La Fiscalía se opone a que el Constitucional suspenda la condena de Otegi

• Hasta que no se resuelva el recurso de amparo de Otegi y Usabiaga
• El TC admitió a trámite el recurso de los dirigentes abertzales
• Consultó a la Fiscalía si debía suspender su estancia en prisión

La Fiscalía se ha opuesto este miércoles a que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda el cumplimiento de condena para Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga en tanto no resuelve su recurso de amparo en el caso Bateragune, admitido a trámite por el alto tribunal.

El pasado 9 de mayo el TC admitió a trámite el recurso de los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga contra la condena a seis años y medio de prisión que les impuso el Supremo por intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune.

En aquel momento el TC abrió una pieza separada para estudiar si suspendía su estancia en prisión en tanto se resolvía el recurso y a ese respecto consultó al fiscal.

A la consulta del TC el fiscal ha respondido en dos informes en los que solicita al tribunal que se deniegue la suspensión de la condena solicitada por los recurrentes.

A las penas que exceden los 5 años no se les aplica la suspensión

La Fiscalía cita en sus informes la doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto, según la cual existe una frontera entre las penas cuya duración excede de 5 años, a las que no se aplicaría la suspensión, e inferiores a 5 años, respecto a las cuales con carácter casi general se otorgaría la suspensión.

El Ministerio Público recuerda en su informe que los recurrentes han sido condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre seis años y seis años y seis meses, es decir, en todo caso penas superiores en más de un año a la pena fronteriza de 5 años, lo que les sitúa fuera de los beneficios de la suspensión.

En su informe a la petición de suspensión formulada en los dos recursos, el fiscal añade que el delito objeto de este recurso "es de gran trascendencia social, por ser un delito relacionado con la organización de una banda armada causante de numerosas víctimas, atendido asimismo el bien jurídico protegido que es la paz social".

En ambas demandas el fiscal también se muestra contrario a conceder la suspensión de condena respecto de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público.

Por último, el fiscal solicita al tribunal que se dé la máxima celeridad y un carácter preferente a la tramitación de los mencionados recursos de amparo, dada la situación de privación de libertad de los demandantes.

El proceso afecta también a otros dirigentes abertzales como Miren Zabaleta, Arkaiz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García.