La juez Alaya imputa a dos hermanos de la ministra Báñez en el caso Mercasevilla

• La juez había citado por error al padre de la ministra, ya fallecido
• Junto a otros cinco empresarios, tendrán que comparecer el próximo viernes

La juez que investiga el caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha corregido su error y ha citado como imputados a dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Bañez, como responsables de la empresa Juan de Robles. Este lunes citó al citar al padre de ambos, que ya había fallecido.

Fuentes del caso han informado de que Eduardo Báñez García, consejero delegado de la empresa, y su hermano Juan Nicolás, cuyo cargo no aparece en la citación, comparecerán ante la juez el próximo viernes.

La ministra de Empleo ha evitado este martes comentar la citación y se ha remitido al comunicado que sobre esta cuestión ha enviado su empresa: "La empresa envió ayer un comunicado y a él me remito", ha contestado Báñez a los periodistas.

En un comunicado, Eduardo Báñez negó este lunes que hubiera existido connivencia de su empresa con otras que acudieron al concurso para la compra de los terrenos de la lonja de Mercasevilla.

Para el próximo viernes, la magistrada ha citado a declarar también en calidad de imputados a otros cinco empresarios más, entre los que se encuentran Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, o José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.

También han sido citados a declarar como imputados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario. 

En el auto inicial conocido este lunes, la juez considera que "puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma".