La juez Alaya cita a la cúpula de seis empresas que pujaron por Mercasevilla

• Alaya entiende que se concertaron para crear un "precio artificial"
• Entre ellos, cita por error al padre de Fátima Báñez, ya fallecido
• La venta de los terrenos se cerró en los 106 millones que ofrecía Sanma
• Hay un presunto delito de "maquinación" para alterar el precio de las cosas

La juez del caso Mercasevilla ha citado el próximo día 14, como imputadas, a las cúpulas directivas de las seis empresas que concurrieron al concurso para la compra de los terrenos de la lonja, por entender que se concertaron para crear un "precio artificial" que favoreciera a la entidad ganadora, Sanma.

La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, cita a seis responsables de las empresas que pujaron por los suelos de Mercasevilla, entre ellos Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de administración de Realia Bussiness; José Romero González, presidente del consejo de administración de Prasa; y Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada de Azucarera Larios.

También son citados Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar; y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, firmante de la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

Eduardo Báñez González, fallecido hace varios años y padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha sido citado como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, empresa que fundó, por lo que ante el error es previsible que el juzgado precise en los próximos días quién es la persona que deberá comparecer.

La venta de los terrenos se cerró en los 106 millones de euros que ofrecía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la juez Alaya deduce que hubo un concierto entre Mercasevilla y Sanma para la adjudicación a ésta última del concurso, así como "idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso".

"En definitiva, la participación de las referidas entidades en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas", dice el auto.

Añade que es "un indicio más a tener en cuenta" las diferentes relaciones societarias entre Realia Business y Sanma a través de Desarrollo Urbanístico de Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que han tenido algunas de las participantes en el concurso a través de Uniones Temporales de Empresas (UTE), compraventa de terrenos o asociaciones de promoción inmobiliarias.

En esta rama del caso Mercasevilla hay 15 imputados

En esta rama, una de las cuatro en que se desgajó el caso Mercasevilla, están imputadas 15 personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

El abogado de Luis Sánchez Manzano, directivo de la matriz de Sanma, Sando, imputado por esta causa, ha respondido a las acusaciones sobre tal concierto y dice en un escrito que las relaciones contractuales analizadas "se otorgaron ante fedatario público, fueron operaciones perfectamente legales y normales entre empresas promotoras que actúan en el mismo mercado".

En su escrito, notificado hoy a las partes, el abogado del directivo de Sando dice que no existe "conexión alguna entre dichas relaciones contractuales y el concurso de Mercasevilla, que no fue más que una oportunidad de negocio en la que concurrieron libremente empresas que operaban en el sector inmobiliario".

El hecho de compartir accionariado en DUSE "no implica en modo alguno que Sanma tuviese control sobre las decisiones y actuaciones de Realia", y "mucho menos sobre sociedades en las que a su vez participase Realia, como Noralia", añade el escrito.

"Y obviamente, más lejos aún queda la posibilidad de control de Sanma sobre decisiones de Noriega o Edamar por el hecho de que Noriega participase en Noralia y en Edamar", precisa.

El Hermano de Báñez niega connivencia con otras empresas

Mientras, el consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez García, hermano de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha negado que existiera connivencia de su empresa con otras que acudieron al concurso para la compra de los terrenos de la lonja de Mercasevilla.

En un comunicado, Eduardo Báñez, ha reaccionado al auto de la jueza del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, que ha citado como imputadas a las cúpulas directivas de las seis empresas que concurrieron al concurso para la compra de los terrenos de la lonja,  entre ellas Construcciones Juan de Robles.

Eduardo Báñez García lamenta el error por el que en el auto aparece el nombre de su padre, Eduardo Báñez González, fallecido hace 12 años y fundador de la empresa, como el consejero delegado citado a declarar como imputado.

El hermano de la ministra expresa su confianza en que en este procedimiento judicial se concluirá que "no existe relación alguna y, por tanto, mucho menos connivencia entre Construcciones Juan de Robles y la actuación del resto de las empresas que acudieron al concurso, salvo la de meras competidoras".

Recuerda un atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de 13 de junio de 2012 en el que, según informaciones periodísticas, concluía "la nula relación societaria de Construcciones Juan de Robles con ninguna de las empresas que participaron en el concurso sobre los terrenos de Mercasevilla".

Eduardo Báñez muestra su respeto a las actuaciones judiciales y su disposición "a comparecer ante la Justicia para aportar cualquier información que se nos requiera" e insiste en que su empresa siempre ha actuado "al amparo escrupuloso de la Ley".