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La Iglesia estima que sus colegios concertados suponen un ahorro de 4.091 millones al Estado

  • Baja ligeramente la aportación tributaria a la Iglesia Católica
  • Son datos de la Memoria Anual de Actividades de 2011

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La Iglesia Católica calcula que sus 2.465 centros educativos concertados suponen un ahorro de 4.091 millones de euros para las arcas estatales, según publica en su Memoria Justificativa Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2011 que ha presentado este miércoles.

Esta cifra resulta de la diferencia existente entre el coste de una plaza escolar en un centro público, estipulado por el Ministerio de Educación, y el importe que da el Estado al concierto, ha informado a RTVE.es la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En sus centros, trabajan un total de 120.196 personas, de las que 97.435 son docentes (6.485 religiosos) y estudian 1,4 millones de alumnos. Asimismo cuenta con 14 universidades en las que cursan sus estudios 78.471 alumnos, y 19 facultades, con 6.184 estudiantes.

Baja la aportación tributaria

La memoria también recoge que la Iglesia Católica "ha registrado en los últimos tres años una ligera bajada en la recaudación por el efecto de la crisis". De este modo, ha pasado de recibir 252,6 millones de euros al inicio de la crisis en 2008 a 247,9 millones de euros en 2011.

Y es que como explica la Conferencia Episcopal, el sostenimiento de las diferenes diócesis es posible en parte a la asignación tributaria que recibe cada año de las personas que marcan la casilla de la Iglesia en su Declaración de la Renta. De este modo, un 0,7% por ciento de los impuestos que se recaudan en la declaración del IRPF se destina a esta finalidad.

Según los datos de la memoria, a pesar de la bajada en la recaudación, en los últimos cinco años ha crecido un millón el número de declaraciones en las que se tacha la casilla de la Iglesia.

Crece la labor asistencial

También con motivo de la crisis, la Iglesia ha aumentado su labor asistencial y caritativa, según refleja el mismo informe. De hecho, la Memoria especifica que uno de los "principales destinos de los recursos de las diócesis españolas" son este tipo de actividades.

A esta labor, la Iglesia destinó más de 302,5 millones de euros, que se repartieron entre Cáritas y Manos Unidas. En concreto, en 2011 fueron atendidas 4,3 millones de personas en algún comedor social, centro de acogida, centro para mitigar la pobreza, centro para promocionar el trabajo, etc.

Para llevar a cabo la memoria justificativa, la Conferencia Episcopal se sometió a una auditoría externa, llevada a cabo por Price Waterhouse  Cooper (PwC).