Amnistía Internacional cree que los escraches a políticos no violan los derechos humanos

• Ada Colau: "El Gobierno se ha quedado solo al intentar criminalizar la protesta"
• AI pide que se cambie la Constitución para proteger el derecho a la vivienda
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Escrache en Málaga contra los bancos, el 15 de mayo de 2013.

Amnistía Internacional (AI) cree que los escraches a políticos, siempre que sean pacíficos, no violan ningún derecho humano, y que en cambio su limitación a priori sí puede violar la libertad de expresión.

"Un elemento fundamental para que estas acciones se encuentre dentro del derecho fundamental de libertad de expresión y reunión es que se produzca de forma pacífica. Que se haga delante de un domicilio no viola los derechos humanos", ha explicado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, en un encuentro con periodistas para presentar el Informe 2013 de AI sobre Derechos Humanos, que se conocerá el jueves. En dicho encuentro ha estado también presente la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), Ada Colau.

Concretamente, Beltrán cree que "restringir los escraches en todos los casos a 300 metros, por ejemplo, vulneraría los derechos humanos", así como "toda medida que a priori pueda restringir los derechos a la libertad de expresión cuando alguien se manifiesta delante de la casa de un político".

Beltrán ha reconocido que los escraches pueden causar molestias a la persona objeto del escrache. "Si no se molesta, ¿para qué hay libertad de expresión?", se ha preguntado.

"Lo único que se puede regular es cada caso particular de escrache o manifestación", ha añadido, y ha puesto como ejemplo extremo el caso en que una manifestación durara 24 horas.

Precisamente este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sentenció que el domicilio de los políticos forma parte de su ámbito privado y debe mantenerse ajeno a cualquier acto público.

Ada Colau: "El Gobierno se ha quedado solo al intentar criminalizar la protesta"

Por su parte, Ada Colau, en declaraciones a RTVE.es, ha destacado el respaldo de AI a los escraches, siempre que sean  pacíficos, y cree que el Gobierno "se ha quedado solo al intentar criminalizar la protesta".

"Lo dice AI, lo dijo el presidente del Consejo General del Poder  Judicial y los tribunales han archivado dos sentencias al respecto",  recuerda Colau, en declaraciones a RTVE.es. "El Gobierno ha usado los escraches como excusa para no hablar de nuestra propuesta".

No obstante, Colau ha asegurado que la Plataforma ha abandonado su  campaña de manifestaciones, ya que estaba directamente vinculada al voto  de los diputados en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago y alquiler social cuyo debate ha estado en el origen de la nueva ley hipotecaria.

Aunque no descarta usar este tipo de acciones en el futuro, la PAH  continuará con otras campañas como la de Stop Desahucios y el recurso  judicial ordinario.

Colau reitera que los desahucios son un problema de derechos humanos.  "El Estado, según la ONU, tiene que hacer todo lo posible por evitar el  desalojo y en su caso garantizar un realojo adecuado. En España no se  hace nada para evitar el desalojo, es el primer recurso".

La portavoz de la PAH insiste en que las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo en la nueva ley hipotecaria son insuficientes y afectarán "a muy pocos casos", y en ningún caso a quienes ya han perdido su vivienda.

Defensa del derecho a la vivienda

Amnistía Internacional también considera que son necesarias reformas más profundas. Beltrán ha pedido cambios en la Constitución para que el derecho a la vivienda esté incluido en el núcleo de los derechos fundamentales y goce de su misma protección.

El de la vivienda (recogido en el Artículo 47) es un "principio rector" de la política económica y social, pero no un derecho fundamental de los que merecen amparo ante el Tribunal Constitucional. Tampoco existe una ley al respecto, según recuerdan desde AI.

El director de la delegación española de la ONG ha hecho una referencia al último cambio constitucional para limitar el déficit, que se llevó a cabo con los votos de PP y PSOE. "Ya hemos visto que se puede cambiar la Constitución de forma rápida si se cuenta con el Gobierno y con el principal partido de la oposición", ha declarado.

Beltrán ha pedido que los desalojos forzosos sean paralizados "hasta que  la gente pueda defenderse judicialmente con garantías". A medio plazo, según Beltrán, "los tribunales españoles pueden aplicar el derecho de vivienda adecuado porque entra en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", que España ha ratificado.