El 'conseguidor' de los ERE saldrá de prisión si paga una fianza de 450.000 euros

• La Fiscalía solicita una fianza civil para Juan Lanzas de 145 millones de euros
• También solicita 19 millones de fianza para la esposa del exsindicalista
• Para "facilitar el mayor reintegro  posible de los fondos públicos malversados"
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Juan Lanzas, el 'conseguidor' de los ERE, saldrá de prisión si paga una fianza de 450.000 euros

La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto una fianza de 450.000 euros a Juan Lanzas, el "conseguidor" del caso de los ERE, para salir de prisión, según han confirmado fuentes de la acusación a TVE.

El exsindicalista de UGT, imputado en el caso de los ERE fraudulentos, lleva en prisión desde el pasado mes de marzo, cuando la juez del caso, Mercedes Alaya, ordenó su encarcelación tras ser detenido en el marco de la operación Eracles.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto, notificado este mismo martes al abogado del imputado, en el que estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de Lanzas contra el auto de prisión y quedará en libertad si abona los 450.000 euros impuestos.

Las mismas fuentes han indicado que Lanzas, en contra de lo que pudiera pensarse a raíz de los datos patrimoniales desvelados por la investigación, no dispone actualmente de la cantidad fijada como fianza por la Audiencia Provincial de Sevilla.

145 millones de responsabilidad civil

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya  que imponga una fianza de responsabilidad civil de 145 millones de  euros a Juan  Lanzas, y de 19 millones de euros a su esposa, Patrocinio Sierra,  ambos imputados en la causa de los expedientes de regulación de  empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

Esta petición de fianzas civiles se produjo en el marco de la  nueva investigación desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto  cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que  gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE,  aunque el dato se ha conocido después de que la magistrada de  Instrucción número 6 de Sevilla haya levantado el secreto de  sumario.

Según el acta de la audiencia sobre medidas cautelares celebrada  el pasado 9 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el  Ministerio Público consideró que en el caso de Lanzas "concurren los  presupuestos que justifican" la solicitud de la fianza civil "con el  objetivo de facilitar el mayor reintegro posible de los fondos  públicos malversados".

Para la fianza, Anticorrupción toma como base los informes de la  Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones de 3 de marzo en  torno a las primas abonadas por la Junta de Andalucía por pólizas en  las que el imputado, de forma indiciaria, intermedió para que las  mismas fueran abonadas con fondos públicos.

Millones en "sobrecomisiones"

Según la Fiscalía, el importe total conforme a dichos informes  asciende a 103,1 millones de euros, donde se incluye "lo que se ha  venido a denominar sobrecomisiones", de las que el imputado "se ha  beneficiado en una cuantía de 8,6 millones, básicamente a través de  su inclusión y la de su esposa como intruso", así como por "la  facturación de diversas sociedades englobadas" en el entramado  'Atrado' y a través de sociedades vinculadas a su cuñado, Ismael  Sierra.

A la cantidad reseñada de pagos de primas realizados por la Junta,  Anticorrupción entiende que hay que sumar los importes que el  imputado "ha venido a cobrar de empresarios que se han beneficiado de  las pólizas financiadas por la Junta, permitiendo la amortización de  su plantilla sin prácticamente coste para ellos".

La Fiscalía considera que dichas cantidades "habrían sido  percibidas tanto en efectivo como mediante facturación de las  empresas del entramado 'Atrado' y vinculadas a Ismael Sierra a las  empresas beneficiarias de forma ilícita", ascendiendo el importe de  ello a 5,4 millones. A todas las cantidades mencionadas le suma la  Fiscalía el tercio legal previsto, por lo que pide una fianza de 145  millones.

Dos millones de fianza para el cuñado de Lanzas

Respecto a su esposa, Anticorrupción considera que "ha de  responder de las ganancias que de forma ilícita obtuvo" su marido por  su intervención en la concertación de las pólizas de rentas y ayudas  a empresas en las que intervino, cantidad que fija en 8,6 millones y  a la que suma los 5,4 millones anteriores más el tercio legal para  pedir una fianza civil de 19 millones.

En relación a Ismael Sierra, alude a las sociedades relacionadas  con el imputado "que de forma ficticia facturaron a las empresas del  holding Vitalia y a otras beneficiarias de pólizas de rentas  financiadas con fondos de la Junta, que les permitieron la reducción  o extinción total de su plantilla sin coste alguno para ellos",  cifrando todo ello en 831.898,79 euros y 697.211,20 euros,  respectivamente. Para este imputado, solicitó una fianza civil de 2,1  millones de euros.

Por último, y en relación al exdirector general de Trabajo y  Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, a quien la juez ya impuso  una fianza civil de 686 millones de euros, la Fiscalía pidió la  ampliación del embargo y las anotaciones preventivas acordadas en  decreto de 10 de mayo de 2012, para lo que tuvo en cuenta la  información bancaria facilitada por la Guardia Civil.

Rechazo al bloqueo de cuentas

El abogado de Guerrero, en este sentido, se opuso a lo interesado  por la Fiscalía y pidió tres días para aportar la documentación  relativa a una serie de cuentas mencionadas por el Ministerio Público  "que ni siquiera pertenecen" a su representado, solicitando que en  alguna de ellas, "en vez del bloqueo, se trabe embargo, ya que se  encuentran domiciliados pagos perentorios y necesarios que con la  medida del bloqueo impedirían realizar ingresos".

De su lado, el letrado de Ismael Sierra también se opuso a lo  solicitado por la Fiscalía pues "no contamos con datos o con los  datos que se hacen imprescindibles para articular una oposición a la  medida solicitada con el rigor que la misma exige".

En la vista no estuvo presente el abogado de Juan Lanzas,  pero la  juez acordó celebrar la comparecencia de medidas cautelares "dado el  número de partes personadas y la complejidad para hacer coincidir las  respectivas agendas de los diferentes letrados", no obstante lo cual  dio traslado a la representación del imputado para "que pueda alegar  lo que a su derecho convenga" en un plazo de tres días.