El juez de Nóos reprocha a Hacienda que no rectificara el informe de las fincas de la infanta

• Ha solicitado un nuevo informe a Hacienda sobre el patrimonio de la infanta
• Pide una explicación "comprensible y documentada" sobre la disparidad

El juez pide a la Agencia Tributaria un informe sobre las transmisiones inmobiliarias de la infanta Cristina

El juez del Caso Nóos, José Castro, ha solicitado a la Agencia Tributaria un nuevo informe sobre las transmisiones inmobiliarias de la infanta Cristina y le ha comunicado que "echa en falta" que no haya rectificado el que le remitió el pasado día 13 atribuyéndole fincas que no eran suyas.

En un auto dictado este martes, Castro señala que "echa en falta que la propia Agencia Tributaria no haya remitido al Juzgado un nuevo informe rectificando el anterior" que le atribuía a la infanta la venta de 13 propiedades y fincas por 1,4 millones, en aquello que no se ajuste a la realidad.

Si bien el Juzgado ya ha practicado diligencias para comprobar lo que decía el informe, el juez pide una explicación "comprensible y documentada" sobre "a qué obedece la disparidad", después de haberse enterado por los medios de comunicación de las distintas hipótesis que se barajan para justificar el error.

Explicación "comprensible y documentada"

El juez pide explicaciones que considera que deberían haberle sido facilitadas de forma prioritaria por la Agencia Tributaria, algo que todavía no ha ocurrido, y además reclama que se le aclare por qué en el informe del día 13 no se hace eco de la enajenación por parte de la infanta de un porcentaje de un piso, un aparcamiento y un trastero situados en la avenida de Pedralbes de Barcelona.

Castro solicita además que Hacienda le informe de si ha iniciado "alguna actuación inspectora o de comprobación" por esas supuestas transmisiones de doña Cristina de las que tenía datos desde 2005, para "determinar un supuesto incremento patrimonial" y esclarecer el origen de esas propiedades.

Señala el juez sobre dicha inspección que "de haberla abordado hubiera abocado, cuando menos, a la detección del fallo". Por otra parte, el juez rechaza citar a declarar como testigo a la directora de la Agencia Tributaria y los responsables del informe de las fincas, como había pedido el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa.

Deniega también reclamar a Hacienda un informe sobre qué personas y en qué momentos han accedido a la información que consta a nombre de la infanta y con su DNI.

El magistrado rechaza además pedir a la Inspección de la Seguridad Social un informe sobre la posible comisión por parte de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina de un fraude contra la Seguridad Social en relación con la mercantil Aizoon, de la que son propietarios al 50 %,  lo que también solicitaba Manos Limpias.

Cambio de fecha declaración de Diego Torres

Además, el juez accede a fijar una nueva fecha para la declaración del exsocio de Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, en los juzgados de Palma, que será el próximo 11 de julio a las 10.00 horas, en vez del día 3, por causa justificada.

Torres había solicitado al juez un cambio de fecha en su nueva declaración, que Castro había fijado inicialmente para el 3 de julio, en relación con un nuevo supuesto delito fiscal, un presunto fraude en el IRPF en 2007.

Es la cuarta citación de Torres en este caso. El exsocio de Urdangarin ya prestó declaración ante el juez Castro por un presunto delito fiscal el pasado 16 de febrero y antes lo había hecho el 11 de julio de 2011. También compareció el 11 de febrero de 2012, pero se acogió a su derecho a no declarar.

En el auto de hoy, Castro da cuenta de las alegaciones de Torres y de su mujer, Ana María Tejeiro, contra su decisión de rechazar el archivo de la causa para ella.

El juez acepta además las preguntas que ha planteado la defensa del expresidente del Govern balear Jaume Matas para que les sean formuladas a varios testigos que han sido citados a declarar mañana en Granada y el viernes en Valencia, en relación a los Illes Baleares Fórum de 2005 y 2006 que organizó el Instituto Nóos y por los que el Ejecutivo balear pagó 2,2 millones de euros.