El Constitucional estudiará si fue legal la supresión de una paga extra en 2012

• Ha admitido la cuestión de insconstitucionalidad que planteó la Audiencia
• Tendrá que pronunciarse sobre si se anula o no la medida por ser retroactiva
• La causa se circunscribe únicamente al personal laboral del sector público
• Rajoy espera que el Tribunal dé la razón al Gobierno: "No hubo más remedio"

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional presentó contra la supresión de la paga extra en el sector público acordada por el Gobierno en 2012 y ahora estudiará si cabe o no anular la medida por su carácter retroactivo.

La admisión a trámite supone la paralización del procedimiento en la Audiencia Nacional, es decir, que la resolución sobre la supresión de la paga extra queda pendiente de si el Constitucional dicta si es o no constitucional, en especial si lo son sus efectos retroactivos.

La causa que estudiará el Constitucional no afecta a los funcionarios y se circunscribe únicamente al personal laboral del sector público a raíz de la denuncia que interpusieron los sindicatos de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), participada mayoritariamente y directamente por la SEPI, según informa Servimedia.

La clave en el proceso radica en que la paga extra se suspendió para los funcionarios en julio de 2012, cuando ya se habían devengado 15 días de este salario ya que, según entiende la Audiencia, siguiendo la doctrina del Supremo, esta paga se refiere a todo el año.

El procedimiento se abrió en la Audiencia por un recurso planteado por los sindicatos de trabajadores de la Compañía Española de Tabaco (Cetarsa). Al estudiar el caso, los magistrados entendieron que ese recorte podía atacar el interés general y vulnerar la Constitución por su carácter retroactivo.

Por ese motivo preguntaron en marzo de 2013 al Constitucional sobre el artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establecía la deducción de la paga extra de Navidad.

Las dudas de la Audiencia, que ahora resolverá el Constitucional, se referían a si esta ley vulneraba el art. 9.3 de la Constitución, que establece "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales".

La clave, los 15 días de julio devengados

La Audiencia, siguiendo la doctrina del Supremo, entendió que las gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día, por lo que el Gobierno no podría suprimir la paga completa en julio con efectos retroactivos a todo el año, informa Efe.

"En la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional", recalcaban los magistrados.

Y ello porque el precepto elimina la paga extraordinaria "sin excepción alguna respecto de la parte que ya se hubiera devengado a la fecha de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2012", es decir, que la paga extra es un salario referido a todo el año y se suspendió por completo en julio.

La crisis, decían también los magistrados de la Audiencia, no abre la puerta sin más a que estos recortes operen con carácter retroactivo.

Rajoy espera que el Constitucional dé la razón al Gobierno

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la decisión que tomó en 2012 de suprimir la paga extra de Navidad de los empleados públicos porque "no hubo más remedio" y ha dicho que "espera no tener que quitar nunca más la paga extraordinaria a nadie".

Rajoy, que ha hecho estas declaraciones en una conferencia de prensa en el Palacio de La Moncloa junto a su  homólogo austriaco, Werner Faymann, ha confiado en que el  Tribunal Constitucional dé la razón al Gobierno y  dictamine que fue legal eliminar la paga extra de diciembre de los  empleados públicos.

"Siempre que tomamos decisiones creemos que son adecuadas a la  Constitución Española. Si no, no las tomaríamos, y yo espero que se  nos dé la razón", ha subrayado Rajoy tras conocerse que el  Constitucional resolverá sobre la legalidad de haber suprimido, con  efectos retroactivos, una paga extra que se había devengado ya en  parte.

"Un gobernante muchas veces tiene que tomar decisiones que no le  gustan a mucha gente, pero si lo hacemos es porque creemos que es  absolutamente imprescindible para el interés general de España", ha  enfatizado Rajoy.