La Fiscalía de Valencia abre una investigación penal sobre el accidente de Metro de 2006

• Admite dos escritos para pedir una investigación por las causas del accidente
• Investigará los posibles falsos testimonios en la comisión parlamentaria

La Fiscalía Provincial de Valencia ha iniciado diligencias para una investigación penal sobre el accidente de Metro del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Las diligencias se abren, por un lado, para investigar las posibles causas del accidente, y, por otro, a raíz de las denuncias interpuestas por el PSPV-PSOE, sobre posibles falsos testimonios en la comisión parlamentaria que investigó el accidente.

Según informa la fiscal portavoz en un comunicado al que cita Efe, se procede a la apertura de las diligencias de investigación por el escrito denuncia de la diputada autonómica socialista Ana Barceló sobre las actuaciones de testigos en la comisión de Les Corts Valencianes de investigación del accidente.

Sobre las declaraciones de testigos en la comisión parlamentaria, la  Fiscalía señala que se procede a incoar diligencias de investigación  penal por un posible delito contra las instituciones del Estado del artículo 502.3 del Código Penal.

La Fiscalía Provincial ha admitido también los dos escritos presentados  por Antonio Marín Segovia, de Cercle Obert de Benicalap, y por Cesar  Guardeño Gil, en los que solicitan la reapertura de las investigaciones sobre el accidente y las posibles causas del mismo, y decide igualmente la apertura de "diligencias de investigación penal correspondientes".

La denuncia de la diputada socialista había sido remitida por la Fiscalía de la Comunidad Valenciana a la Provincial de Valencia al considerar que "no aparecía persona alguna aforada en la comisión de esas conductas" de posibles falsos testimonios.

Posibles falsos testimonios en la comisión parlamentaria

En su denuncia, el PSPV-PSOE advertía que en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes creada tras el accidente de Metrovalencia era posible que personas que testificaron ante ella "faltaran a la realidad inducidos por otros", y pedía por ello una nueva investigación.

Para argumentar esta denuncia, los socialistas entregaron al Tribunal Superior de Justicia valenciano una grabación del programa televisivo "Salvados" de La Sexta sobre el accidente, y las actas de la comisión de investigación, que empezó el 17 julio y concluyó el 4 de agosto de 2006.

Asimismo, el PSPV-PSOE aportó una copia del argumentario, con las preguntas y las respuestas, que elaboró la empresa de comunicación H&M Sanchis para que lo utilizaran los comparecientes de Metrovalencia en la comisión parlamentaria de investigación.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia decidió el pasado mes de marzo imputar a la exgerente de Metrovalencia Marisa Gracia por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en relación a los contratos con la consultora que asesoró a los comparecientes en la comisión de investigación sobre el accidente.

Campaña ciudadana àra reabrir la investigación

Por su parte, Cercle Obert lanzó una campaña ciudadana para que la  Fiscalía reabriera la investigación sobre el accidente del metro. A  su juicio, a raíz de la emisión del programa 'Salvados' se apreciaba  "claramente" indicios de delito en la actuación de determinadas  personas por lo que solicitaban nuevas investigaciones "ante el  profundo dolor y malestar de los familiares de las víctimas" y "la  indignación que han provocado estos hechos a los ciudadanos de la  Comunidad Valenciana", según cita Europa Press.

Asimismo, solicitaba que el ministerio público identificase a "los  responsables intelectuales, que supuestamente tejieron una trama de  mentiras y falsedades en torno a la instrucción judicial", ya que,  según dijo en un comunicado en ese momento, se afirmó que la unidad  siniestrada del metro "no había descarrilado previamente, cuando  existe numeroso material fotográfico publicado que confirma la  existencia de dos descarrilamientos previos al accidente del 3 de  julio de 2006".

La entidad reclama en su escrito que Fiscalía analizara "todas y  cada una de las posibles causas del accidente" y que aclarara por qué  la comisión de investigación, celebrada durante cuatro días, "no tuvo  a bien recabar investigaciones y análisis científicos contrastados a  expertos independientes y solventes, basando única y exclusivamente  sus conclusiones en opiniones vertidas sin apoyo, respaldo, ni rigor  científico".

Del mismo modo, la asociación pidió la depuración de "las  responsabilidades oportunas de los gestores públicos de FGV que han  participado, supuestamente, de forma directa o indirecta, en la  manipulación, ocultación y falsificación de pruebas, informes o  soborno de testimonios".