Hacienda podrá intervenir a las CC.AA. si no pagan a los proveedores en 30 días

• La intervención será siete meses después del primer aviso a la comunidad
• El Gobierno aprobó el pasado viernes un nuevo plan de pago a  proveedores

El Ministerio de Hacienda podrá intervenir una comunidad  autónoma y suspender su competencia normativa sobre tributos cedidos  si incumple el pago a proveedores en los plazos legales de 30 días,  unas medidas que ya se prevén en la Ley de Estabilidad  Presupuestaria para quien incumpla la reducción del déficit y de la  deuda financiera.

Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro han  explicado esta posibilidad que contemplará la Ley de control de la  deuda comercial, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por  el Gobierno y que se espera que refrenden las Cortes a finales de  octubre. Ese caso extremo de intervención se producirá en cualquier  caso siete meses después del primer aviso a la comunidad y desde que  esta tome las primeras medidas de tesorería para evitar incumplir la  norma.

"Es una situación que esperemos que no llegue a producirse nunca,  pero debe estar en la norma para poder actuar. Son siete meses,  tiempo suficiente, y trabajaremos conjuntamente para no llegar a  esto", han explicado las mismas fuentes.

La norma prevé también  que la comunidad deba aprobar acuerdos de no disponibilidad de  créditos y constituir un depósito con intereses en el Banco de España  equivalente al 0,2% de su PIB nominal. Con esta norma, Hacienda pone la deuda comercial al mismo nivel  que la deuda financiera y el déficit, con un sistema automático y  progresivo de medidas de control.

Desde el Ministerio se ha asegurado  sin embargo que se prevén también medidas para evitar llegar a ese  extremo, al igual que está ocurriendo con la Ley de Estabilidad,  cuyas peores consecuencias no han llegado a aplicarse.

El objetivo principal de la Ley de control de la deuda comercial  es que todas las administraciones públicas cumplan la normativa sobre  morosidad, paguen sus facturas en 30 días y en el futuro no generen  facturas que no puedan pagar.

Nuevo plan de pago a proveedores

El Gobierno aprobó el pasado viernes un nuevo plan de pago a  proveedores para comunidades y entidades locales con este objetivo de  poner el 'contador' de las facturas a cero. Las fuentes de Hacienda  han asegurado este lunes que cuenta con dos fases y que la  segunda será activada por la Comisión Delegada para Asuntos  Económicos  cuando la situación de los mercados lo permita, puesto  que el Tesoro tiene que acudir a los mercados para financiar estos planes.

Esa segunda fase, si se llega a activar, se dedicará a pagar  contratos de obras, arrendamientos de bienes inmuebles, agua,  energía, transportes, servicios postales o indemnizaciones por  expropiaciones.

Antes, la primera fase del plan prevé el  pago de deudas con el llamado tercer sector: sanitario, educativo y  servicios sociales. También, transferencias a asociaciones sin ánimo  de lucro, subvenciones por I+D+i, transferencias a entidades locales  y proveedores de universidades.

Ahora comienzan los trámites para que lleguen a cobrar los  proveedores de comunidades y de ayuntamientos que pueden beneficiarse  de este nuevo plan. Desde Hacienda se espera que a finales de  octubre, se empiecen a cobrar las primeras deudas. En total, unos  3.000 millones de euros.

En el caso de las entidades locales, podrán incluir en este plan  las deudas por sentencias firmes de procedimientos de expropiación  (unos 316 millones) y las correspondientes a entidades sin ánimo de  lucro (332 millones). Las obligaciones de pago deberán tener como  fecha límite el 31 de diciembre de 2012 y se estima que unos 5.500  ayuntamientos podrían tener en esa fecha alguna deuda con entidades  sin ánimo de lucro.

El Gobierno ayudará a los ayuntamientos con problemas financieros

Por otra parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha señalado que, una vez habilitadas las medidas de ayuda extraordinarias, el Gobierno está "esperando" a que los 518 ayuntamientos con problemas financieros las soliciten para poder concedérselas.

Beteta se ha pronunciado así, durante la firma de un convenio de colaboración sobre registro virtual con la Diputación de Toledo, a preguntas de los periodistas sobre las medidas planteadas por el Ejecutivo para atender a los más de 500 consistorios que tienen problemas financieros, 94 de ellos de Castilla-La Mancha.

El secretario de Estado no ha querido detallar los nombres de los municipios afectados, pues "el mero hecho de figurar en una lista de esa naturaleza dificultaría de modo grave sus relaciones con el mundo financiero". Y ha apuntado que, una vez establecidas las medidas de ayuda y haber analizado este hecho con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), "ahora han de ser los ayuntamientos los que han de solicitar su inclusión y el apoyo del Gobierno de España".

"Y una vez así, haremos pública la resolución", ha afirmado Beteta, quien ha explicado que el Gobierno estudiará cada caso y si es conveniente se aplicará al ayuntamiento con dificultades económicas la "doble actuación prevista: el apoyo financiero y el plan extraordinario de ajuste", establecido por real decreto el pasado junio.