La Audiencia de Baleares declara válidos los registros y pruebas que iniciaron el caso Nóos
- Rechaza así el recurso del exsocio de Urdangarin, Diego Torres
- Matas: los testigos han acreditado la "utilidad pública" de los foros de Nóos
- El abogado del expresident balear dice que fueron "eventos muy serios"
- Seis testigos han declarado ante el instructor del caso Nóos, José Castro
La Audiencia Provincial de Baleares ha declarado válidos los registros realizados en la sede de varias entidades vinculadas al Instituto Nóos y en el domicilio del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, que dieron inicio a las pesquisas del caso Nóos, que investiga el presunto desvío millonario de fondos públicos. Así, la instancia judicial rechaza anular las pruebas obtenidas mediante dichas diligencias, cuya nulidad había solicitado Torres.
Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Segunda asevera que "lo único verdaderamente trascendente" es constatar que el acceso a las entidades Bufete de Asesoramiento Fiscal Tejeiro Medina y Bufete Medina Tejeiro Asesores así como a la vivienda de Torres "no se produjo conculcando franca, manifiesta y abiertamente el derecho fundamental a la inviolabilidad de su domicilio".
De hecho, recalca que los registros, realizados en noviembre de 2011, se verificaron en el curso de un procedimiento penal abierto a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y en virtud de una resolución motivada, en forma de auto y no como "un mero documento formulario y estereotipado", habiendo motivado el juez instructor José Castro los hechos base que determinaron llevar a cabo los registros.
La Sala desestima de este modo el recurso de apelación que interpuso Torres contra el auto dictado por el juez José Castro para declarar la regularidad de estas diligencias. En su escrito, el imputado apuntaba a diversas irregularidades procesales, entre ellas la no notificación de la apertura de la pieza relativa a Nóos en el marco del caso Palma Arena, y el hecho de que la documentación que aportó antes de ser encausado y utilizó para acordar los registros, lo que a su juicio supone una infracción de su derecho a la defensa.
La queja de Torres "carece de contenido"
El tribunal precisa en cualquier caso que la nulidad solicitada por Torres no sería posible determinar en estos momentos, sino que únicamente podría declararse en la sentencia a dictar en el juicio que previsiblemente se celebre por esta causa.
En su auto, los magistrados subrayan que, al examinar cómo se llevaron a cabo los registros, se comprueba que en el caso de la vivienda del matrimonio Torres "es perfectamente válido" por la presencia de uno de los cotitulares del derecho a la intimidad comprometido, al encontrarse en el domicilio la mujer del imputado, Ana María Tejeiro. Mientras, en lo que a las entidades investigadas se refiere, señala que la jurisprudencia es menos restrictiva por el hecho de que el administrador de una empresa no esté presente.
En esta línea, la Audiencia precisa cómo el auto del juez Castro "se cuidó" de establecer cuál era el alcance subjetivo del registro, en aras a evitar que "sus efectos lesivos se expandieran indebidamente a clientes del despacho que no tuvieran relación con las personas y entidades investigadas".
Por lo demás, señala la resolución, resultan "irrelevantes" las manifestaciones de Torres en cuanto al quebrantamiento de garantías procesales por la no notificación del secreto de las actuaciones, puesto que esta omisión tuvo lugar en el marco de una pieza declarada secreta para la investigación de hechos y datos "al parecer nuevos en la causa principal -caso Palma Arena- que requerían la adopción de medidas restrictivas de derechos que quedarían huérfanas de contenido si fueran conocidas por el investigado".
Asimismo, asevera que la queja del encausado sobre el hecho de que antes de serlo aportó documentación a la causa "tampoco puede ser contemplada como motivo de nulidad alguna y menos para solicitar una decisión sobreseyente", por cuanto la aportación de los documentos "la verificó el recurrente una vez personado" y sin que ello haya supuesto para él "ningún tipo de incriminación". "Su queja carece de contenido y no pretende otra cosa que conseguir un pronunciamiento sobreseyente", sentencia el tribunal.
Además, la Audiencia de Palma ha confirmado la decisión del juez José Castro, de no entregar a Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, copia de los vídeos de las declaraciones de los imputados, para salvaguardar su imagen y evitar que su difusión pública pudiera lesionar su presunción de inocencia.
El tribunal considera justificada la prevención que adoptó Castro, atendiendo a la petición de alguno de los imputados de que las grabaciones las custodiara el magistrado por "la personalidad social y proyección pública de algunos de los sujetos imputados, con vinculación con la Familia Real".
Declaran los testigos de Jaume Matas
Además, este martes han declarado los testigos de la defensa del expresidente del Govern balear Jaume Matas, quien considera que han acreditado la utilidad e interés de los eventos Illes Balears Fórum que organizó el Instituto Nóos, mientras que la acusación popular estima que han demostrado que no aportaron nada nuevo.
El abogado de Matas, Antonio Alberca, cree que las declaraciones prestadas ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por seis testigos han puesto fin a "la impostura de que los foros eran una mascarada" y han explicado que fueron "eventos muy serios, con participación de docentes de todo el mundo", ha declarado al salir de las dependencias judiciales.
En esta causa se investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos que presidieron Iñaki Urdangarin y Diego Torres, principales imputados, entidad a la que el Govern balear pagó unos 2,6 millones de euros y la Generalitat Valenciana unos 3,5 millones.
En opinión de Alberca, los testigos, procedentes del ámbito empresarial y de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), han acreditado que los dos Illes Balears Fórum, por los que el Govern pagó al Instituto Nóos 1,2 millones de euros en julio de 2005 y 1,085 millones en septiembre de 2006, tuvieron una gran relevancia económica y social para las islas.
Según el letrado, las declaraciones que han realizado ante el juez demuestran que estos eventos "fueron interesantes, políticamente relevantes y tenían mucho que aportar a la economía y la sociedad balear".
Una maniobra de Matas
Sin embargo, la abogada del sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha señalado que las declaraciones de testigos solicitados por el expresidente del Govern, son "una maniobra dilatoria por parte de Matas que no aportan nada a la causa y buscaban alargar el procedimiento".
Según López Negrete, los testigos han puesto de manifiesto que el vínculo entre el turismo y el deporte ya se había analizado en Baleares mucho antes de que se celebraran estos foros que "no aportaron nada en concreto realmente relevante y de importancia para la población".
La letrada ha afirmado que el último de los testigos en declarar, el catedrático de Economía Aplicada de la UIB Eugeni Aguiló, ha recalcado que si los foros hubieran tenido una continuidad en el tiempo probablemente sí habrían tenido un impacto sobre la economía y la ciudadanía pero éste no se produjo.
Según la letrada de Manos Limpias, los testigos han admitido que sí hubo un impacto mediático por la presencia de Iñaki Urdangarin, como yerno del rey y miembro de la Familia Real, pero "otra cosa muy diferente es el impacto en el bolsillo del contribuyente balear que es de donde salió el dinero para financiarlos".
La UIB, que, según la abogada, jugó un papel muy importante en el contenido de los foros, cobró 16.000 euros por uno de ellos, una cantidad que ha contrastado con los 1,2 millones de euros que fue lo que el Govern pagó al Instituto Nóos por organizar ese evento.
Entre quienes han prestado declaración ante el juez José Castro se encuentran el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Josep Oliver; la gerente de la entidad, Isabel Guitart, y el responsable del departamento de Economía de la patronal, Vicens Tur.
También han declarado una empresaria del ámbito turístico y una técnica de la UIB, además del citado catedrático. Los testigos son seis de los 25 solicitados por la defensa de Matas. El miércoles declararán otros cinco.