La Fiscalía pide 14 años de prisión para el exconsejero Blasco en el "caso Cooperación"

• Asimismo pide 33 años de inhabilitación para el diputado del PP
• Está acusado de malversación de fondos públicos y prevaricación
• También le reclama el pago de una multa de 43.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el diputado del PP y exconsejero valenciano de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco 14 años de prisión y 33 de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental en el "caso Cooperación", relativa a las ayudas a la Fundación Cyes, según consta en el escrito de calificación provisional.

En el escrito de conclusiones provisionales presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la causa que investiga el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para la cooperación internacional entre 2008 y 2011, la Fiscalía también reclama al diputado del PP en Les Corts Valencianes el pago de una multa de 43.200 euros.

El ministerio público, al igual que el resto de las acusaciones --PSPV, Abogacía de la Generalitat, Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) y el padre del niño adoptado--, presentó su escrito de calificación este lunes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde se instruye el 'caso Cooperación'.

El procedimiento se divide en dos piezas. La primera, en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería de Solidaridad a la Fundación Cyes; y la segunda, relativa al supuesto desvío de fondos en favor de la trama entre 2009 y 2011.

Investigado por el supuesto desvío de 1,8 millones de euros

Blasco ha sido investigado por el supuesto desvío de 1,8 millones de euros que concedió la Consellería de Solidaridad a la Fundación CYES para diferentes proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros; el resto, fue a parar supuestamente a distintas sociedades del cabecilla de la trama, el empresario Augusto César Tauroni.

La Fiscalía le atribuye tres conductas penales: delito continuado de malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. Por la primera de ellas -malversación en concurso ideal con tráfico de influencias, prevaricación y falsedad de documentos-, la acusación pública pide 8 años de prisión y 18 de inhabilitación.

Por el segundo solicita 6 años de prisión, una multa de 43.200 euros e inhabilitación de 6 años, mientras que por el tercer delito pide 9 años de inhabilitación especial.

Penas de entre 4 y 13 años para otros ex altos cargos

Para los otros ocho acusados, entre ellos varios ex altos cargos de la Conselleria, la Fiscalía solicita penas que oscilan de entre 4 y 13 años de cárcel.

Anticorrupción considera que Tauroni era "amigo personal" del consejero -a quien conocía por haber sido socio de su hermano Bernardo Blasco en la mercantil Grupo Apelcine- y que éste le proporcionaba información privilegiada sobre las convocatorias públicas de ayudas.

El empresario, único imputado encarcelado, acordó facilitar esta información al presidente de la Fundación CYES (no confundir con la constructora del mismo nombre), Marcial López, a cambio del 25 % de las subvenciones que lograra.

La Fiscalía pide 11 años de prisión para Tauroni, y 6 años y 6 millones de euros de multa para Marcial López, quien llegó a falsear documentos para acreditar la experiencia de la fundación y creó la asesoría ACIP para "seguir lucrándose" de las ayudas.

Las solicitudes que presentó CYES a partir de junio de 2008 para para proyectos en Nicaragua fueron rechazadas por la comisión de valoración de la Conselleria, pero Blasco medió, amedrentando incluso a los funcionarios, para conseguir que se aprobaran, señala Anticorrupción.

"Maniobras falsarias"

El exconsejero resolvió que se le adjudicaran 1,6 millones en ayudas, de los que 416.704 euros (el 25 % pactado) fueron cobrados por Tauroni a través de Arcmed en dos facturas emitidas para realizar supuestos trabajos en Nicaragua.

Una técnico advirtió que esos trabajos no habían sido hechos, y que además CYES había adquirido cuatro inmuebles en Valencia a cargo de las subvenciones por un importe total de 805.000 euros.

Cuando esta información se dio a conocer en los medios de comunicación en octubre de 2010, Blasco ordenó a varios cargos de su Conselleria que elaboraran un certificado para excluir las facturas de las viviendas adquiridas, una "maniobra falsaria" que prosiguió cuando remitió dossiers "ad hoc" a la Fiscalía y a la Sindicatura de Comptes para acreditar la legalidad de las subvenciones.

A Nicaragua únicamente se transfirió la cantidad de 43.000 euros, el 2,5 % del total de las ayudas, algo que según el fiscal era conocido por Blasco.

El escrito de calificación pide también pide 10 años de cárcel para el ex director general de Cooperación Josep Maria Felip y 27 años de inhabilitación por los mismos delitos que atribuye a Blasco.

Para la secretaria general administrativa de Solidaridad Agustina Sanjuán pide 13 años y medio y 30 de inhabilitación; para el exjefe del Área de Cooperación Marcos Antonio Llinares, 8 años de prisión y 18 de inhabilitación, y 6 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para Xavier Llopis, exdirector de gabinete del conseller de Solidaridad.