El TSJCV sentará en el banquillo a tres ex altos cargos del Gobierno de Camps por Gürtel

• Contra dos exconselleras de Turismo y jefe de gabinete, además de otros 10
• El instructor deja fuera de la vista oral al exvicepresidente Vicente Rambla
• Considera que los indicios en su contra no son los "suficientemente sólidos"
• Se investiga las contrataciones de la Generalitat para Fitur entre 2005 y 2009

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha abierto de juicio oral contra las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such y contra al exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret.

Los tres ex altos cargos del Gobierno de Francisco Camps se sentarán en el banquillo de los acusados por el presunto amaño en la concesión a empresas de la trama Gürtel del 'stand' de la comunidad en la feria de turismo Fitur.

El instructor de la causa, el magistrado del TSJCV José Francisco Ceres, ha decidido sin embargo dejar fuera de la vista oral al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.

El antiguo 'número dos' de Camps no ha sido acusado por la Fiscalía y el magistrado valenciano entiende que los indicios acumulados en su contra no son los "suficientemente sólidos" como para llevarle a juicio, según se explica en el auto.

También se ha dictado apertura de juicio oral contra varios empleados de la Agencia Valenciana de Turismo, entre ellos Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau.

También se sentarán en el banquillo de los acusados Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama de captación de fondos públicos del caso Gürtel; su 'delegado' en Valencia, Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'; el supuesto 'número dos' de la trama, Pablo Crespo; y los empleados 'Orange Market' Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.

Prevaricación y malversación

El juicio oral se abre por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, enriquecimiento injusto, falsedad en documento oficial, cohecho pasivo, cohecho activo, tráfico de influencias,  prevaricación administrativa, uso de información privilegiada e infidelidad en la custodia de documentos.

Esta causa, que es una pieza separada del sumario que investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano a través de la 'Gürtel', queda por lo tanto pendiente de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV fije una fecha para la celebración del juicio.

Inicialmente, el auto de procesamiento también se dirigía contra el exvicepresidente del Consejo Vicente Rambla, pero finalmente, y tras solicitarlo el ministerio fiscal, el juez ha decidido dejarlo fuera de la pieza al no tener constancia de que intercediera para facilitar contratos a empresas de la trama. 

Al respecto, el magistrado afirma que ha quedado acreditado que Rambla mantenía una "estrecha" relación personal de "amistad" y de "confianza" con Alvaro Pérez, al que también conocía porque Orange Market realizaba los actos del PPCV. 

Fruto de esta relación recibió a principios de 2009, en Navidad, un bolso de una marca conocida de algo más de 200 euros para su esposa; un despertador; un cargador de móvil; una cadena pequeña; y una figura de un payaso. 

"No consta" que Rambla intercediera

Sin embargo, no consta que Rambla intercediera ante las diferentes autoridades y empleados públicos de la AVT para que se facilitara o concediera la adjudicación de las ferias de Fitur objeto de investigación y, singularmente, las correspondientes a los años 2008 y 2009 a la mercantil Orange Market. Por ello, lo exime del juicio. 

Junto a Rambla, el juez también decide dejar fuera de la causa la acusación contra Such de haber recibido un regalo de la trama. Así, se enfrentará al juicio oral por el delito continuado de prevaricación, pero no por el de tráfico de influencias y de cohecho pasivo, según consta en el auto facilitado por el tribunal valenciano. 

Orange Market, según se recuerda en el auto, estaba liderada y gestionada por Francisco Correa, y tenía un importante poder de decisión en la misma Pablo Crespo, seguido de Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'. 

Principalmente se dedicaban a organizar actos del PP a nivel nacional, pero al disminuir los encargos, decidieron crear Orange Market en Valencia, "dadas las buenas relaciones existentes entre sus gestores con algunos dirigentes del PPCV y de la Generalitat". 

Entre otros nombra al exvicepresidente Víctor Campos; al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa y al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. 

El objetivo de estos empresarios era la adjudicación de las ferias de Fitur, por lo que en verano de 2004 desplegaron una primera influencia sobre las máximas autoridades y empleados públicos de la AVT, y persuadieron a empleados de rango inferior. 

Así, consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consejera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el almuerzo Ifema, otras cuatro ferias más -TCV Valecia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid-; Exporural; y adjudicaciones de las Consejerías de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos stands en Fitur 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market. 

Para conseguir las adjudicaciones, los empresarios elaboraron un borrador de criterios de adjudicación de unos pliegos de contratación que pudieran resultarles favorables, destacando el tratar de reducir la valoración económica y aumentar los criterios subejtivos. Y así se fue haciendo año tras año.  

Responsabilidades pecunarias

En el auto, el juez también ordena crear una pieza de responsabilidades pecuniarias para que diferentes imputados aporten la cantidad reclamada en el plazo de 10 días. 

En concreto, la cuantía más alta solicitada es para Milagrosa Martínez, a quien pide 636.500 euros; seguida de Correa, Crespo y Pérez (651.500 euros); Betoret (645.000 euros); Vidal (540.000); Jordán (440.000); Herrero (336.500 euros); Magariños (330.000); Guarro (230.000); y Grau (137.000 euros). 

En este caso figuran como acusaciones el ministerio fiscal y el PSPV -como acusación popular-. El primero pide para Martínez 11 años de prisión y 34 de inhabilitación y para Such otros nueve años de inhabilitación; mientras que los socialistas reclaman para Martínez 11 años de prisión y cuatro para Such.