La viuda del inspector Puelles, asesinado por ETA: "Aquí solo tienen derecho los asesinos"

• Juicio en la Audiencia Nacional contra los tres miembros del 'comando Otazua'
• Los etarras se han negado a declarar al no reconocer la legitimidad del tribunal
• Se les acusa del atentado con bomba lapa que mató al inspector en 2009

Comienza el juicio contra los presuntos asesinos del policía Eduardo Puelles

Francisca Hernández y Sotelo, la viuda del inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles, que murió en un atentado con bomba lapa el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya), ha dicho hoy en la Audiencia Nacional que "aquí derechos tienen solamente los asesinos".

De esta forma lo ha expresado en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra los tres miembros del "comando Otazua" de ETA -Daniel Pastor, "Txirula"; Íñigo Zapirain, "Aritza", y Beatriz Etxebarria, "Kot"- para cada uno de los cuales la Fiscalía pide 45 años de prisión por un delito de asesinato terrorista y estragos.

Los acusados se han negado a declarar en el juicio después de manifestar que no reconocían la legitimidad del tribunal para juzgarles, mientras que Beatriz Etxebarria ha denunciado malos tratos y torturas de los tres procesados durante su detención.

La viuda de Eduardo Puelles ha recordado que el 19 de junio de 2009 oyó una explosión,  de repente, poco después de que su marido bajara a las 08.55 horas y enseguida se dio cuenta de que era él por el tiempo transcurrido.

Hernández y Sotelo ha indicado que ella intentó acercarse al lugar del atentado, donde seguía ardiendo el coche y hasta donde se desplazaron algunos representantes del PNV, ertzainas, municipales y algún vecino.

Los tres reconocieron su pertenencia a ETA

"Mi vida ha cambiado totalmente. Mi vida no es vida", ha señalado al ser preguntada por sus circunstancias después de estos hechos y ha agregado: "Siempre se habla de los derechos humanos,  pero yo creo que aquí derechos tienen solamente los asesinos".

Durante la sesión, los guardias civiles que instruyeron el atestado por la detención de los tres acusados han asegurado que el proceso de declaración se efectuó "voluntariamente", cumpliendo todas las formalidades, y que los tres reconocieron su integración en ETA,  así como su participación en varias acciones terroristas, entre ellas la colocación de una bomba lapa contra un inspector de Policía.

Los policías nacionales que instruyeron el atestado por el atentado han precisado que recibieron una llamada del centro de coordinación alertando de la explosión de un vehículo e identificaron a un matrimonio que fue testigo de los hechos.

Los agentes que hicieron una inspección ocular del lugar del siniestro han expuesto que el vehículo estaba en un sitio "aislado", desplazado unos metros, "totalmente destrozado", especialmente en la parte trasera, y con un cadáver en su interior.

Según el fiscal, Zapirain, "Aritza"; Etxebarria, "Kot", y Pastor, "Txirula", formaron en 2006 el "comando Otazua" y se dedicaron, entre otras actividades, a anotar las matrículas de los vehículos aparcados en las inmediaciones de la Comisaría de Policía en el barrio de Indatxu (Bilbao) por si en alguna ocasión los identificaban en otro lugar.

Contra la dignidad de las víctimas del terrorismo

En 2008, durante una cita en el barrio de La Peña, "Txirula" detectó un vehículo del que recordaba la matrícula y comprobó que lo conducía Puelles,  que además era vecino de un familiar suyo.

En la noche del 18 al 19 de junio de 2009, Etxebarria condujo en su coche a sus compañeros hasta el lugar en el que estaba estacionado el vehículo de Puelles en un aparcamiento del barrio de Santa Isabel en Arrigorrinaga y mientras Zapirain y Pastor insertaban la bomba lapa en los bajos del coche, ella se quedó vigilando.

Por la mañana, sobre las 09.05 horas del 19 de junio, Puelles arrancó su coche, "activándose el artefacto explosivo, que estalló, sufriendo un shock por quemaduras que le causó la muerte".

En febrero de 2011 fue desarticulado el comando Otazua, uno de los más activos tras la ruptura en 2007 del alto el fuego que ETA proclamó en 2006 y que acumulan ya varias condenas que suman más de 80 años de cárcel.

La Fiscalía pide una indemnización de 200.000 euros para la esposa del policía y de 150.000 para cada uno de los hijos del matrimonio, así como que se prohíba a los tres presuntos asesinos residir en Bilbao y acercarse a las víctimas durante 10 años una vez que cumplan la pena.

Antes del comienzo de la vista, Josu Puelles, hermano del inspector jefe de la Policía, ha pedido justicia para las víctimas del terrorismo que representan la conculcación de derechos humanos que ha habido en España y en el País Vasco por parte de ETA.

La política penitenciaria con los presos de ETA ha cambiado a peor, según Josu Puelles, quien ha estimado que los pasos que se están dando son erróneos y van contra la dignidad de las víctimas del terrorismo.