El exchófer de Guerrero asegura que Zarrías llamó a su jefe para incluir a "intrusos" en los ERE

• A preguntas del fiscal no pudo precisar quiénes fueron esos "intrusos"
• Asegura que Griñán se reunió con Guerrero cuando era consejero de Hacienda
• Así lo ha declarado Juan Francisco Trujillo ante la juez Alaya
• La juez ha imputado a cinco personas más en el caso de los ERE
• Consulta el gráfico sobre ¿Quién es quién en el caso de los ERE?

El exchófer de Guerrero dice que Zarrías le pidió a su jefe incluir "intrusos" en los ERE

Juan Francisco Trujillo, el que fue chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerreo, ha asegurado en su declaración judicial que el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías "llamó en varias ocasiones" a su jefe para incluir a "intrusos" en las prejubilaciones en el caso de los ERE.

La declaración de Trujillo como imputado ante la juez Mercedes Alaya se realizó el pasado 22 de marzo pero se ha conocido este lunes, cuando la magistrada ha levantado el secreto del sumario sobre la última fase de investigación de los ERE y ha entregado a las parte 51 tomos de actuaciones.

Trujillo también ha asegurado a la juez que cuando el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, era consejero de Hacienda se reunió con el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y con el secretario de Hacienda o de Economía "para desatascar el retraso que había en los pagos de subvenciones, pólizas y ayudas". Algo que ya ha desmentido el propio presidente de la Junta.

El imputado "tiene conocimiento de llamadas de Griñán al señor Guerrero por comentarios que este le ha hecho, que llamaba para interesarse por el tema y Guerrero le decía que tenían que ampliar los fondos para acabar con el retraso importante que había en los pagos".

Respecto a Zarrías, hoy secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Trujillo ha asegurado que "tiene conocimiento de que llamó en varias ocasiones a Guerrero para incluir a personas en las prejubilaciones", pero a preguntas del fiscal no pudo precisar quiénes fueron esos "intrusos", ya que "eso fue un comentario que le hizo Guerrero pero no le dijo nada más".

En el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Trujillo también ha afirmado que Zarrías "hizo gestiones con Guerrero para que le dieran ayudas a una empresa azulejera" de Vilches (Jaén).

Gestiones para una empresa de SEAT

Además, Guerrero y Ramón Díaz Alcaraz, exparlamentario andaluz por el PSOE, "hicieron gestiones juntos para una empresa de SEAT", pues el chófer los llevó a la empresa, y luego su jefe "compró un SEAT o un Altea a muy buen precio" como regalo para su hermana.

Trujillo está imputado en los ERE por haber recibido tres subvenciones de 450.000 euros para otras tantas empresas ficticias y por una ayuda de 122.649 euros que recibió su madre, y en su comparecencia en 2012 declaró a la juez que llegó a gastarse 25.000 euros al mes procedentes de las ayudas en cocaína para sí mismo y su jefe.

En esta nueva declaración, a preguntas de Alaya sobre sus facturas por importe de 81.840 euros y 13.920 euros al Bufete Jurídico Villasís, cuyos abogados están imputados como mediadores en los ERE, el chófer declaró que "no niega que haya recibido ingresos pero no recuerda los importes ni la cantidad de facturas falsas que tuvo que emitir" al despacho para comprar cocaína para sí mismo o Guerrero.

El pago siempre lo hacía en efectivo a su suministrador,  identificado como "Goyo", pero en una ocasión Guerrero le llamó por teléfono y le indicó que debía ingresar 6.000 euros en una cuenta de este joven, manifestó.

La juez imputa a otras cinco personas

Mientras, la juez Mercedes Alaya, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha imputado a otras cinco personas en la causa al entender que con sus actuaciones podrían haber beneficiado al 'conseguidor' de los ERE y a Guerrero.

Entre la documentación entregada a las partes, destaca un escrito de la Fiscalía Anticorrupción fechado el 8 de abril de 2013 en el que solicitaba la imputación de hasta 18 personas -algunas de ellas detenidas en la operación Heracles- "por su presunta participación en los hechos indiciariamente delictivos" descritos en las diligencias practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y elevadas al Juzgado. 

En el mismo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la imputación formulada contra el dueño de 'Uniter', José González Mata, y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal, cuyas declaraciones en sede judicial están pendientes de practicar desde finales del pasado mes de marzo. En este sentido, la Fiscalía pide que se fije un calendario de declaraciones. 

Pues bien, la juez Alaya ha dictado un auto, de fecha 14 de mayo y consultado por Europa Press, en el que acuerda imputar a cinco de estas 18 personas por los presuntos delitos, "según los casos", de malversación, cohecho, asociación ilícita, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y dos delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento mercantil. 

De este modo, la magistrada imputa a Antonio Diéguez Viera, quien como persona autorizada en la cuenta bancaria de la sociedad Promociones Vinícolas "habría recibido de manera irregular 90.080,97 euros" a través de Estudios Jurídicos Villasís, "quien a su vez los habría recibido de Uniter siguiendo instrucciones" del exdirector general de Trabajo.

Fondos provenientes de "sobrecomisiones"

Según la juez, dichos fondos procedían de las "sobrecomisiones abonadas por la Junta con ocasión de la tramitación de las pólizas financiadas por esta Administración", a lo que se suma que Guerrero concedió a esta sociedad una ayuda directa de 444.748,96 euros, "cantidad que no consta fuera abonada y que podría estar destinada en parte al director general de Trabajo".

También imputa a Beatriz Núñez Muñoz, administradora única en las cuentas de la empresa Atrado Mensajería entre 2003 y 2006, cuya imputación "vendría determinada por ser conocedora indiciariamente" de la actividad ilícita desarrollada por quien fuera su pareja e imputado en la causa Eduardo Leal del Real, presunto 'testaferro' de los ERE. 

La juez considera que esta imputada "colaboró" con su expareja en la ejecución de determinadas acciones ilícitas "de lo que se ha denominado 'Entramado Atrado' mediante la ejecución de acciones tales como ostentaciones de órganos sociales, apertura de cuentas, o imposiciones de dinero en efectivo", todo ello "con el fin de facilitar que Juan Lanzas, cuya identidad permanecería oculta tras la pantalla de dichas sociedades, pudiera percibir sus ilícitas ganancias".

"Señores especiales"

Alaya ha imputado, igualmente, a tres exdirectivas de Vitalia, como son María Ascensión de la Cruz Antona, quien "se prestaría a figurar como administradora en Vitalia Vida y a intervenir formalmente en determinados actos y negocios jurídicos con la finalidad de actuar como una pantalla, de forma que quedara oculta la actividad directiva de los auténticos responsables de la empresa".

También ha sido imputada María Luisa Rodríguez Márquez, quien, como jefa del departamento de Planes en Barcelona de Vitalia, "participaría en la elaboración de los cálculos actuariales relativos a personas que nunca habían trabajado en las empresas, y cuya ilicitud conocía al ser denominados 'señores especiales'".

La última de las imputadas es Gemma Fátima Rodríguez Márquez, administrativa del departamento de Planes que "participaría activamente en la elaboración de los cálculos actuariales relativos a 'señores especiales', conociendo indiciariamente que los mismos no tenían derecho a suscribir pólizas por no ser trabajadores de las empresas de las que derivaban".

No fija un nuevo calendario de declaraciones

Respecto al resto de personas cuya imputación solicita Anticorrupción, la juez las rechazas pues "de las diligencias policiales no se desprende por ahora la participación criminal de las mismas, sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación y de que se complementen los estudios que viene efectuando la Guardia Civil".

Respecto a las declaraciones de Carlos Leal y José González Mata, la magistrada dice que el señalamiento "se efectuará en virtud de la agenda de esta instructora y la multitud de recursos en trámite y que atañen a medidas cautelares relativas a los numerosos imputados".

En el mismo auto, la magistrada resuelve sobre un escrito en el que la Junta solicitaba la incorporación a la pieza declarada secreta de nuevos hechos en relación a la entidad Umax Informática y Consultoría, escrito en el que "viene a denunciar la supuesta concertación de la Dirección General de Trabajo con Umax para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos".

Tras señalar que tales hechos "no guardan relación" con la causa, la juez indica asimismo que aunque la Junta ya denunció los hechos ante la Fiscalía, la presentación del referido escrito "judicializa el caso, pues dicho escrito debe considerarse como denuncia, pues incluso solicita imputaciones y declaraciones", por lo que acuerda que el asunto pase al Juzgado de Guardia para su reparto.