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Cuatro jueces de la AN se oponen a la sobreprotección del rey frente a las críticas

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Cuatro magistrados de la Audiencia Nacional han rechazado que se sobreproteja el honor del rey y han alegado que, como personaje público cuyo "mandato es indefinido y hereditario", el Monarca debe gozar, al contrario, de una menor protección frente a la crítica pública.

"No puede aceptarse una mayor protección penal del honor de los miembros de la Casa Real", señalan los cuatro jueces en un voto particular.

Los cuatro magistrados -Grande-Marlaska (presidente de la Sala de lo Penal), Ramón Sáez Valcárcel, José Ricardo de Prada y Guillermo Ruiz Polanco- hacen estas consideradores en un voto particular con el que defienden que se debería haber absuelto al coronel retirado Amadeo Martínez Inglés.

La AN condenó al exmilitar a pagar más 6.000 euros por injurias al rey tras publicar un artículo en el que acusaba al monarca de ser "el representante en España de la banda de borrachos, idiotas, descerebrados, cabrones, vagos y maleantes", y en el que aseguraba que don Juan Carlos proviene "de la pérfida bocamanga del genocida Franco".

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado ahora esta condena con el voto a favor de 14 magistrados y la oposición de los cuatro jueces que han emitido el referido voto particular.

Grande-Marlaska, Sáez Valcárcel, De Prada y Ruiz Polanco consideran que el artículo de Martínez Inglés se enmarca dentro "del ejercicio de crítica política dirigido a la primera autoridad del Estado, en un sistema que establece la herencia como forma de sucesión y la inviolabilidad personal e irresponsabilidad" del monarca.

Para estos magistrados, la conducta del coronel retirado es un ejercicio de "disidencia política", por lo que su condena "cuestiona la vigencia de derechos humanos fundamentales como la libertad ideológica y la libertad de expresar opiniones".

Destacan además que los insultos de Martínez Inglés no iban dirigidos contra el rey si no contra la dinastía de los Borbones, "una casa real cuyo primer duque data de 1317, que reinó en Francia desde 1589 y en España desde 1700". "En ese ámbito de valoración histórica no hay privacidad, ni honor, ni prestigio, ni reputación", señala el voto particular.

El rey debe tener menor protección ante las críticas

Grande-Marlaska y los otros tres magistrados de la Audiencia Nacional argumentan además que el rey, como sucede con los miembros del Gobierno, debe tener una menor protección frente a las críticas debido a su actividad pública.

"Las libertades ideológicas, de opinión y de expresión obligan a reducir al máximo, en beneficio de la vigencia de esos derechos,  la protección al honor de quienes representan las instituciones del Estado", señalan los cuatro jueces.

Indican en este sentido que, cuando el objeto de la crítica es un político o el Gobierno, "el espacio permisible de la crítica, aún de la que se expresa de manera acerba e hiriente, es especialmente amplio".  Esta premisa, según Grande-Marlaska, Sáez Valcárcel, De Prada y Ruiz Polanco, se debe aplica igualmente al rey.

"Cuanto más arriba en la pirámide de poder, mayor sometimiento al control, escrutinio y la crítica pública", señalan.

Los cuatro magistrados hacen además referencia en este sentido a la resolución con la que Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a España a indemnizar con 20.000 euros al líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi por condenarle por injurias al rey por decir que era el "jefe de los torturadores".

Recuerdan por último que el monarca "es constitucionalmente irresponsable y goza de un poder intemporal, su mandato es indefinido y hereditario, por lo tanto no es elegible, ni esta sometido a la confrontación con un adversario o competidor".

En base a estos argumentos, los cuatro magistrados consideran que se debería haber absuelto a Martínez Inglés porque las expresiones recogidas en su artículo "están amparados por el ejercicio del derecho a al libre expresión".

Confirman la condena al coronel retirado

El resto de magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal, sin embargo, han decidido confirmar la condena al entender que el coronel retirado excedió los límites de la libertad de expresión e injurió al rey con "expresiones absolutamente vejatorias" y calificativos "que atacan el honor de Don Juan Carlos".

"En modo alguno la libertad de expresión comporta un pretendido derecho al insulto", señala la sentencia hecha pública hoy, que ha contado con el respaldo de 14 magistrados.