Imputado el alcalde de Caravaca de la Cruz por tráfico de influencias

• En relación con irregularidades en la recalificación de terrenos
• La Guardia Civil ha registrado el ayuntamiento y otras dependencias
• Por el momento no se ha producido ninguna detención

El alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, imputado por una presunta corrupción urbanística.

La Guardia Civil ha imputado al alcalde de Caravaca de la Cruz en Murcia, Domingo Aranda, por un supuesto delito de tráfico de influencias, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Aranda ha sido imputado después de que agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraran esta mañana el ayuntamiento de esa localidad en una operación relacionadas con irregularidades urbanísticas.

La Guardia Civil ha llevado a cabo siete registros relacionados con irregularidades en la recalificación de terrenos en Murcia, entre ellos, además del ayuntamiento de Caravaca, en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y en la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, ambas en la capital.

La sede de este ayuntamiento murciano ha sido desalojada,  mientras los agentes de la UCO se incautaban de abundante documentación.

Una asesoría en la capital de la comunidad, un domicilio particular cuya localización no se ha facilitado y una promotora inmobiliaria en la localidad alicantina de Torrevieja, completan los registros que tiene previsto realizar la Guardia Civil.

Reclasificación de más de un millón de metros cuadrados

Concretamente, los agentes de la Guardia Civil han entrado para recabar información sobre la  urbanización El Roblecillo, impulsada por la empresa Golden Sky, que  afectaba a una superficie de casi 9.000 metros cuadrados de terreno,  donde se proyectó la construcción de unas 8.000 viviendas.

Este proyecto, cuya aprobación provisional tuvo lugar en noviembre de 2004, conllevó la reclasificación de más de 1.200.000 metros cuadrados de  terreno que el Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenación de los  Recursos Naturales de la Comarca del Noroeste recomendó considerar como  no urbanizables.

Con estos registros se pretende recabar información para el  análisis de documentación y estaría relacionada con una pieza  separada de la operación 'Líber' y 'Biblioteca' de presunta  corrupción urbanística en Aledo y Librilla, respectivamente.

El juzgado que lleva la investigación es el de Instrucción número  6, que ha decretado el secreto de las actuaciones, según ha informado  fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Caravaca de la Cruz cuenta con algo más de 26.000 habitantes y el  PP gobierna ininterrumpidamente desde 1999, año desde el que la  Alcaldía es ocupada por Domingo Aranda.

El PP decide el miércoles si le suspende de militancia

Mientras, el Comité de Derechos y Garantías del PP murciano se reunirá el miércoles para decidir si suspende de militancia al alcalde de Caravaca de la Cruz, imputado por la Guardia Civil por un supuesto delito de tráfico de influencias, en la promoción urbanística de El Roblecillo.

Según ha informado a Efe el vicesecretario de Comunicación del PP en la región, Francisco Bernabé, "todavía es pronto para decidir nada al respecto", pero mañana se reunirá la citada comisión para conocer todo lo referente a la imputación de Aranda, alcalde del municipio desde 1999, y "se tomará una decisión".

Bernabé ha explicado que si finalmente el Comité de Derechos y Garantías del PP decide suspender de militancia a Domingo Aranda, tras comunicárselo al afectado, se llevará a cabo esta medida, que concluiría con la expulsión del alcalde de Caravaca del Partido Popular o bien con la anulación de la suspensión en el caso de que se le retire la imputación

51 procesados en el "caso Arcos"

Por otro lado, la juez del "caso Arcos" contra la corrupción urbanística, que investiga una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña,  ha procesado a 51 personas en esta causa, entre ellas el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba (PSOE).

El auto de procesamiento abreviado dictado por la jueza Irene Urbón, cuenta con 300 folios, y también establece el sobreseimiento de 15 personas, según fuentes cercanas a la investigación.

Múltiples presuntos delitos contra la ordenación del territorio, supuestos cohechos, prevaricación urbanística y falsedad documental se le imputa al exregidor Martín Alba, que dimitió de la Alcaldía que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel en marzo de 2009, aunque abandonó la prisión tres meses después de hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.

En esta causa también se ha visto implicado el que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, quien también pasó por la prisión y quedó en libertad unos meses después tras el pago de la misma fianza que el exalcalde.

La supuesta red de corrupción política-empresarial tiene su origen en asuntos vinculados al urbanismo y va a sentar en el banquillo de los acusados además de Martín Alba y José Francisco Mora a varios constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas, vecinos del municipio y algunos extranjeros.