Aprobada la ley del alquiler, que quita la ayuda de emancipación y desliga revisión del precio al IPC
- La renta básica se mantiene hasta que entren en vigor nuevas líneas de ayuda
- La oposición censura la supresión retroactiva de esta y otras ayudas
- Para el Gobierno, la ley busca "flexibilizar y dinamizar" el mercado del alquiler
- La ley reduce a diez días el plazo de desahucio si no hay alegaciones a un juez
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva el proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas con los votos de PP, UPN y FAC y el 'no' del resto de grupos, que han expresado su rechazo al proyecto y a los cambios introducidos en el Senado.
En las enmiendas del Senado, se intrudujo una para mantener las actuales ayudas de la Renta Básica de Emancipación para los jóvenes solo hasta que sean afectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas para el periodo 2013-2016, aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de abril.
Además, solo se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se venían percibiendo y aquellas que, con anterioridad a 15 de julio de 2012, contaran con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento, siempre que se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
En consecuencia, se suprimirán y quedarán sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda.
“El plazo para el desahucio se reduce a 10 días y se desliga actualización de renta al IPC“
La ley recoge también otras medidas, como que la actualización de la renta no tenga que estar ligada al IPC. El proyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto, reduce a diez días el plazo de desahucio ante impagos del alquiler si el inquilino no presenta alegaciones ante el juez.
Además se flexibilizan la duración de los contratos: el plazo de prórroga obligatoria se reduce de cinco a tres años y el de prórroga tácita de tres a uno. Por otra parte, y con independencia de la duración del contrato, el inquilino podrá desistir del mismo siempre que lo comunique con un mes de antelación.
También se garantiza que el propietario pueda recuperar su vivienda, sin necesidad de que esté previsto en el contrato de arrendamiento ni hubieran transcurrido cinco años desde su firma, siempre que la necesite para sí, sus familiares en primer grado o su cónyuge tras el divorcio o nulidad matrimonial.
Registro de inquilinos morosos
Durante su paso por el Congreso, el proyecto de ley incorporó algunas modificaciones sustanciales, como la creación de un registro donde figuren los inquilinos condenados en firme -judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral- por impago de la renta del alquiler para que puedan ser conocidos por otros arrendadores.
Además, se incluyó la obligación del dueño de la vivienda de informar a los inquilinos en caso de querer vender el piso, y también se le autorizó a disponer de la vivienda en caso de necesitarla para sí mismo o para algún familiar, avisando al inquilino con al menos dos meses de antelación.
Por otra parte, se autorizó a los arrendatarios a realizar obras de adecuación de la vivienda a un discapacitado, siempre y cuando se notifiquen esos cambios y se reponga la vivienda al término del contrato al estado anterior.
Alquileres turísticos
Y también se han vinculado los alojamientos y viviendas turísticas de particulares a la normativa sobre turismo de las comunidades autónomas. Inicialmente estos alojamientos turísticos estaban regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero esta normativa quedó derogada en el marco de la directiva europea de servicios en enero de 2010, dejándolos en un limbo legal. Ahora se completa su translación a la normativa turística.
Según la patronal hotelera, en España hay cerca de 1,5 millones de viviendas turísticas que actualmente no están sometidas a la regulación que comparten hoteles, campings, apartamentos o casas rurales. La modificación introducida remite la regulación de estos apartamentos a la legislación turística, transferida a las CC.AA.
La oposición critica la norma y amenaza con ir al TC
El portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Teodoro García, ha asegurado en el debate que la ley "dará libertad a los españoles", con una "oferta suficiente y equilibrada", para que "decidan cómo desean vivir". La ley ha contado, sin embargo, con el rechazo de la oposición, que ha coincidido en señalar que la normativa no aborda los problemas que están en la calle, no da solución a los desahucios y no colabora para sacar al mercado aquellas viviendas vacías.
Desde el PSOE han subrayado que se trata de un proyecto anti-inquilinos que beneficiará a los que tienen mucho y perjudicará a los más pobres. Otro de los puntos criticados ha sido el de poner fecha de caducidad a la renta básica de emancipación, lo que para los socialistas, es un ejemplo de inseguridad jurídica que condena a los jóvenes a "huir".
“Se han retirado con nocturnidad y alevosía las ayudas a la vivienda social“
CiU ha sido particularmente beligerante y su portavoz adjunto, Pere Macias, ha invitado al resto de grupos a presentar un recurso conjunto contra el TC por el carácter retroactivo de la medida, que creará inseguridad jurídica. CiU y PNV también han lamentado que se retiren con "nocturnidad y alevosía" las ayudas a la vivienda social y se trate de una ley poco ambiciosa.
A las críticas al fin de la renta básica de emancipación también se ha sumado UPyD, que considera que, aunque se trataba de un subsidio al arrendador, esta medida debería haberse discutido en el Congreso y no en el Senado.
Desde las filas de La Izquierda Plural, la diputada Ascensión de las Heras ha lamentado que se busque "favorecer de manera descarada los intereses de los sectores financiero e inmobiliario a costa de ningunear los escasos derechos de los inquilinos".
Desde el PP han calificado de injustificada y "del siglo pasado" la postura de la oposición y han subrayado la libertad contractual que garantiza la ley, que consideran que garantizará una oferta de alquiler y compra suficiente y flexible.