La juez Alaya amplía el periodo de investigación de los ERE a 1999

• Un periodo "para mayor claridad en los trabajos de investigación".
• La magistrada pide más documentación a la Junta.

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto en el que amplía hasta 1999, el periodo de investigación. En él, solicita más documentación a la Junta y pide al Ministerio de Trabajo que informe sobre varios aspectos de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados.

Alaya relata que se amplía el periodo de investigación inicialmente acotado entre el año 2000 y 2010 "para mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus antecedentes". La juez quiere que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social informe sobre si las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE, "están o no incluidas en el ámbito laboral, cuya legislación es competencia exclusiva del Estado".

Aunque en un principio acordó investigar las subvenciones y ayudas concedidas por la Consejería de Empleo en virtud al acuerdo marco de 17 de julio de 2001, se han derivado "nuevos datos relacionados con otras posibles subvenciones otorgadas por la Junta y el IFA con anterioridad al periodo inicialmente investigado".

La procedencia de las ayudas

Alaya pide al Ministerio que se pronuncie sobre la procedencia de que la Junta estableciera un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por los ERE. Además quiere que informe sobre si el establecimiento de dichas ayudas afecta y en qué modo a la legislación que en exclusiva compete al Estado.

En su auto, la magistrada reclama que se aporte la posible participación de los servicios del Ministerio en esas ayudas y la documentación de los créditos autorizados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2001 y sucesivos, a favor de la Consejería de Empleo para subvenciones en el ámbito laboral.

La magistrada le pide a la Junta el expediente completo de la generación de un crédito por importe de 20 millones de euros firmado por el director general de Presupuestos el 21 de noviembre de 2010. Además, le solicita la rectificación de la transferencia de crédito por valor de otros 20 millones de euros aprobada por el Consejo de Gobierno del 26 de octubre de 2010.

Alaya, por último, reclama a la Junta el informe que se hubiera emitido por el gabinete jurídico en relación con el decreto-ley 4/2012 de 16 de octubre, de "medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis".