Las competencias obligatorias de los municipios "no eficientes" pasarán a las Diputaciones

• El traspaso de competencias se hará por un período de cinco años
• El 92% de municipios de menos de 5.000 habitantes es "ineficiente"
• Se refiere a servicios como alumbrado, limpieza viaria y cementerio

Los servicios públicos competencia obligatoria de los municipios "que no sean eficientes", es decir, que superen el coster estándar, pasarán a ser prestados por las Diputaciones provinciales durante un período de cinco años, en el que podrán adecuar sus gastos para cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se entiende el coste estándar, según han explicado fuentes de Hacienda, como un valor referencia para los servicios municipales  obligatorios, como son por ejemplo el alumbrado, el cementerio, la  recogida de residuos y el abastecimiento de agua potable. A través de  ésta y otras medidas contempladas en la reforma local, como la  eliminación de duplicidades, se pretende alcanzar un ahorro global de 7.129 millones de euros.

El Gobierno hallará el coste estándar para los servicios públicos obligatorios de los ayuntamientos a finales de este año y su aplicación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Para el cálculo de dicho valor, Hacienda ha tenido en cuenta la densidad de la población. A medida que aumenta la población, disminuye el coste medio de prestación de los servicios.

En concreto, 5.586 de los 6.797 municipios de menos de 5.000 habitantes, es decir, un 92% de ellos, son "ineficientes". Mientras que la eficiencia sube entre los 922 municipios españoles de 5.000 a 20.000 habitantes y 344 no cumplirían en la actualidad el coste estándar.

Coste tres veces superior en municipios pequeños

El coste medio por la prestación de los servicios obligatorios, según ontenidos por Hacienda de 2011, es tres veces superior en los municipios de menos de 5.000 habitantes en relación con los ayuntamientos de más de 100.000. Dicho coste, según datos de los presupuestos de 2011, es de 1.219,98 euros en el caso de los primeros y de 445,44 en los segundos.

Las administraciones locales todavía tiene de plazo hasta el próximo 1 de enero para adecuar la gestión de sus servicios públicos obligatorios. Si llegado el plazo no lo han conseguido, pasarán a depender obligatoriamente de las Diputaciones proviciales, los municipios de menos de 20.000 habitantes pasarán a depender de las Diputaciones y los que superen esa población podrán acogerse voluntariamente a la medida y sino se les aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La metodología para el cálculo del coste estándar se fijará de aquí a final de año y para ello, el Ministerio de Hacienda, se pondrá de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Una vez entre en vigor la norma, los municipios que superen el coste estándar pasaran a ser gestionados obligatoriamente por las diputaciones, aunque no perderán su capacidad política y podrán recuperarlas superado el plazo de cinco años si han adecuado su gasto al permitido.

Aplicación de la Ley

El texto de la reforma local que contiene esta medida se va a presentar este martes en la Comisión Nacional de Administración Local y se someterá después al dictamen del Consejo de Estado. El Consejo de Ministros dará luz verde al texto y se remitirá después al Congreso de los Diputados para su aprobación.

Mientras el PSOE critica la medida al considerar que busca la privatización de servicios municipales, el Gobierno la defiende y asegura que ya ha ahorrado costes, antes incluso de su entrada en vigor, ya que los ayuntamientos ya han empezado a hacer ajustes sobres sus servicios.

Según los datos de Hacienda, los ayuntamientos con superávit han aumentado de 4.018 en 2009 a 4.623 en 2012. También, según las mismas fuentes, se a reducido el personal de las entidades locales en un 12,27/ desde julio de 2011 al mismo mes de 2012 y los organismos autónomos locales han pasado de 3.656 en 2009 a 3.294 este año.

Los ayuntamientos han presentado 6.033 liquidaciones presupuestarias hasta mayo de este año, frente a las 3.920 presentadas en el mismo año del año pasado.

La misma ley servirá para establecer una "horquilla salarial" para los funcionarios locales que evite la "muy alta dispersión" que hay entre ellos, y también entre ellos y los funcionarios del Estado, sobre todo, han apuntado, en lo que se refiere al complemento específico.