Las fundaciones bancarias podrán ampliar capital, pero sin aumentar su poder

• El Gobierno limita el ejercicio de derechos políticos de fundaciones bancarias
• Las fundaciones podrán ir a las ampliaciones de capital de los bancos
• Se aprueba el proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones, que pasa al Congreso
• El dividendo se podrá aprobar por el 66% de los accionistas y no el 75%

El Gobierno limita el ejercicio de los derechos políticos de las fundaciones bancarias más allá del 50%

Las fundaciones bancarias que tengan una participación igual o superior al 50%, o un porcentaje de control de una entidad de crédito, tendrán la opción de acudir a la ampliación de capital de la entidad participada para no ver diluida su participación en el banco, pero no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a ese incremento.

Este aumento de las participaciones de las antiguas cajas en los  bancos se podrá materializar a través de los fondos de reserva, según ha  explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha calificado  el cambio como "razonable" para garantizar la solvencia y permitir la  "independencia" de las entidades.

Esta es una de dos las novedades incluidas por el Gobierno en el proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones aprobado este viernes, y que pasará ahora al Congreso de los Diputados. Así lo ha señalado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que ha destacado que este proyecto de ley es "la pieza de cierre de todo el entramado de los cambios que acordamos (con Europa) y que el Gobierno lleva haciendo en los últimos 14 meses sobre el sistema bancario".

Además, se cambia la política del reparto de dividendos respecto al anteproyecto de ley presentado el pasado 3 de mayo: se podrán aprobar con el 66% de los accionistas con derecho a voto (una mayoría de dos tercios) en vez del 75% que estaba contemplado en el anteproyecto de ley. El cambio se ha hecho a petición del Consejo de Estado, según ha señalado el ministro De Guindos.

El proyecto mantiene la incompatibilidad entre los patronos de las  fundaciones y el consejo de administración de los bancos. "No podrán ser  las mismas personas, un tema importante para la independencia de las  entidades", ha señalado De Guindos.

Vuelta a los orígenes

El Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones aprobado implica un nuevo marco jurídico para estas entidades, "que volverán a su actividad natural, centradas en el negocio minorista y en su ámbito territorial de actuación".

De esta manera, tras la aprobación de la norma, que ahora entrará en tramitación parlamentaria, las cajas no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen, un límite que si rebasan, las obligará a traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado por una fundación bancaria.

En concreto, deberán transformarse en fundaciones aquellas que  mantengan una participación en una entidad de crédito que alcance de  forma directa o indirecta al menos un 10% del capital o de los derechos  de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir a algún  miembro de su órgano de administración.

Más profesionalidad en los órganos de gobierno

Tanto la vicepresidenta como el ministro de Economía han puesto en valor que esta  norma. "Se quiere mejorar la profesionalidad de los órganos de gobierno y garantizar la independencia del consejo de los poderes públicos", ha asegurado De Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Se va completando la reforma financiera y se da cumplimiento al MoU suscrito con Bruselas", ha enfatizado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha considerado la nueva ley como un paso "clave" para la recuperación de la economía.

El Gobierno aprobó el pasado 3 de mayo el anteproyecto de ley. En  aquella ocasión, el ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó que "no hay fecha" para que las antiguas cajas de ahorros reduzcan sus posiciones de control en los bancos  a los que dieron lugar. 

De este modo, las fundaciones bancarias podrán  reducir progresivamente su participación, lo que permitirá culminar el  proceso de reestructuración del sector financiero en un periodo de  tiempo razonable.