Entra en vigor la Ley de Costas que amnistía a 125.000 viviendas

• Aún así, la ley no permitirá construir donde antes no se podía
• Incorpora una regulación para luchar contra el cambio climático

Este viernes entra en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la reforma de la Ley de Costas que amnistía a 125.000 viviendas  dentro de la Zona de Servidumbre de Protección (adyacente al dominio  público).

Aún así el Ministerio de Medio Ambiente matiza que esta  normativa no supondrá que se vaya a permitir construir  donde antes no se podía. De hecho, en esta zona se autorizarán las  obras para mejoras y modernización "siempre que no impliquen un  incremento ni en altura ni en volumen" de la edificación.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ya  subrayó que cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones  de euros relacionados con la actividad económica de la costa  dependían de esta nueva norma, que "trata de introducir sentido común  en el litoral".

Según los datos del Gobierno,  de las 40.000 ocupaciones actuales  que se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del  mar y de las playas), casi un 90 por ciento se encuentra en una  situación irregular. Así, explica que esta normativa aporta  soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron afectados por la  anterior normativa de 1988.

Regulación para luchar contra el cambio climático

Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas  incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio  climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de  Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la  adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a  mitigarlos.

Con la reforma se prohíben también nuevas edificaciones en el  litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del  mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de  protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial  en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos,  prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de  tamaño, altura o superficie.

Exclusión de varios núcleos de población

Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque  ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de  núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su  mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o  empresas.

En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público  marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de  Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante);  Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro  (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano  de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).

Medio Ambiente ha concretado que, con esta decisión, se trata de  atender a las necesidades de regulación de estos espacios habitados y  consolidados y "cuya cartografía justifica las razones por las que no  deben estar incluidos en el dominio público".

Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre  de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica  la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988 y  se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.

La norma recoge también un mecanismo, bautizado por el Gobierno  como 'cláusula anti-Algarrobico', que permite al Estado tutelar a las  administraciones locales que vulneren la futura Ley de Costas,  haciendo posible suspender de forma automática las licencias  urbanísticas que atenten contra la protección del litoral.