El juez Ruz pregunta a la Fiscalía si debe citar a Aguirre a declarar por los contratos con Gürtel

• El instructor esperará a Anticorrupción para decidir si la cita como testigo
• Más de un centenar de adjudicaciones de la Comunidad se fraccionaron

Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid

El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la pertinencia de citar a declarar como testigo a la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, por los contratos presuntamente irregulares del Gobierno regional con empresas de la trama de corrupción.

Ruz está a la espera de recibir el informe de Anticorrupción para decidir si llama o no a declarar a Aguirre en el marco del caso Gürtel, según han explicado fuentes jurídicas consultadas por Servimedia.

El instructor de la Audiencia Nacional acusa a la Comunidad de Madrid de "ocultar la reiterada e incorrecta adjudicación de eventos" a sociedades de la  red Gürtel así como de "facilitar el fraccionamiento de los contratos".

La petición de interrogatorio a Aguirre fue formulada la semana pasada por la representación procesal del PSM a raíz del informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Fraccionamiento de los contratos

Este organismo, tras analizar 686 adjudicaciones de la Comunidad de Madrid por un importe total de 6.484.080 euros, determinó que en 104 casos se realizó un fraccionamiento de los contratos para que no superasen los 12.020 euros -límite legal- y no tener que sacarlos a concurso.

Entre las adjudicaciones investigadas, se encuentra contratos para actos como el primer aniversario del 11M, la visita de Bill Gates en noviembre de 2004, la firma de un convenio con el Real Madrid, la realización de un vídeo de Esperanza Aguirre y un cuadro de Alberto Ruiz-Gallardón.

El juez, en un auto dictado el pasado 30 de mayo, señaló que en el centro de esta trama de contratos irregulares estaría el imputado Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Ruz sostiene que desde el entorno de Correa "se habrían efectuado cuantiosos pagos" a López Viejo "como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid".

El PSOE asegura que Aguirre "debía tener conocimiento directo"

El escrito del PSM, al que ha tenido acceso Servimedia, destaca que en octubre de 2009, tras la dimisión de López Viejo, Aguirre hizo unas declaraciones públicas en las que decía haber dado instrucciones para que no se volviese a contratar con las empresas de Correa.

"En 2005 le di instrucciones clarísimas, ante la aparición de unas denuncias relativas a Easy Concept, de no contratar ninguno de mis actos con esa empresa", dijo la entonces presidenta regional.

El escrito señala que de estas declaraciones se desprende que Aguirre "debía tener conocimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus actos".

La solicitud asegura además que "todos los funcionarios" que han declarado ante el magistrado por estos hechos han coincidido en señalar que "la práctica totalidad de los actos cuyo pago se tramitó a través de fraccionamiento de contratos corresponden a actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Hace en este sentido especial referencia a la declaración prestada el pasado 20 de junio por Carmen García Expósito, antigua jefa de la Secretaría de Alberto López Viejo cuando este ocupó el cargo de viceconsejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y quien dijo que el imputado se encargaba de las contrataciones de cualquiera de las consejerías.

El PP de Madrid remite a la dirección nacional el caso de Rodríguez Flores

Por su parte, el Comité de Garantías del PP de Madrid elevará este mes a la dirección nacional del partido el asunto de la diputada Carmen Rodríguez Flores que, según informaciones del diario El Mundo, recibió tres naves industriales en Málaga del constructor José Luis Sánchez Domínguez (Sando), imputado en el caso Bárcenas.

El Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid remitirá este caso a Génova tras acordar el pasado miércoles en una reunión que no era competente para tratar el tema, al ser Flores una diputada nacional.

Las informaciones periodísticas sobre Flores se trataron en el turno de ruegos y preguntas de la última reunión del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid, ya que no estaban en el orden del día de la reunión.

Según fuentes del PP de Madrid, es previsible que la decisión de elevar el caso a la dirección nacional se produzca en la próxima reunión del Comité de Garantías del PP de Madrid, dentro de este mes de julio.

Este miércoles, Rodríguez Flores aseguró que nunca ha usado sociedades "como medio de ocultación" de su patrimonio, que es "absolutamente falso" que haya recibido a título gratuito bien alguno del empresario José Luis Sánchez Domínguez y que todos sus inmuebles figuran a su nombre.