Las comunidades deberán acreditar cada mes gastos en dependencia para cobrar
- Deberán aportar alrededor de 70 datos sobre los beneficiarios.
- Una media de 70 personas son expulsadas diariamente de estos beneficios.
- El PSOE acusa al Gobierno de "ocultar" datos.
- CC.OO y UGT consideran que no abordan los verdaderos problemas de la ley.
Las comunidades autónomas deberán acreditar cada mes en qué gastan el dinero que les da el Estado para desarrollar la ley de dependencia para continuar cobrando esa cantidad, según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este asunto será abordado el próximo jueves en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que reunirá a los consejeros autonómicos del ramo y a la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Las fuentes han explicado que lo que se pretende con que las autonomías justifiquen el dinero que reciben para la dependencia es una "mayor claridad" después de que el Tribunal de Cuentas detectara irregularidades en miles de expedientes de beneficiarios.
Para llevar a cabo este control, las autonomías, a través de la consejería correspondiente, deberán aportar alrededor de 70 datos exhaustivos sobe los beneficiarios tales como el grado de dependencia, la fecha de concesión de la prestación, el tipo de servicio que recibe, entre otros.
Las fuentes han asegurado que en lo que va de año el Gobierno ha pagado ya a las comunidades autónomas 632 millones de euros.
En la reunión, la ministra y las comunidades también abordarán el nuevo sistema de subvenciones sociales, el plan de atención a menores de tres años con graves discapacidades, así como la futura ley general de discapacidad.
70 personas “expulsadas” diariamente del SAAD
Una media de 70 beneficiarios de la Ley de Dependencia son "expulsadas" diariamente del Sistema de Atención a la Dependencia, según ha indicado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del XI Informe del Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre de 2013. Este informe revela que 748.000 personas dependientes reciben atención, 20.605 menos que hace un año.
Además, Ramírez ha pedido al Ministerio de Sanidad que "no alardee" de haber reducido la lista de espera del Sistema de Dependencia, que ha pasado de 305.941 a 1 de enero de 2012 a 213.824 a 31 de mayo de 2013, ya que, según ha apuntado, este descenso no se debe a que se haya atendido a las personas que estaban en espera.
Ha denunciado que esta reducción es consecuencia de: "impedir que nuevos dependientes accedan al sistema", como es el caso de 39.501 personas; y de los fallecimientos y de las revisiones "a la baja" del Grado de la dependencia, caso de más de 50.000 personas.
Además, ha explicado que, si el Gobierno hubiera invertido en Dependencia los 449 millones de euros en recortes, "más de 190 millones de euros hubieran retornado a las arcas públicas en virtud de impuestos directos --IRPF, Seguridad Social e IVA--, hubiera evitado el despido de 2.000 personas y hubiera ahorrado 16 millones de euros al Estado en prestaciones".
A su juicio, el Gobierno quiere convertir un sistema de protección social de carácter universal en "un subproducto financiero de aseguradoras". Finalmente, sobre el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia que tendrá lugar este jueves, ha indicado que se espera "lo peor" teniendo en cuenta que en anteriores consejos se han aprobado medidas peores de las que se esperaban.
Los socialistas acusan al Gobierno de "maquillar" y "ocultar" datos
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso en materia de Asuntos Sociales, Rosa Aguilar, ha acusado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de "maquillar" y "ocultar" datos de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Según un informe presentado este miércoles por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha retrocedido a niveles de 2009.
"El Gobierno está maquillando y ocultando los datos para no decir la verdad. Mientras dice que baja la lista de espera, lo que tendría que causarle vergüenza política decir, lo que se constata con los datos es que esa lista baja porque hay personas que se están muriendo y no hay tasas de reposición y porque hay personas a la que les están revisando el grado de dependencia y las están expulsando", ha declarado a Europa Press.
Para Aguilar, "la ley tiene los días contados como consecuencia de las políticas del PP". "No creyeron nunca en la ley y en el momento en que llegaron al gobierno empezaron a desmantelarla paso a paso y ahora lo que están haciendo es enterrarla con un recorte que cada vez lo pone más difícil a las personas que necesitan más", ha añadido.
CCOO y UGT denuncian "opacidad" por parte del Gobierno
Los sindicatos de CC.OO y UGT denuncian "opacidad" por parte del Gobierno en el Sistema de Atención a la Dependencia y consideran que la propuesta de evaluación anual correspondiente al ejercicio 2012 presentada este miércoles en la reunión del Pleno del Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la dependencia supone "una apología a los logros obtenidos a través de las últimas reformas del sistema".
De esta forma, según critican UGT y CCOO, el Ejecutivo "justifica" los recortes económicos "lejos de reflejar la merma en la protección de las personas dependientes y en la calidad del sistema, de analizar la situación en que se encuentra el SAAD, y las consecuencias que han tenido estas decisiones políticas".
Además, denuncian que el Gobierno "se limita a efectuar, como en la anterior evaluación, cruces estadísticos que tan sólo suponen un sumatorio de los datos que publica mensualmente el propio Imserso, sin que se efectúe ninguna valoración, conclusión o propuesta de mejora para conseguir su excelencia, la cobertura universal de todas las personas dependientes y su sostenibilidad".
Por todo ello, consideran que esta evaluación es "una oportunidad perdida para abordar los verdaderos problemas del Sistema de Dependencia" que, a su juicio, son la reducción de la financiación y la reducción de la protección social.