El TSJA confirma la condena de Rivas, Mellet y Ponce por el cohecho de Mercasevilla

• El tribunal ha desestimado sus recursos de apelación "íntegramente"
• Les condena a una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación
• La sentencia ratificada recoge que pidieron 450.000 euros a un grupo hostelero

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado finalmente, y además "íntegramente", los recursos de apelación del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y confirma así su condena a una una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación como autores de un delito de cohecho, en el caso que investiga supuestas irregularidades en el concurso para enajenar los suelos del mercado central de abastos.

La sentencia condenatoria, ahora ratificada, les atribuye haber pedido una 'mordida' de 450.000 euros al grupo hostelero La Raza por la gestión de una escuela de hostelería promovida por Mercasevilla e incentivada por la Junta de Andalucía.

La decisión de la sala de lo Civil y Penal del TSJA, que puede ser recurrida ate la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se produce después de que los condenados pidieran la nulidad de las actuaciones o la revocación de la sentencia condenatoria.

Ponce y Mellet pidieron 450.000 euros a dos empresarios como condición para adjudicar una Escuela de Hostelería que se iba a abrir en Mercasevilla durante unas conversaciones que fueron grabadas por los empresarios que denunciaron el soborno.

En su resolución, el TSJA considera que las grabaciones fueron válidas y estuvieron apoyadas por la declaración de los empresarios en la vista oral.

"Base razonable" para la condena

El TSJA reconoce que la participación de Rivas en los hechos ha sido la "cuestión más delicada y difícil" en esta apelación así como la que "más dudas le ha suscitado", aunque considera que no se vulnera la presunción de inocencia del exconsejero porque "existe una base razonable para la condena impuesta".

El tribunal recuerda que Mellet declaró a un policía que Rivas le dijo que pidiera dinero a los empresarios encargados de la gestión de la escuela, para lo que la Junta había aprobado una subvención de 900.000 euros.

En el momento de solicitar el soborno, sólo Rivas podía cumplir, por su condición de delegado de Empleo, la promesa hecha a los empresarios de que obtendrían la gestión de los cursos de formación de la escuela de hostelería, señala el TSJA.

"La solicitud de la dádiva era mucho más arriesgada si no contaban con la implicación de Rivas", subraya el TSJA tras señalar que no hay razones lógicas para que Mellet inventase la implicación del exdelegado, con el que además le unía una buena relación personal.

La defensa de Ponce pidió que para condenar por cohecho a su cliente -al que no considera funcionario-, habría que acreditar que el supuesto acto ilegal cometido era propio de su función.

Sin embargo, el TSJA señala que Ponce, al que Mellet le dijo que el soborno fue iniciativa de Rivas, "no podía ignorar que estaría colaborando con un cohecho de una autoridad pública".

Declaraciones ante la juez Alaya

La juez Mercedes Alaya que investiga el caso ha citado a declarar este jueves como testigo al presidente de la federación de empresarios mayoristas del mercado central de abastos, José María Morillo, mientras que se ha aplazado hasta el viernes la comparecencia de un imputado, en concreto Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense, tras la petición realizada a este respecto por su propio abogado, que este jueves debe hacer frente a otro compromiso judicial fijado con anterioridad.

De este modo, el viernes prestarán declaración ante la juez Mercedes Alaya un total de ocho imputados, pues además de este arquitecto comparecerán ante la magistrada, a cuenta de un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, los directivos de seis empresas que presentaron ofertas para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos del mercado de abastos.

Entre ellos se encuentran Juan Nicolás y Eduardo Báñez García, hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, vinculados a la empresa Construcciones Juan de Robles y que presentaron una oferta para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos.