba con 2.000 euros al mes al  alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco, así como a  su mano derecha en la corporación municipal durante años, Francisco  Fernández Liñares, quien luego fue nombrado presidente de la  Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Además de Francisco Rodríguez (PSOE), en septiembre pasado fue  detenido otro regidor, Adolfo Gacio (PP), quien también dimitió como  alcalde de Boqueixón (A Coruña). En su caso quedó en libertad con  fianza de 10.000 euros y se le imputaron delitos de prevaricación,  otro de cohecho y dos delitos menores.

No obstante, en el caso Pokemon, aparte del alcalde de Lugo, quien  también es presidente del PSdeG; también permanecen imputados los  regidores de O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP); y el de Santiago  de Compostela, Ángel Currás (PP). Todos ellos han rechazado dimitir  por esta causa.

Segunda fase, la Operación Manga

En la segunda fase de la Pokémon, bautizada como Operación Manga,  fue imputado el ya exalcalde de Santiago con el PP, Gerardo Conde  Roa. También como resultado de estas investigaciones fueron detenidos  Albino Vázquez Aldrey, quien presentó su renuncia como concejal de  Seguridad en Santiago de Compostela, y Robert Fauria (CiU), que  dimitió como alcalde de Sant Hilari Sacalm (Gerona).

Entre la larga lista de imputados en esta instrucción, aparte de  personal relacionado con las empresas Vendex y Aquagest y  funcionarios, también figuran otros políticos como Fernando Varela,  quien presentó su dimisión como concejal del BNG en Ourense, o la  edil de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez (PP).

Así, además de las empresas del entramado de Vendex, Pilar de Lara  también situó en el punto de mira a Aquagest. La pareja del exalcalde  está empleada en las oficinas en Ourense de esta empresa de gestión  de servicios de aguas.

Uno de los principales imputados en esta causa es el expresidente  de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, el socialista Francisco  Fernández Liñares, quien llevó diversas concejalías en el  Ayuntamiento de Lugo.