Un único portal de internet unirá al ciudadano con todas las administraciones públicas

• Permitirá consultar multas de tráfico o pedir hora para renovar el DNI
• Se sugiere que las autonomías supriman órganos, como tribunales de cuentas
• También estudia crear "bolsas" de funcionarios entre las administraciones
• Así lo recoge la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas

El Gobierno presenta el informe de reforma de la administración pública

Un único portal de internet centralizará la información de todas las administraciones y permitirá iniciar o realizar los trámites y servicios más relevantes, desde consultar las multas de tráfico, pedir hora para renovar el DNI o consultar las ofertas de empleo público.

Es una de las iniciativas que plantea la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en su informe, establecer un "auténtico" punto de acceso general como portal de entrada del ciudadano a las administraciones públicas.

La implantación verdadera de la administración electrónica es uno de los ejes centrales del informe de la CORA que, entre otras medidas, propone potenciar la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no tener que presentar documentos que ya obren en poder de la administración.

La creación de un Tablón Edictal Único de todas las administraciones y el establecimiento de un Boletín Oficial del Estado (BOE) "a la carta", con un sistema de alertas que pueda personalizar el ciudadano para consultar toda la normativa en vigor de una determinada materia, es otra de las posibilidades que apunta este informe, que busca acabar con colas, trabas, esperas y dificultades en la relación con la administración.

Muchas de esas medidas tienen que ver con la sanidad. Por ejemplo, generalizar la emisión de documentos sanitarios europeos -la conocida Tarjeta Sanitaria Europea de la que se expiden 2,7 millones al año- sin tener que desplazarse a una oficina de la Seguridad Social.

O la creación de una base de datos de la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud, que permita identificar a cada ciudadano a través de un único código nacional, inequívoco y vitalicio, en todo el territorio, y de una Tarjeta Sanitaria Única.

Ambas medidas permitirán a los médicos consultar de forma segura los datos clínicos de los pacientes cuando estén en una comunidad autónoma distinta a la suya o en otro país europeo.

Ahorraría además a las autonomías el coste de renovar las tarjetas sanitarias de sus habitantes.

Implantación de la historia clínica digital

La CORA propone también la implantación de la historia clínica digital (HCD), que integre la información clínica y de gestión relevante para el médico sobre cada paciente, no solo como mecanismo de almacenamiento y recuperación de datos, sino como elemento de relación entre los diferentes profesionales y entre estos y los pacientes a lo largo de todo el proceso asistencial.

A todo ello se uniría la implantación de una receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud, que pueda ser utilizada en todas las autonomías y en la Unión Europea.

La administración electrónica, apunta la CORA, permite más posibilidades. Por ejemplo, la tramitación electrónica ante el Registro Civil de los nacimientos y las defunciones desde los centros sanitarios donde se hayan producido, que harían de ventanilla única, o el fin de las colas ante los servicios de empleo, a través de la implantación de un sistema de cita previa.

Permitiría a las empresas saber al momento si están al corriente del pago de cuotas a la Seguridad Social o conocer, de un solo vistazo, los contratos que licitan todas las administraciones en una Plataforma Única de Licitación.

Los ciudadanos podrían asimismo acceder, desde un solo punto, a todas las ofertas de empleo público, o pedir cita previa electrónica en las Jefaturas de Tráfico de España.

La CORA insta asimismo a fomentar la relación electrónica con la Agencia Tributaria, facilitando el acceso sencillo e intuitivo, especialmente en los servicios REN0 (obtención, modificación y confirmación del borrador por internet) y CER0 (obtención de certificados tributarios: nivel de renta, estar al corriente de obligaciones tributarias, etcétera).

Respecto a la Seguridad Social, se pretende transformar el actual modelo de atención presencial por el de la oficina electrónica, que permitirá que el ciudadano realice íntegramente cualquier tipo de gestión administrativa, obteniendo una respuesta instantánea a sus solicitudes.

Suprimir órganos como tribunales de cuentas

El Gobierno también sugerirá a las comunidades autónomas que eliminen determinados organismos cuyas funciones podrán ser asumidas a nivel estatal, entre ellas los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, o las agencias de protección de datos, entre otros.

Es el caso, explica el informe, de las competencias atribuidas a los tribunales de cuentas, las agencias de protección de datos, las juntas consultivas de contratación administrativa, los tribunales administrativos de recursos contractuales o las agencias de evaluación del ámbito universitario.

También cita a las agencias autonómicas de la energía, las agencias de meteorología, los órganos de inspección de aeropuertos,  los institutos de opinión, los institutos o servicios cartográficos y los órganos de defensa de la competencia, entre otros.

Asimismo, otras medidas pretenden mejorar la eficacia y eficiencia mediante la compartición de medios entre las distintas administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos.

Reformas en materia de contratación pública

En este sentido, explica la CORA, revisten especial importancia las reformas en materia de contratación pública, en la medida en que, además de incrementar la eficiencia, suponen una importante mejora del servicio que se presta a los ciudadanos y a las empresas.

Aunque su impacto económico no es excesivo, la CORA se plantea la conveniencia de analizar los observatorios existentes y recomienda la supresión de 90 de ellos. También se prevé la conexión de las bases de datos y los registros públicos estatales y autonómicos en distintos ámbitos.

El informe explica que la especial configuración del sistema autonómico hace que surjan duplicidades e ineficiencias, que impiden que se haga plenamente efectivo el principio de "una Administración, una competencia".

Por ello cree que las comunidades autónomas pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de auto organización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos

De hecho, recuerda el informe, en los últimos tiempos algunas autonomías han planteado la supresión de entidades o la reducción de su tamaño, incluso de especial relevancia institucional, como las asambleas legislativas o los defensores del pueblo.

Crear "bolsas" de funcionarios entre las administraciones

El Ejecutivo estudia formar "bolsas" de funcionarios en cada ministerio que, en caso de necesidad, podrían ser transferidos temporalmente a otro departamento e incluso a otra administración territorial.

Es una de las medidas que ha planteado en el informe y que destaca que, desde el tercer trimestre de 2011 se ha producido una reducción del empleo público en 374.800 trabajadores, un 11,6 % frente al 7,7 % en que ha caído la ocupación en el sector privado.

El informe recuerda que el Ejecutivo ha congelado la oferta de empleo público hasta 2014, excepto en algunos servicios de la administración, que redujo los días libres de los funcionarios, cuya jornada laboral aumentó a 37,5 horas.

Además, aprobó la habilitación legal del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para el personal no funcionario, modificó las condiciones de acceso y permanencia en situación de incapacidad temporal, y la edad para poder acceder a la jubilación ordinaria, elevándola de los 65 a los 67 años.

La CORA recoge en su informe otras medidas que está ultimando la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente de Hacienda, para avanzar en la eficiencia de la configuración y gestión del empleo público.

Determinación del régimen jurídico del personal

Entre ellas, la determinación del régimen jurídico del personal, para diferenciar el personal laboral del funcionario; elaborar catálogos de cuerpos de personal que, por desempeñar "funciones críticas" para el servicio público, ejercen estas competencias de forma específica, "previendo para el resto medidas de promoción horizontal".

Además, la articulación de mayores mecanismos de movilidad interna y de movilidad entre las distintas administraciones para un uso lo más eficiente posible de los recursos de los que dispone cada una, canalizando hacia los sectores deficitarios parte de los efectivos ubicados en sectores que se consideren excedentarios.

Esta medida supone de hecho la posibilidad de "trasvasar" de forma temporal funcionarios a las distintas administraciones territoriales en caso de necesidad.

El informe de la CORA propone además una reconsideración del personal eventual, con el fin de conciliar "el carácter discrecional del nombramiento" con el cumplimiento de "ciertos requisitos de experiencia y capacitación profesional", así como la homologación del número de eventuales en unidades equiparables.

Apunta la necesidad de diseñar herramientas de medición de cargas de trabajo que faciliten la asignación eficiente de recursos humanos y el establecimiento con carácter general de mecanismos para la evaluación del desempeño.

Sistemas de medición de la eficiencia

Por último, señala que los sistemas de medición de la eficiencia, que ya se aplican en algunas áreas de la Administración General del Estado, se generalicen "de modo que permitan medir la carga de trabajo en las unidades administrativas, calcular el tiempo medio de tramitación de los expedientes, evaluar la productividad de cada unidad y compararla con las homogéneas".

Esta medida, afirma el informe, posibilitaría reasignar recursos y ajustar las retribuciones, además de corregir la demora con la que se resuelven los procedimientos.

Para su seguimiento, apunta la posibilidad de publicar en las páginas web de los organismos de la administración el tiempo de tramitación de los procedimientos con mayor incidencia en los ciudadanos, así como las variaciones en el mismo.