Las comunidades deben a las universidades más de mil millones de euros

• Andalucía, Cataluña y Valencia, las que más deben a sus universidades
• Las comunidades deben otros 797 millones de euros a las farmacias

Las comunidades autónomas deben a las universidades públicas españolas un total de 1.061.177,5 millones de euros, mientras que a las farmacias un total de 797,82 millones de euros, según se desprende de la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

Este documento busca poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el periodo medio de pagos.

Así, en materia de universidades,  la comunidad autónoma que mayor deuda concentra es Andalucía, con 500 millones de euros, seguida de Cataluña, con 226,3 millones de euros, y Valencia, con otros 208,69 millones.

Por el contrario, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas con las universidades públicas en su ámbito competencial.

Valencia concentra el mayor número de facturas pendientes a farmacias

En el caso de las farmacias, la mayor concentración de facturas pendientes de pago se sitúa en Valencia, con 191,72 millones; seguido de Cataluña (169,95 millones), Murcia (125,36 millones) y País Vasco, con 123,22 millones.

En este caso, Asturias y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas que no tienen pendiente de pago ninguna factura a sus farmacias. 

Estas facturas son susceptibles de ser incluidas en la "tercera y última" fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos que, según el Gobierno, requerirá como máximo de 19.350 millones de euros que, en cualquier caso, "no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público" porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera. 

Este decreto busca dar una solución extraordinaria, temporal y urgente al problema de la morosidad de las administraciones públicas, erradicándolo para poder evitar los problemas de liquidez de las empresas.