La juez Alaya impone una fianza civil de 38 millones al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas

• La Fiscalía solicitaba para el exsindicalista de UGT 145 millones de euros
• Además, Alaya decreta para la mujer de Lanzas 14,7 millones
• La juez impone 410 millones de euros en fianzas  civiles a nueve imputados
• Consulta el gráfico: ¿Quién es quién en el caso de los ERE?

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 38 millones de euros para el 'conseguidor' y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, frente a los 145  solicitados por la Fiscalía. En total, para nueve de los imputados en la causa, incluido Lanzas, la cifra asciende a 410 millones de euros.

En un auto dictado el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso  Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla impone  además una fianza civil de 14,7 millones a su mujer, Patrocinio  Sierra, y decreta el embargo de siete fincas propiedad de la pareja y  ubicadas en las provincias de Jaén y Granada, ya que "la elevada  cuantía de las eventuales responsabilidades pecuniarias hace  aconsejable invertir la regla general y decretar el embargo de bienes  de cada uno de los imputados".

De igual modo, fija una fianza civil de 1,9 millones para el  cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y decreta el embargo de cuatro  fincas de la entidad Maginae Solutions, de la que figura como socio único el imputado; de 111,7 millones de euros a los exdirectivos de  Vitalia María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín, y cinco  millones para la esposa de éste último, María José Marcos, embargando  al matrimonio un total de 22 fincas registradas a su nombre o a  nombre de la sociedad Permar 21.

Igualmente, impone una fianza de 15,2 millones al extrabajador de  Vitalia Jesús Bordallo, a quien embarga tres fincas, y de 400.000  euros para Rosser Masa, administradora de Fortia Vida, mientras que  no impone fianza alguna al exdirector general de Trabajo Francisco  Javier Guerrero tras no haberlo pedido la Fiscalía Anticorrupción y  haberle impuesto el pasado mes de marzo de 2012 una fianza civil de  686 millones.

La juez argumenta que, "aunque, a día de hoy,  faltan elementos  importantes que puedan influir en la cuantificación de dichas  responsabilidades, conociendo por el avance de la investigación que  sólo podrían justificar un incremento de las mismas, resulta  procedente el dictado" de dichas fianzas de responsabilidad civil.

Al hilo, la magistrada relata que Pascual y Vaqué eran gerentes de  Vitalia y "ocuparían los primeros puestos en la escala de mando", y a  ellos "le seguirían" el director de Vitalia, Antonio Albarracín, y  Bordallo, mientras que, "a continuación e independientemente de los  anteriores, se situaría" Juan Lanzas, "antiguo sindicalista con  importantes contactos que ejercería para Vitalia labores comerciales  a comisión".

"Todos ellos orquestarían una operación perfectamente  determinada", y es que "el negocio, enormemente rentable para  Vitalia, sería la concesión continuada por la Junta de ayudas  sociolaborales instrumentadas mediante pólizas de renta colectiva que  aquella intermediaba, pues por la contratación de las mismas la  mediadora Vitalia cobraría unas sobrecomisiones elevadísimas, muy por  encima de la media del mercado", y que se cuantifican  "provisionalmente" en 21,2 millones.

Sindicatos y "autoridades" de la Junta

La juez considera que "para conseguir tal provecho" los imputados  "influirían activamente mediante sus contactos y relaciones  personales, con empresarios, sindicalistas y, sobre todo, con  autoridades de la Junta, siendo por ello esencial el papel de Lanzas  en la concesión de tales subvenciones, y por ende en la distracción  de fondos públicos derivada de la arbitraria contratación de  numerosas pólizas de prejubilación financiadas con ellos, adjudicada  directamente a la citada mediadora sin celebración de concurso  público, proceso tan caro para la Administración que, salvo alguna  excepción puntual, solo se ha conocido en la Junta, para lo cual fue  la práctica habitual durante más de 10 años".

Alaya considerado acreditado que, con el importe "pactado" de  estas sobrecomisiones, "no solo se podían abonar suculentos  honorarios a Lanzas por su labor comercial, sino utilizar parte de  esas sobrecomisiones millonarias en gratificar indiciariamente de  manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la  Administración", punto en el que cita a Guerrero.

En esta actuación "parece claro el papel de conseguidor" de Lanzas  "por sus intensos conocimientos y relaciones con Administración y  sindicatos, siendo por ello persona grata para los empresarios",  señala la juez, que resume que el imputado habría intervenido en la  negociación de los expedientes de 12 empresas, entre las que se  encuentran Mercasevilla, Río Grande, Surcolor, Nexprom, Zoilo Ruiz  Mateos o Primayor.

"Viajes de Placer"

A juicio de la juez, la intervención de Lanzas en dichos  expedientes "habría consistido" en obtener a través de sus  "influencias" con Guerrero "y con otros responsables" de la  Administración la concesión de las subvenciones, "es decir, la  financiación pública de los procesos de prejubilación de estas  empresas, que equilibrarían o rejuvenecerían sus plantillas a coste  cero, la inclusión de los intrusos, ya fueran de interés para ciertas  autoridades de la Junta, para los sindicatos o respondieran a un  interés personal, y en obtener para Vitalia la gestión del proceso de  prejubilación instrumentado a través de pólizas de renta colectiva".

Respecto a su esposa, la juez dice que su responsabilidad vendría  determinada "por el indiciario conocimiento de la actividad delictiva  de su marido, relativa a la obtención de ayudas sociolaborales,  actividad que realizaba de modo profesional en virtud de la  influencia y acceso que tenía sobre determinados cargos de la Junta,  siendo así que esta influencia pudo hacerse evidente" para la  imputada, "al menos a través de los viajes de placer que realizó"  junto a su marido y a Guerrero y su esposa, "viajes que fueron  abonados por Lanzas".

A juicio de la instructora, Patrocinio Sierra "fue partícipe de  las importantes ganancias obtenidas por aquél, sin que las mismas  pudieran estar lícitamente justificadas por la actividad laboral  comercial que ejercía" su esposo, concluyendo por todo ello que  "sería conocedora de la procedencia ilícita del dinero obtenido" por  Lanzas.

Además, "conociendo el ilícito origen de los ingresos de su  marido, se habría concertado con él para la incorporación de los  mismos al tráfico legal a través de la adquisición de cinco  inmuebles".

Los "especiales"

En relación al cuñado de Lanzas, Alaya asevera que "pondría a  disposición de su cuñado varias sociedades de la que él era  administrador, fundamentalmente Maginae Solutions, para que el mismo,  de manera oculta, pudiera aprovecharse de las ganancias obtenidas que  derivaban de las pólizas financiadas por la Junta".

Sobre, Bordallo, dice la juez que su responsabilidad "vendría  determinada por su condición de delegado regional de Andalucía de  Vitalia, pleno conocedor de las supuestas ilicitudes que se  produjeron en las pólizas de dicha mediadora y financiadas por la  Junta y con un papel activo según la declaración de empleados de  Vitalia en la colocación, gestión y seguimiento de intrusos, los  llamados 'especiales de Bordallo'".

En relación a Roser Massa, señala que actuó como presunto  testaferro de Eduardo Pascual y María Vaqué, "bien con conocimiento  del origen ilícito del dinero con el que se realizarían los negocios  jurídicos en los que interviniera" la mediadora, "o en su caso no  adoptando las precauciones necesarias para que su participación no  favoreciera la comisión delictiva de éstos últimos".