El TSJA procesa a Sánchez Gordillo por tres delitos por la ocupación de Las Turquillas
- Procesado por los delitos de usurpación, daños y desobediencia
- El alcalde de Marinaleda dijo que la ocupación fue "pacífica y simbólica"
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha procesado por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército.
En un auto dictado el pasado 24 de mayo, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz acuerda continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado contra Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otros 52 simpatizantes y militantes del sindicato.
El pasado día 29 de abril, Sánchez Gordillo se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor de la causa, pero posteriormente señaló en declaraciones a los periodistas que la ocupación del pasado verano en Las Turquillas fue "pacífica, simbólica y tranquila", por lo que garantizó que "no tiene ningún problema en declarar lo que haga falta" cuando llegue "el momento".
El TSJA, en un auto al que ha tenido acceso Efe, asegura que durante su acción causaron daños materiales por valor de 794,14 euros y sustrajeron objetos valorados en 281,50 euros.
Entre otros, destruyeron un azulejo rústico que identificaba la entrada de "Las Turquillas"; el candado, la cadena y el bastidor de la puerta de entrada, los candados de un pozo y hurtaron varios utensilios de labranza.
Ocupación de la finca en Osuna
La ocupación de "Las Turquillas" se llevó a cabo entre el 24 de julio de 2012 y el 9 de agosto para denunciar el impacto de la crisis sobre el campo andaluz y entre los procesados se encuentran Sánchez Gordillo, el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otros dirigentes y militantes de ese sindicato.
Al ser aforado Sánchez Gordillo, la causa fue investigada por el juez del TSJA Jerónimo Garvín, quien ahora da por concluida la fase de instrucción y da traslado de las actuaciones al fiscal y al abogado del Estado para que pidan el sobreseimiento o presenten escritos de acusación.
Según el magistrado instructor, entre los daños causados por los ocupantes se encuentra la fractura de los sistemas de guarda y anclaje de un pozo, donde los acusados colocaron una motobomba para sacar aguas y conectaron una conducción de agua para usarla como ducha.
El 26 de julio, prendieron fuego a unas 18 pacas de paja, con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona, en la que se encontraban los animales de la Yeguada Militar situada en la finca.
El riesgo de incendio se incrementó también porque los acusados "circularon constantemente por tierras de labor" con sus vehículos, añade el magistrado.
Daños en la finca
En el vallado perimetral del acuartelamiento, los ocupantes rompieron el 27 de julio un candado e iniciaron el corte de ramajes de olivo y almendros y emprendieron labores de arada con una mula mecánica y un tractor.
Ese mismo día, tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía. Según el juez instructor, los acusados causaron daños por importe de 422,72 euros, mientras que los gastos de reposición y limpieza totalizaron 371,42 euros y los objetos sustraídos han sido tasados en 281,50 euros.
El juez no hace ofrecimientos de acciones por otro presunto delito de coacciones al capitán de la Guardia Civil que dialogó con los ocupantes porque, aunque declaró que sintió miedo, "en ningún momento nadie le impidió con violencia" hacer algo que no quisiera.
Sí acuerda, en cambio, unir a las actuaciones la certificación expedida por el subdirector de Patrimonio del Ministerio de Defensa sobre los daños sufridos en la finca.
El pasado 4 de mayo, el SAT volvió a realizar una movilización en esa finca pero no pasó de la servidumbre de paso.