Enfrentamientos en el centro histórico de Lima por el proyecto de reforma del funcionariado

• Diez personas fueron detenidas en la manifestación en una zona prohibida
• Un sindicato ha convocado una huelga indefinida en el sector público

Turistas atrapados entre manifestantes y policías se protegen de los gases lacrimógenos y chorros de agua en la Plaza de Armas de Lima.

La conflictividad social en Perú ha subido un escalón con el enfrentamiento registrado en la Plaza de Armas de Lima, zona prohibida para las manifestaciones, entre la policía y un grupo de manifestantes tras declararse una huelga indefinida de los funcionarios ante un proyecto de reforma de su estatuto.

Diez personas fueron detenidas en los hechos registrados la tarde del jueves, según Efe. Los manifestantes protestaban contra la ley de servicio civil que tramita el Parlamento y que reforma el régimen laboral de medio millón de empleados públicos.

La Policía lanzó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a un grupo de manifestantes que se negaron a abandonar la plaza. En el "violento enfrentamiento", como lo califican Efe y AFP, se vieron envueltos diversos turistas que se encontraban en esa zona, que es parte del Centro Histórico de la ciudad, donde se ubica el Palacio de Gobierno, la Municipalidad y la Catedral.

El miércoles ya hubo manifestaciones y, según AFP, el sindicato Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) convocó una huelga indefinida en la función pública contra el proyecto al considerar que vulnera sus derechos laborales y que abre la puerta a despidos masivos.

El Gobierno del nacionalista Ollanta Humala ha negado ese extremo y dice que busca modernizar la función pública y acabar con la diversidad de regímenes dentro de la Administración.

Este se suma a la larga lista de conflictos que se arrastran en Perú y que no parecen haberse reducido con la llegada al poder en 2011 de Humala. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante el mes de abril se registraron 229 conflictos sociales; y en 2012 se contabilizaron 24 muertos (todos civiles) y 649 heridos en estos conflictos.

En la mayoría de los casos enfrentan a comunidades agrícolas con las grandes empresas mineras y petroleras que ingresan o proyectan hacerlo a sus territorios.