La Intervención alertó a la número dos de Hacienda verbalmente de la ilegalidad de los ERE

• El interventor trasladó las advertencias en reuniones con la viceconsejera
• Así lo declaró su entonces adjunta a la Guardia Civil, según la UCO
• Los consejeros de Hacienda podían haber llevado el asunto a Consejo

La juez Alaya interroga al abogado Carlos Leal, acusado de 7 delitos relacionados con los ERE

La interventora adjunta de la Junta de Andalucía entre 2005 y 2010, Teresa Arrieta, declaró hace un año ante la Guardia Civil que su jefe, Manuel Gómez Martínez, alertó verbalmente a la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera, de que se estaban dando las ayudas del caso de los ERE de forma irregular.

Así aparece reflejado en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), al que ha tenido acceso TVE, y que ha dado lugar a la imputación de 20 altos y ex altos cargos del Gobierno anzaluz, entre ellos, el propio Gómez Martínez, y la exministra y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

En su declaración, Arrieta también señala que "el único" que podía hacer cumplir y elevar al Consejo de Gobierno de la Junta las recomendaciones de la intervención, que se reflejaron en hasta 15 informes y de forma verbal,  "sería el titular de la Consejería de Economía y Hacienda".

La propia Arrieta puntualiza en un correo electrónico y en un escrito posterior que el reglamento de intervención "no impone ninguna obligación procedimental al consejero de Hacienda de elevar un informe de control financiero al Consejo de Gobierno". Su artículo 57 solo señala que "si lo cree conveniente" puede someter el informe de la Intervención a este órgano "para la adopción de las medidas que sean necesarias".

En la época investigada por la juez Mercedes Alaya los responsables de Economía y Hacienda fueron Magdalena Álvarez (1994-2004) y José Antonio Griñán (2004-2009), quien ha asegurado este jueves que la interventora adjunta "se contradice  permanentemente". Entre ambos ocupó el cargo unos meses José Salgueiro, imputado junto a Álvarez esta semana.

Martínez Aguayo, en su momento, aseguró que le llegaron los informes, pero negó que se los hubiera pasado a Griñán, según informa TVE.

La Guardia Civil preguntó a la interventora adjunta si le constaba si el entonces interventor despachaba con los responsables de la Consejería de Economía y Hacienda sobre las deficiencias detectadas y reflejadas en los informes anuales que se hacían sobre la Agencia IFA/IDEA, que era la que daba las subvenciones.

Teresa Arrieta señaló que "estos hechos (uso irregular de la Transferencia Financiera, falta de procedimiento, etc...) fueron despachados" por Gómez Martínez con la número dos de Hacienda. Explicó que ella no estuvo presente en estos encuentros, pero que así se lo dijo su jefe.

La Intervención puso en duda la utilización de las transferencias financieras para dotar de dinero el fondo del que salían los ERE porque esta figura no permitía su fiscalización. La juez Mercedes Alaya quiere saber hasta qué punto esto se permitió por parte de las personas imputadas en su último auto, conocido este martes.

"Déficit presupuestario y falta de control"

La número dos de la Intervención, Teresa Arrieta, explicó a la Guardia Civil que tanto a ella como a Gómez Martínez "les preocupaba que se usaran para el pago de subvenciones y que a pesar del reflejo en los informes no se hacía nada para subsanar esta situación al estar previsto su uso en las leyes de presupuestos".

Según recoge el informe de la UCO, "consideraban y les preocupaba que era una forma de evadir el control de la subvención" y que tuvo las siguientes consecuencias: "pagar subvenciones sin procedimiento, la existencia de un déficit presupuestario y la elusión del control de la Intervención".

En 2003 se hizo un informe adicional, explica Arrieta, para que la Consejería de Empleo y Hacienda tuvieran conocimiento de las irregularidades. En él se evidenciaba que las subvenciones dadas "eran nulas de pleno derecho y adolecían de procedimiento, siendo responsabilidad de la Consejería que las había concedido su anulación".

La interventora adjunta asegura que "ahora sabe que el uso de las transferencias financieras" se hizo para "eludir la fiscalización previa" de la intervención de la propia Consejería de Empleo para la que estas ayudas eran "opacas".

Señala que el procedimiento se inició en 2001 y que "con la información de la que dispone actualmente" cree que se hizo para reducir las posibilidades de control y que el "detonante fue el reparo" del interventor de la Consejería a la ayuda a la empresa HAMSA.