El Gobierno y el CGPJ renovarán este viernes cuatro vocales en el Tribunal Constitucional
- Dos sustituirán al presidente y al vicepresidente del Tribunal
- El Gobierno nombrará a dos nuevos magistrados, cuyo mandato ha expirado
- El pasado 16 de mayo no pudieron alcanzar un acuerdo
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha convocado para este viernes a las 10:00 horas un pleno para renovar a cuatro vocales en el Tribunal Constitucional. Dos vocales sustituirán al presidente y al vicepresidente y los otros dos serán nombrados por el Gobierno para sustituir a los del Ejecutivo anterior, cuyo mandato ha expirado.
Fuentes del citado órgano a las que cita Efe han asegurado que hasta el momento no hay cerrado ningún acuerdo para decidir a qué dos nuevos magistrados eligen de entre los cuatro candidatos con más posibilidades. Se trata de los magistrados del Tribunal Supremo Ricardo Enríquez, José López, Juan Antonio Xiol y Cándido Conde.
Los vocales, según fuentes del CGPJ, ultiman reuniones para tratar de superar la división que impidió que ninguno de los candidatos presentados pudiera alcanzar el apoyo mínimo de 13 votos el pasado 16 de mayo.
Dos nuevos vocales del Poder Judicial deben sustituir al actual presidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala y al magistrado de tendencia conservadora Ramón Rodríguez Arribas.
En cuanto a los dos magistrados elegidos por el Gobierno sustituirán a Pablo Pérez-Tremps y Manuel Aragón Reyes, cuyo mandato comenzó el 8 de junio de 2004 y también ha expirado.
Los candidatos favoritos
Son cuatro los magistrados del Tribunal Supremo, dos apoyados por el sector conservador y otros dos como candidatos del sector progresista del CGPJ los que por el momento aparecen mejor colocados para ocupar las dos plazas en el Tribunal Constitucional.
Se trata de Juan Antonio Xiol Ríos y Cándido Conde-Pumpido por el sector progresista y de José López García de la Serrana y Ricardo Enríquez por el conservador. En el bloque progresista del Consejo, el más dividido a la hora de respaldar a un determinado candidato, aparece como tercera opción el ex-secretario de Justicia Juan Carlos Campo, quien podría salir beneficiado de la falta de acuerdo.
El CGPJ carece de un procedimiento específico para realizar estos nombramientos y en ocasiones anteriores los candidatos se discutían en el pleno sin necesidad de que antes tuvieran que postulares formalmente, cosa que sí ha ocurrido en esta ocasión.
Composición del Tribunal y asuntos clave
La renovación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que deben sustituir a los cuatro magistrados que concluyen su mandato el 9 de junio permitirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy, según cita Europa Press, asegurarse una mayoría de carácter conservador en el alto tribunal, que tendrá que pronunciarse sobre asuntos clave como la reforma laboral, el euro por receta, la no revalorización de las pensiones o la declaración soberanista del Parlamento catalán.
El tribunal de garantías, que contará desde este mismo mes con un sólido bloque conservador de siete magistrados frente a cinco del ala progresista, deberá analizar también la supresión de la paga extra de los funcionarios, las tasas judiciales o el recurso del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi por el caso Bateragune.
El proceso soberanista que se ha abierto en Cataluña será uno de los temas clave del nuevo TC. Por el momento, ya ha admitido a trámite la impugnación que presentó la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que hablaba de la "soberanía del pueblo catalán".
El Gobierno también ha anunciado que va a llevar al Constitucional la constitución del Consejo Asesor para la Transición Nacional que trabaja en la eventual creación de un Estado catalán. Es posible que la Ley de Consultas que se tramita en este momento en el Parlamento de Cataluña también sea objeto de recurso por parte del Ejecutivo de Rajoy.
El TC también decidirá sobre el recurso de amparo que presentó Arnaldo Otegi contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó en mayo de 2012 por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del denominado 'proyecto Bateragune'.