Los 'indignados' brasileños arrancan algunas concesiones tras diez días de protestas

• Los ayuntamientos retiran su subida de tasas del transporte 
• El Parlamento pasa varias leyes contra la corrupción
• Se aprueba destinar recursos del petróleo a sanidad y educación

Manifestante en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de junio

Las protestas que han sacudido las principales ciudades de Brasil durante los últimos diez días surgieron como oposición a la subida del transporte (por lo que se la ha llamado la "revuelta de los 20 céntimos"), para después incluir todo tipo de reclamaciones, principalmente más gasto en servicios públicos.

Los manifestantes consiguieron su primer objetivo en ciudades como Sao Paulo y Río, y han provocado una reacción de las autoridades, que intentan aplacarles.

Estos son algunos de sus logros ya materializados, o de las promesas que los políticos se han visto obligados a hacer.

Transporte público

Las autoridades municipales de varias ciudades, incluyendo las metrópolis de Sao Paulo y Río, dieron marcha atrás en su anunciada subida de tarifas, el principal caballo de batalla del Movimiento Pase Libre, convocante original de las marchas.

También el poder central ha tomado cartas en el asunto. La presidenta, Dilma Rousseff ha prometido 50.000 millones de reales para inversiones en la red de transporte, y un comité del Senado ha reducido los impuestos sobre el servicio. La compañía nacional de transporte, ANTT, ha pospuesto un plan para subir el precio de los billetes de autobús interestatales e internacionales.

El ayuntamiento y el estado de Sao Paulo han ido más lejos. El primero ha prometido crear un consejo donde se sienten las autoridades, las empresas y los usuarios, para garantizar la transparencia. El segundo ha cancelado una subida prevista de los peajes en las autopistas.

Sanidad y Educación

"Más sanidad y educación, menos Copa del Mundo" ha sido uno de los lemas más vistos en los carteles. La Cámara Baja del Parlamento brasileño ha votado de urgencia una ley que destina el 75% de todos los ingresos por la explotación de nuevos campos petrolíferos para proyectos de educación, y el 25% restante para sanidad. La normativa dormía en un cajón del Congreso hasta que la protesta callejera la ha revivido.

Rousseff, por su parte, ha hablado de "importar" médicos extranjeros para destinarles a las áreas más remotas del país.

Corrupción

La corrupción ha sido otro de los problemas denunciados por los manifestantes. En la mente de los brasileños está el "caso mensalão", en el que 38 personas fueron juzgadas por desvío de dinero público, algunos de ellos altos cargos. 

También en este caso, los políticos han intentado hacer ver a la multitud que escucha sus gritos. El Senado ha aprovado una norma que endurece las penas y prohibe el indulto para casos de corrupción. La ley fue aprobada en 48 horas, después de llevar dos años en dique seco.

El Congreso, para no ser menos, ha acordado el fin del voto secreto cuando se discuta casos de malas prácticas de los aforados. Además, la cámara ha rechazado la conocida como PEC 37 (Propuesta de Enmienda Constitucional número 37), una reforma constitucional que habría reducido los poderes de investigación de la Fiscalía.

Coincidiendo con la ola de protestas, el Tribunal Suremo ha ordenado el arresto del diputado Natan Donadon, imputado por corrupción hace tres años.

Democracia participativa

Cuando la protesta cumplía una semana, Dilma Rousseff sorprendió a todos proponiendo un proceso constituyente para reformar el Estado.

Ante la oposición del resto de representantes políticos, la presidenta ha descafeinado su oferta inicial y ha prometido un referendum para preguntar a los brasileños sobre los cambios necesarios para hacer el sistema político más transparente y abierto a la participación del electorado.

Homosexualidad

Esta ha sido la última de las reivindicaciones que han aprovechado la marea ciudadana.

El Congreso sigue adelante con su propuesta para tratar la homosexualidad como una enfermedad. La ley para la "cura gay" será sometida a votación la próxima semana, pero la repulsa popular ha conseguido al menos que algunos diputados retiren su apoyo a la medida.