Un consejo independiente vigilará el cumplimiento de la ley de transparencia en vez de Hacienda

• Hacienda no tendrá potestad para sancionar a comunidades y ayuntamientos
• CiU y PNV retiran sus enmiendas a la totalidad tras la cesión del Gobierno
• El Congreso rechaza las de Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Compromís
• Los minoritarios exigían que entrara la Iglesia y saber cómo afectará al rey

La Ley de Transparencia pasa su primer examen con el debate de las enmiendas

El Gobierno ha accedido a que sea un consejo independiente y de nueva creación el que vele por el cumplimiento de la ley de transparencia en lugar del Ministerio de Hacienda. Esta era una de las peticiones de la oposición que no veía con buenos ojos  que este control se ejerciera desde el Ejecutivo.

El nuevo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha anunciado este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley, será independiente de los poderes públicos. Tendrá un presidente elegido por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados que no podrá ser destituido durante su mandato, según informa Europa Press.

Sáenz de Santamaría ha expresado la "voluntad" del Gobierno de "transformar" la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios dependiente de Hacienda en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, "con los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley".

El Gobierno ha cedido en otro aspecto más. Ya no será el Ministerio de Hacienda el que aplique las sanciones a la ley. Será la Autoridad Fiscal independiente, creada recientemente por el Gobierno, la que ponga en conocimiento de cada administración las infracciones detectadas, para que estas incoen el procedimiento y en su caso impongan la sanción, que puede llegar a la destitución e inhabilitación de cargo público.

El proyecto de ley otorgaba al ministro de Hacienda la potestad para abrir expedientes disciplinarios a los más altos responsables de las comunidades autónomas y alcaldes contemplando incluso su destitución e inhabilitación.

CiU y PNV, que habían criticado este aspecto por considerar que invadía competencias autonómicas y municipales, han retirado sus enmiendas a la totalidad tras el compromiso del Gobierno de "suavizar" esta capacidad sancionadora de Hacienda. Izquierda Plural, UPyD, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo han mantenido las suyas pero no han salido adelante.

Con 21 votos a favor, 183 en contra y 117 abstenciones, el pleno ha rechazado las enmiendas de devolución de IU, UPyD, Amaiur, BNG y Compromís-Equo y la presentada por ERC con un texto alternativo, con 17 votos a favor, 287 en contra y 16 abstenciones.

Casa Real y Banco de España en la ley de transparencia

Además de anunciar la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha confirmado que la Casa Real y el Banco de España estarán en la ley de transparencia y ha explicado que la monarquía tendrá que someterse al "mismo régimen" que el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional.

La número dos de Mariano Rajoy ha asegurado que será la "primera ley" de transparencia europea que "incluya explícitamente" a una casa real.

La Ley de Transparencia, a debate

También ha aceptado la inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que obtengan una financiación pública "relevante", informa Efe.

A este respecto, ha ofrecido a la oposición un acuerdo para definir los porcentajes o cuantías mínimas de dinero público que se considera relevante.

Sáenz de Santamaría ha defendido que la ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno es "urgente" e "inaplazable" para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones y en la labor de sus gobernantes.

Rubalcaba pide al Gobierno que sea "sensible"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado dispuesto a apoyar la ley de transparencia si hay una negociación y el Gobierno es "sensible" con las propuestas de su partido que tiene ciertas "líneas rojas".

Rubalcaba ha hecho estas declaraciones después del debate de las enmiendas a la totalidad. Durante este, la diputada socialista del PSOE Meritxell Batet ha explicado que no se van a oponer a su tramitación después de que el Gobierno haya expresado de forma explícita su disposición a negociar la ley.

No obstante, Batet ha insistido en las reticencias de su grupo a algunas disposiciones de la sección de Buen Gobierno de la ley, en especial la capacidad que se otorgaba al Ministerio de Hacienda en el texto inicial para sancionar o incluso cesar alcaldes.

"Es inadmisible que este proyecto contemple que el ministro de Hacienda pueda cesar a un alcalde elegido democrático por sus vecinos", ha avisado.

Los minoritarios quieren saber qué pasará con la Iglesia

Los grupos que no han retirado sus enmiendas a la totalidad (Izquierda Plural, UPyD y, dentro del grupo Mixto, ERC, BNG y Compromís-Equo) se han reafirmado en su rechazo al proyecto de ley de transparencia porque lo consideran "insuficiente" y no se fían de que el Gobierno esté realmente dispuesto a mejorarlo incorporando sus aportaciones.

Todos han insistido en que la ley debe ser orgánica, es decir, que debe contemplar el derecho de acceso a la información como fundamental. También se han remarcado la conveniencia de que el silencio negativo (que permitiría a un ciudadano recurrir si la administración no le contesta pasado un tiempo) se convierta en positivo (por el que se entiende que la no contestación obliga a la publicación del dato demandado).

Estos partidos minoritarios han exigido saber también si la ley se aplicará o no a la Iglesia y cómo afectará realmente a la Casa Real, informa Europa Press.

Izquierda Plural censura que se den "migajas" sobre el rey

Desde la Izquierda Plural Joan Josep Nuet, ha denunciado el "acuerdo secreto" alcanzado entre el Gobierno y la Corona para que a los ciudadanos apenas lleguen unas "migajas" del "patrimonio", la "agenda" y los "negocios" de los miembros de la Casa del Rey.

"Pero no queremos las migajas, queremos todo", ha proclamado Nuet, que ha denunciado que el Gobierno se ha visto obligado a modificar el texto inicial "arrinconado" por los casos "Urdangarin, Barcenas o Bostwana", según recoge Efe.

Pese a los cambios introducidos en la norma, Nuet ha dicho que su grupo mantiene su enmienda "para no ser engañados". "Otros han decidido probar suerte y estarán rezando a la Virgen de Lourdes", ha asegurado, en referencia a CiU y PNV.

UPyD no se fía de las promesas del Gobierno

En esta misma línea, el portavoz de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha dicho que no se fía de las promesas del Gobierno que han permitido que el PSOE no haya presentado enmienda a la totalidad y que CiU y el PNV hayan retirado a última hora las suyas.

Gorriarán cree que la ley debe afectar a todas las entidades que reciban fondos públicos de cualquier cuantía, y ha criticado la falta de transparencia en la negociación parlamentaria y los "tics" burocráticos que persisten en el texto.

"Ahora lo que tenemos son sus palabras y sus promesas, pero vamos a esperar a las propuestas concretas", ha asegurado el portavoz de ERC, Alfred Bosch, en la defensa de su enmienda a la totalidad con texto alternativo.

Tras insistir en que la ley no debe tener excepciones con la Iglesia o la Corona, Bosch ha reclamado total transparencia de las administraciones públicas para que la información no termine apareciendo en los medios de comunicación o en los tribunales, como ocurre, ha dicho en el caso Bárcenas.

ERC es el único partido que ha presentado un texto alternativo al proyecto del Gobierno que plantea una rebaja generalizada de los cargos políticos y de los miembros de las instituciones, incluida la Corona. También abogan por prohibir el uso de tarjetas de crédito por parte de cargos públicos, una petición que ha provocado un rifirrafe entre Bosch y la vicepresidenta.

Las gafas de sol de Joan Baldoví

Por su parte el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha  alabado que la vicepresidenta se haya mostrado abierta a aceptar  algunas reivindicaciones de los grupos, pero le ha advertido de que mientras el PP no aclare los casos de corrupción que le salpican, los ciudadanos no creerán que hay una verdadera voluntad de ser  "transparentes" y hacer una "ley cristalina".

Baldoví subió a la tribuna con unas gafas translúcidas y otras de  sol y emplazó a Sáenz de Santamaría a "elegir" entre la  "transparencia" o la "oscuridad".

El diputado valenciano coincidió  con la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, en la conveniencia  de aprovechar esta ley para endurecer el régimen de  incompatibilidades de los altos cargos y parar su continuo "ir y  venir de lo público a lo privado".

El PP acusa a la oposición de "no querer una ley"

En su turno de fijación de posición, el portavoz del PP Esteban González Pons ha criticado a los grupos parlamentarios que han pedido la devolución de la norma sin presentar un texto alternativo. "Decir no, por decir no, es no querer una ley", ha afirmado.

González Pons ha defendido un texto que permitirá luchar mucho mejor contra la corrupción y obligará a los políticos a actuar siempre como si estuvieran "delante de la tele", "impecables y ejemplares".

"Los políticos debemos saber que con esta ley una lupa va a observar cada uno de nuestros actos", ha destacado.