CC.OO. y UGT piden al Gobierno que actúe para salvar los convenios de 1,8 millones de empleados

• Estos trabajadores verán cómo su convenio ya no está vigente el 8 de julio
• El acuerdo entre patronal y sindicatos no prorrogaba su vigencia automática
• CC.OO. y UGT instan a las empresas a seguir negociando los convenios
• Prevén el colapso de los juzgados de lo social si decaen los convenios
• Responsabilizan al Gobierno de la conflictividad que surgirá en las empresas

Los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, han lanzado este miércoles en rueda de prensa una "llamada" al Gobierno para que "replantee" el límite de un año dado en la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios colectivos (la conocida como 'ultraactividad') ante el riesgo de que el próximo 8 de julio decaigan 1.324 convenios colectivos pendientes de renovación y denunciados, que afectan a 1,8 millones de trabajadores.

Sindicatos y patronal anunciaron la firma el pasado mes de mayo de un acuerdo para impedir que los 1.682 convenios denunciados, y que afectaban a 3.548.098 trabajadores, perdieran su vigencia el 8 de julio, convenios denunciados entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012.

Sin embargo, fuentes sindicales han asegurado a RTVE.es que el pacto de mayo eran "recomendaciones de obligado cumplimiento" para empresas y trabajadores, pero no un pacto que mantenía la ultraactividad del convenio mientras éste se seguía negociando.

Ese acuerdo, según las mismas fuentes sindicales, ha impulsado la firma de 277 convenios que afectan a 1.623.607 trabajadores (incluidos preacuerdos y prórrogas), pero a 3 de julio existen esos 1.324 convenios pendientes de firma, que afectan a 1,8 millones de trabajadores, que perderán su vigencia en cinco días. De ellos 953 son del ámbito privado (y regulan las condiciones de 1.734.263 asalariados) y 371 del público (para 148.076 personas).

"Vamos a plantear al Gobierno que haga este ejercicio si no quiere ser responsable de la conflictividad que se va a producir en las empresas, con la consecuencias que tendrá sobre la competitividad, ha advertido Ferrer, para añadir que, de cara al 8 de julio, el Gobierno "tiene mucho que decir" puesto que la litigiosidad será consecuencia de su reforma laboral.

Analizar los convenios que decaigan

En la rueda de prensa, los representantes sindicales han asegurado que el pacto de mayo obligaba a ambas partes a que, donde sea posible, se pactara una prórroga de la negociación a partir del 8 de julio. Y han puesto el ejemplo de las autoescuelas, que se han dado de plazo para seguir negociando hasta el 31 de julio. En el caso de que sea imposible esa prórroga, las partes se obligan a recurrir a organismos de mediación y arbitraje.

Górriz y Nadal han precisado sin embargo que, en el caso de los convenios que finalmente se dejen decaer, analizarán si tenían estipulado que deberán seguir en vigor hasta que haya otro. Si no es así han indicado que la norma establece que, si el convenio vence, se pasa al contrato individual y es algo que van a exigir.

Esto supone que se ha de respetar lo pactado en el contrato con el trabajador, lo que evita, a juicio de los sindicatos, que el empresario pueda aplicar lo que fija un convenio de ámbito superior o si no existiese el Estatuto de los Trabajadores, que abre la posibilidad a que el salario de referencia sea el mínimo interprofesional. Sobre este punto Górriz ha considerado que nadie va a permitir el que se le pase de un salario de 1.300 euros al mínimo, de 645 euros.

Colapso judicial si no hay acuerdos

Los sindicatos han indicado que el 8 de julio "no es el final de nada", y que se trata de un "punto y seguido", ya que la negociación colectiva va a continuar. "De aquí al sábado habrá un sprint de negociación", ha afirmado Toni Ferrer.

No obstante, han emplazado a los trabajadores cuyo convenio pueda decaer a que acudan a los servicios jurídicos de ambos sindicatos, que, han reiterado, van a mantener la presión hasta que haya negociación colectiva en esas empresas.

Los sindicatos han acusado, por ejemplo, al sector del transporte y la patronal guipuzcoana ADEGUI de no querer negociar, por lo que les han advertido de que, si dejan que sus convenios decaigan, primero tiene que notificarlo a la autoridad laboral, a Hacienda y la Seguridad Social; y segundo serán denunciadas ante los tribunales de los social por conflicto colectivo. Por eso el representante de CC.OO. ha avanzado que se va a producir una situación muy conflictiva y se van a colapsar los juzgados de lo Social.

Górriz también ha argumentado que, en el caso de que decaigan convenios a partir de esa fecha, la jurisprudencia avala que los derechos adquiridos de los trabajadores en los convenios pasarán a estar contractualizados a título individual y que la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impone el derecho a negociar de buena fe.

Los convenios y trabajadores afectados, en cifras

Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre  el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado  1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que a día de  hoy solo 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a 1,8 millones de trabajadores, con lo que  el 53% de los trabajadores estimados mantienen la incertidumbre sobre  el futuro de sus derechos laborales.

De los convenios pendientes, la mayor parte corresponden al ámbito  privado, con 953 (1,7 millones de trabajadores) y corresponden a  sectores como los de aguas, consultoras, curtidos o elaboración de  productos cocinados. En el ámbito público, aún permanecen abiertos  371 convenios (148.076 trabajadores), en su mayor parte  pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades  públicas como Paradores y astilleros.

Por otro lado, los sindicatos también apuntan que la mayor parte  de estos convenios pendientes son de empresa (1.098, que afectan a  273.239 trabajadores), si bien el núcleo de trabajadores se encuentra  en los convenios sectoriales sin firma (226, que afectan a 1,6  millones de trabajadores).

Al margen de 81 convenios que han decaído por extinción de la  empresa o incorporación a un ámbito superior, se han firmado 277, que  afectan a 1,62 millones de trabajadores.