Almunia culpa a los gobiernos de Aznar y Zapatero del expediente de la UE al sector naval

• La Comisión Europea adoptará su decisión final el próximo 17 de julio
• Almunia propone que inversores y compradores devuelvan las ayudas
• Los trabajadores consideran que la medida sería mortal para el sector

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, responsabiliza al Gobierno de José María Aznar, en su segunda legislatura, y a los dos de José Luis Rodríguez Zapatero de que la UE abriera un expediente al sector naval que derive ahora en la devolución de casi 3.000 millones de euros.

A raíz de una denuncia holandesa, Almunia ha propuesto que se devuelvan las bonificaciones fiscales recibidas entre junio de 2005 y 2011 en el sector naval. Según la propuesta del comisario europeo -que se votará en el Colegio de comisario el próximo 17 de julio-, la devolución correría a cargo de los inversores que financiaron la construcción de buques (que se beneficiaron de esa bonificaciones fiscales) y los compradores de los barcos (que pagaron precios más bajos que los del mercado).

El vicepresidente de la Comisión Europea insiste en que los astilleros "no pueden ser obligados a devolver nada, no son quienes se han beneficiado de las ayudas recibidas" y afirma que deberá ser el Gobierno el que determine "quién se benefició y cuánto tiene que reembolsar".

En una entrevista publicada por el diario El Faro de Vigo, Almunia afirma que "hay una responsabilidad evidente de quienes en 2001 y 2002 no notificaron estas ayudas" -una referencia al Ejecutivo de José María Aznar- "y, a partir de 2001, cuando se aprobó el sistema, nunca se notificó" a la Comisión Europea, por lo que también apunta a los dos gobiernos de Rodríguez Zapatero.

"Un sistema no amparado por la UE"

Descarta que haya "inseguridad jurídica", porque ahora hay un sistema compatible, y explica que esa "inseguridad" sobre el anterior sistema concluyó en abril de 2005, cuando la Comisión Europea "fijó con claridad sus criterios". En España "lo que hubo fue una indeterminación de un sistema no amparado por la Comisión Europea y que ni siquiera le fue notificado".

El sector cree que la propuesta del comisario europeo de Competencia supondrá la muerte del sector. Además, la iniciativa ha provocado un rechazo unánime del Gobierno, las comunidades autónomas, los partidos políticos y los sindicatos, que tratarán de buscar un frente común a partir de este lunes para presionar a la Comisión Europea. El Partido Socialista de Galicia ha pedido la dimisión de Almunia.