Un grupo de expertos de la ONU pide al Gobierno salvadoreño que reconsidere su ley del aborto

• Pide "dar la protección legal que todas las mujeres merecen"
• Afirman que la "absoluta prohibición del aborto" viola derechos humanos
• Fuentes médicas hablan de "doble moral"

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno de El Salvador que reconsidere su legislación sobre el aborto a raíz del caso de Beatriz (nombre supuesto), la joven embarazada de un feto sin cerebro a la que las autoridades denegaron el aborto por ser delito en el país.

"Ya es hora de reconsiderar las graves consecuencias sobre los derechos de las mujeres de la legislación sobre el aborto y su aplicación en El Salvador y de dar la protección legal que todas las mujeres merecen", ha dicho el grupo de expertos en un comunicado.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador denegó el amparo constitucional para que Beatriz pudiera abortar y proteger sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud. La joven padece lupus y una dolencia renal, por lo que el parto podía poner en peligro su vida.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) urgió a El Salvador a proteger la vida de la chica, y finalmente el Gobierno autorizó un parto inducido. La niña, nacida por cesárea, murió a las pocas horas mientras que Beatriz fue esterilizada y se encuentra bien.

La denegación del aborto viola derechos humanos

"El fallo de la CSJ expuso la salud física y mental de Beatriz a un grave riesgo que eventualmente podría amenazar su vida", dicen los expertos de la ONU Anand Grover, Juan Méndez, Kamala Chandrakirana y Rashida Manjoo. Los autores son expertos en derecho a la salud, la tortura y la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Además, han indicado que la decisión judicial "contravino claramente las obligaciones contraídas por El Salvador en materia de Derechos Humanos".

"Una absoluta prohibición del aborto, cuando el resultado es un grave riesgo a la vida y a la salud de las mujeres, constituye una violación de las obligaciones estatales de prevenir la tortura, y el trato inhumano, degradante o cruel", han subrayado.

Los expertos han celebrado la decisión del Gobierno de autorizar el parto inducido y han expresado su confianza en que el equipo médico que practicó la cesárea a Beatriz no sea sancionado por ello.

"Doble moral"

El revuelo por el caso de Beatriz refleja una "doble moral" porque es "una paciente pobre" que quería que se le interrumpiera su embarazo, algo que las personas con dinero resuelven en el extranjero.

Así lo ha asegurado a Efe el director del Hospital de Maternidad de San Salvador, Roberto Sánchez.

Sánchez ha informado que Beatriz se encuentra bien y se recupera favorablemente. "Es una paciente pobre la que teníamos acá y por eso se armó el ruido", ha explicado.

"Estamos hablando de una paciente pobre (...) Cualquier paciente con disponibilidad económica lo que hace es irse fuera del país y viene ya de regreso sin el problema", ha subrayado Sánchez. "En Miami resuelven el problema", ha añadido.

La ministra salvadoreña de Salud, María Isabel Rodríguez, declaró el pasado 30 de mayo a la prensa que "muchas organizaciones" y países, de los que no dio el nombre, ofrecieron llevar a Beatriz al extranjero para que pudiera abortar.